Hace diez años que ha tomado todas las instituciones
En Lima, el candidato izquierdista Roberto Sánchez compareció ante la prensa internacional no para reconocer una posible derrota, sino para plantear una pregunta más antigua: ¿puede perderse una elección ante quien, según él, ya gobierna desde hace una década? Con apenas 41.633 votos de diferencia y 60.000 aún por contar, Sánchez acusa a Keiko Fujimori de haber capturado las instituciones del Estado peruano y anuncia impugnaciones que, de prosperar, invertirían el resultado. La disputa trasciende los números: es un debate sobre la naturaleza misma del poder en un país que ha visto ocho presidentes en diez años.
- Con el 99,68% del escrutinio, Fujimori lidera por apenas 41.633 votos —un margen tan estrecho que los 60.000 sufragios pendientes mantienen el resultado en suspenso.
- Sánchez no espera el conteo final en silencio: denuncia que el proceso fue asimétrico y anuncia la impugnación de los votos emitidos en el extranjero, argumentando irregularidades en la cadena de custodia de las actas.
- Si la impugnación prospera, el mapa se voltea: Sánchez sería el ganador en territorio nacional con 50,11% frente a 49,89% de Fujimori.
- Más allá del litigio electoral, Sánchez lanza una acusación estructural: Fujimori habría 'gobernado' Perú durante diez años capturando instituciones, persiguiendo jueces y silenciando periodistas, heredando el autoritarismo de su padre.
- Su partido obtuvo 14 senadores y 32 diputados, una bancada que Sánchez presenta como garantía de que la resistencia política continuará independientemente del resultado final.
Roberto Sánchez se presentó ante corresponsales extranjeros en Lima con un mensaje que mezclaba acusación y advertencia: no vino a conceder derrota, sino a argumentar que Perú ya la había sufrido hace una década. Para Sánchez, Keiko Fujimori no es simplemente una rival electoral; es alguien que, a su juicio, lleva diez años ejerciendo el poder real al haber capturado todas las instituciones del Estado. La acusación apunta a una herencia autoritaria —su padre fue el expresidente Alberto Fujimori— que se traduciría en la persecución de jueces, el silenciamiento de periodistas y la erosión de derechos humanos.
El escenario electoral es de extrema tensión. Con el 99,68% del escrutinio completado, Fujimori encabeza el conteo con 50,11% frente a 49,88% de Sánchez, separados por apenas 41.633 votos cuando aún restan unos 60.000 por procesar. Sánchez, quien postula en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo, no acepta ese panorama como definitivo: anuncia la impugnación de la votación en el extranjero, alegando que se modificó injustificadamente el método de escrutinio para esta segunda vuelta, comprometiendo la cadena de custodia de las actas. Si esa impugnación prospera, el resultado se invierte y Sánchez resultaría ganador en el territorio nacional.
Detrás de los números late una narrativa más amplia. Sánchez atribuye la sucesión de ocho presidentes en diez años no al caos político sino a una captura sistemática del sistema de justicia. Su partido, con 14 senadores y 32 diputados electos, le ofrece una plataforma desde la cual sostiene que seguirá dando respuesta política aunque pierda la presidencia. Lo que está verdaderamente en disputa, concluye Sánchez, no es solo quién gobernará los próximos años, sino quién controla realmente el Estado peruano —y su tesis es que esa pregunta ya tiene respuesta desde hace una década.
Roberto Sánchez se presentó ante corresponsales extranjeros en Lima el sábado pasado con un mensaje que combinaba acusación política y advertencia democrática. El candidato de izquierda, quien enfrenta una segunda vuelta electoral contra Keiko Fujimori y podría perder, no vino a conceder derrota. Vino a argumentar que ya ha perdido hace una década.
Según Sánchez, Fujimori no es simplemente una rival electoral sino alguien que ya ejerce el poder en Perú desde hace diez años, habiendo capturado todas las instituciones del Estado. La acusación va más allá de la política ordinaria: Sánchez sostiene que Fujimori proviene de una tradición autoritaria —su padre fue el expresidente Alberto Fujimori— y que esa herencia se traduce en visiones de gobierno que erosionan derechos humanos, persiguen jueces y fiscales, y silencian periodistas y líderes sociales. Para Sánchez, no se trata de un debate sobre políticas económicas sino sobre la naturaleza misma del poder que Fujimori representa.
El contexto electoral es ajustado. Con el 99,68% del escrutinio completado, Fujimori lleva 50,11% de los votos válidos frente a 49,88% de Sánchez, una diferencia de apenas 41.633 votos cuando aún restan aproximadamente 60.000 por contar. Sánchez postula en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo, quien gobernó entre 2021 y 2022, y su partido, Juntos por el Perú, obtuvo 14 senadores y 32 diputados en la elección legislativa para el período 2026-2031. Esa bancada parlamentaria, subraya Sánchez, le permitirá mantener vigente su derecho a ejercer ciudadanía y dar respuesta política y social a un eventual gobierno Fujimori.
Pero Sánchez no se conforma con la campaña electoral tal como ha transcurrido. Denuncia que el proceso ha sido asimétrico en su perjuicio y anuncia que solicitará la anulación de la votación de peruanos en el extranjero. Su argumento es que se modificó injustificadamente la forma de escrutinio para esta segunda vuelta, requiriendo que las actas del exterior se enviaran físicamente a Lima sin, a su juicio, la debida cadena de custodia. Si esa impugnación prospera, el panorama se invierte: Sánchez resultaría ganador en el territorio nacional con 50,11% de los sufragios válidos frente a 49,89% de Fujimori, una diferencia de 41.133 votos.
La acusación de Sánchez sobre el control institucional de Fujimori se ancla en una realidad política peruana convulsa. El país ha tenido ocho presidentes en diez años, una sucesión de destituciones presidenciales que Sánchez atribuye directamente a Fujimori. Esa inestabilidad, en su narrativa, no es caos accidental sino resultado de una captura del sistema de justicia por fuerzas autoritarias. Sánchez insiste en que su partido rechaza esa visión autoritaria de la política y que, aunque la campaña ha sido desigual, no bajará la bandera ni dejará de luchar dentro del marco de sus derechos democráticos.
Lo que está en juego en esta segunda vuelta, entonces, no es solo quién gobierna los próximos años sino quién controla realmente el Estado. Para Sánchez, Fujimori ya lo hace. Su tarea ahora es convencer a suficientes peruanos de que esa verdad es tan inobjetable como él la describe, y que vale la pena impugnar los resultados electorales si es necesario para evitar que esa captura se consolide aún más.
Citações Notáveis
La señora Keiko Fujimori gobierna hoy, hace 10 años que ha tomado todas las instituciones, esa es la verdad inobjetable— Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú
Un sano desarrollo económico no viene de una vocación autoritaria y lesiva a los derechos humanos— Roberto Sánchez
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué Sánchez insiste en que Fujimori ya gobierna si aún no ha ganado la segunda vuelta?
Porque para él, el control no es solo formal. Cree que Fujimori ha capturado el sistema de justicia y las instituciones durante una década, independientemente de quién tenga el título de presidente. Es una acusación sobre poder real versus poder nominal.
¿Qué tan creíble es su argumento sobre la votación en el extranjero?
Técnicamente, está pidiendo que se anulen votos porque cambió el procedimiento de escrutinio. Si prospera, ganaría. Pero es un argumento que suena a desesperación cuando va perdiendo por menos de 42.000 votos.
¿Qué significa que Perú haya tenido ocho presidentes en diez años?
Significa que el país está fracturado institucionalmente. Sánchez lo usa para demostrar que alguien ha estado orquestando esa inestabilidad desde las sombras. Para él, ese alguien es Fujimori.
¿Tiene herramientas reales para gobernar si gana?
Tiene 14 senadores y 32 diputados. No es una mayoría, pero es una bancada. Dice que eso le permite ejercer ciudadanía y dar respuesta política. Es poco, pero es algo.
¿Por qué menciona específicamente a periodistas y líderes sociales?
Porque está construyendo una narrativa de represión sistemática. No solo acusa a Fujimori de autoritarismo económico, sino de silenciar voces. Es una apelación a quienes temen que sus derechos desaparezcan.