Rusia suspende venta de nafta en Crimea tras nuevos ataques con drones ucranianos

El domingo por la mañana, las autoridades rusas que controlan Crimea tomaron una decisión que reveló el alcance del daño que los ataques ucranianos estaban infligiendo en la península: suspendieron indefinidamente la venta de combustible a civiles. La orden llegó después de que drones ucranianos golpearan nuevamente los depósitos de petróleo en la región, matando a cuatro personas e hiriendo a otras veintiocho la noche anterior. Serguéi Aksiónov, el gobernador designado por el Kremlin, anunció que las gasolineras solo venderían combustible a organismos estatales y a aquellos responsables de mantener servicios básicos. Para todos los demás —conductores comunes, pequeños negocios, civiles— no habría nafta disponible por tiempo indefinido.

Esta medida de emergencia marcaba una escalada en la crisis que ya había comenzado semanas atrás. En mayo, Aksiónov había intentado racionar el combustible limitando la venta a veinte litros semanales por vehículo mediante un sistema de cupones prepagos. Pero esos cupones se agotaron casi instantáneamente, dejando largas filas de automovilistas esperando durante horas en las estaciones de servicio. Ahora, con la suspensión total, esa presión se había convertido en algo más grave: el aislamiento de la península estaba volviéndose tangible.

La estrategia detrás de estos ataques era clara. Ucrania, bajo el liderazgo de Volodimir Zelenski, estaba ejecutando una campaña deliberada para aislar Crimea del resto de Rusia continental. Los bombardeos no eran aleatorios. Los drones ucranianos atacaban repetidamente las refinerías petrolíferas que financiaban gran parte del esfuerzo de guerra ruso, pero también apuntaban a las carreteras que conectaban la península con el territorio ruso. Desde mayo, según expertos independientes, cientos de camiones cisterna y vehículos de carga habían sido destruidos, haciendo que esas rutas fueran prácticamente intransitables. El domingo, además de la suspensión de combustible, las autoridades locales también cerraron el puente de Crimea al tráfico de automóviles y trenes, y detuvieron el transporte marítimo en el estrecho de Kerch.

Zelenski describió los ataques del fin de semana como parte de sus "sanciones de largo alcance" contra la infraestructura energética rusa. Uno de los objetivos había sido un depósito de petróleo en Crimea; otro, una instalación de transporte de petróleo en la región meridional rusa de Krasnodar. "Rusia solo entiende la fuerza, y nuestra fuerza de largo alcance sin duda está funcionando para la paz", escribió el presidente ucraniano en redes sociales. Era una declaración que exponía la lógica de la campaña: debilitar la capacidad logística rusa mediante el aislamiento y la destrucción de infraestructura.

Los efectos se extendían más allá del combustible. La compañía eléctrica estatal Krimenergo informó de que el suministro de electricidad había sido suspendido parcialmente debido a los daños causados a la red en el centro, sur y noroeste de la península. Esos cortes de electricidad, a su vez, interrumpieron el suministro de agua corriente. La crisis energética que Crimea enfrentaba era la peor desde que Rusia la anexionó ilegalmente en 2014. La región ya dependía de Rusia continental para agua, alimentos y productos básicos; ahora esa dependencia se había vuelto aún más precaria.

Había también una dimensión económica que no pasaba desapercibida. La prensa local señalaba que la campaña de bombardeos de Ucrania estaba torpedoeando la temporada de veraneo en Crimea. Sin combustible, sin electricidad confiable, sin transporte fluido, la península podría perder millones de turistas y los ingresos que traían consigo. Era una presión que operaba en múltiples niveles: logístico, energético, económico. Cada ataque no solo dañaba infraestructura; también apretaba el cerco alrededor de una región que Rusia había anexionado pero que ahora parecía cada vez más difícil de sostener.