Sánchez afronta juicio oral en plena segunda vuelta electoral contra Fujimori en Perú

Hoy intentan hacerlo conmigo. Mañana podría ser cualquier peruano.
Sánchez cuestiona el timing del juicio oral a horas de la segunda vuelta electoral.

Un juez ordenó juicio oral contra Sánchez por acusaciones de falsedad en aportes electorales 2018-2020, con pena solicitada de hasta 5 años y 4 meses. El candidato denuncia coincidencia sospechosa entre el avance judicial y su crecimiento electoral, cuestionando la celeridad de la resolución emitida en 15 minutos.

  • Juez ordena juicio oral contra Sánchez por falsedad en financiamiento 2018-2020
  • Fiscalía acusa desviación de 280.000 soles hacia cuentas personales, solicita 5 años 4 meses de prisión
  • Resolución emitida en 15 minutos tras más de 15 horas de audiencia en dos días
  • Segunda vuelta electoral entre Sánchez y Keiko Fujimori programada para el domingo

Roberto Sánchez afronta apertura de juicio oral por presunta falsedad en financiamiento de su partido, días antes de disputar la presidencia contra Keiko Fujimori en Perú.

A menos de veinticuatro horas de que los peruanos acudan a las urnas para elegir presidente, Roberto Sánchez se enfrenta a la apertura de un juicio oral por acusaciones de falsedad en la información sobre financiamiento de su partido. El candidato de izquierda, quien disputa este domingo la segunda vuelta electoral contra Keiko Fujimori, anunció el sábado que un juez del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima ha ordenado que su caso avance a juicio tras concluir la etapa intermedia del proceso.

La Fiscalía acusa a Sánchez de haber falseado información sobre aportes a su organización política, Juntos por el Perú, entre 2018 y 2020. Según la acusación, junto con otras personas incluido su hermano, habría desviado aproximadamente 280.000 soles —unos 58.650 dólares— de fondos de financiamiento electoral hacia cuentas personales vinculadas al partido. El Ministerio Público solicita una condena de hasta cinco años y cuatro meses de prisión.

Sánchez comunicó la decisión a través de redes sociales, donde cuestionó la coincidencia temporal entre el avance del proceso judicial y el crecimiento de su candidatura en plena campaña electoral. El candidato señaló que tras más de quince horas de audiencia distribuidas en dos días consecutivos, el juez emitió la resolución en apenas quince minutos, sin que él ni su defensa recibieran una explicación completa sobre los fundamentos de la decisión. "No creo en las casualidades", escribió, sugiriendo que el timing del proceso respondía a motivaciones políticas.

En su comunicado, Sánchez rechazó las acusaciones reiteradamente, asegurando que su actuación ha sido legal y transparente ante los organismos electorales competentes. Enmarcó el proceso en el contexto de polarización política que caracteriza al país, dividido entre el fujimorismo y el antifujimorismo. "Hoy intentan hacerlo conmigo. Mañana podría ser cualquier peruano. El pueblo decidirá", afirmó, apelando a una lectura más amplia sobre el uso de la justicia en contextos electorales.

La defensa de Sánchez ya ha apelado la decisión ante una instancia superior, por lo que la resolución aún no es definitiva. Sin embargo, el timing del anuncio —a horas de la segunda vuelta— ha intensificado la tensión política en un país que ya enfrenta una profunda polarización institucional. La contienda entre Sánchez y Fujimori por la presidencia para el período 2026-2031 ocurre en un escenario de alta tensión, con un electorado fuertemente dividido y con preguntas sin resolver sobre la independencia del sistema judicial peruano.

No creo en las casualidades
— Roberto Sánchez, en redes sociales
La Fiscalía acusa a Sánchez de presunta falsedad en procedimiento administrativo y de haber falseado información sobre aportes a su organización política
— Ministerio Público de Perú
The Hearth Conversation Another angle on the story
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¿Por qué el timing de este juicio importa tanto? ¿No es normal que los procesos judiciales continúen durante campañas electorales?

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Lo que Sánchez cuestiona no es que exista un proceso, sino la velocidad y la coincidencia. Quince minutos para una resolución después de más de quince horas de audiencia es inusual. Eso levanta preguntas legítimas sobre si el sistema está funcionando con independencia o si responde a presiones políticas.

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¿Cuál es la acusación específica contra él?

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La Fiscalía dice que entre 2018 y 2020 desviaron cerca de 280.000 soles de fondos electorales hacia cuentas personales. Es una acusación seria sobre financiamiento irregular, no es un tecnicismo. Pero Sánchez sostiene que todo fue legal y transparente.

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¿Esto puede afectar el resultado electoral de mañana?

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Es difícil saberlo. Algunos votantes pueden verlo como evidencia de corrupción. Otros pueden interpretarlo como un ataque político coordinado. Lo que está claro es que añade caos a un momento en que el país necesitaría claridad.

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¿Qué pasa si gana y luego es condenado?

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Eso es el verdadero dilema institucional. Perú estaría eligiendo a un presidente que simultáneamente enfrenta un juicio por delitos graves. Es un escenario que refleja la profunda crisis de confianza en las instituciones del país.

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