El Brexit no entregó lo que prometió, y los números siguen subiendo
En el corazón de una promesa incumplida, el Gobierno británico de Rishi Sunak ha anunciado las restricciones más severas a la inmigración legal en años, elevando umbrales salariales y endureciendo la reunificación familiar con la esperanza de reducir 300.000 llegadas anuales. Es el último capítulo de una historia que comenzó con el eslogan del Brexit —recuperar el control de las fronteras— y que, una década después, enfrenta la paradoja de cifras que no bajaron sino que casi se triplicaron. Lo que se debate no es solo política migratoria, sino la credibilidad de un partido que hizo del control fronterizo su razón de ser.
- El Gobierno sube el salario mínimo exigido para visados de trabajo de 30.000 a 45.000 euros, dejando sectores enteros —hostelería, agricultura, cuidados— sin capacidad real de contratar trabajadores extranjeros.
- La brecha entre promesa y realidad es abismal: donde los conservadores prometieron decenas de miles de llegadas, llegaron 745.000 personas solo en 2022, casi tres veces más que en 2010.
- El ministro Cleverly mezcla argumentos sobre presión en servicios públicos con acusaciones sin respaldo, sugiriendo que trabajadores de cuidados traen familiares que 'abusan' del sistema sin precisar cuántos son simplemente menores de edad.
- El 39% de los británicos prioriza reducir la inmigración sobre el crecimiento económico, convirtiendo este debate en el campo de batalla electoral más caliente antes de las elecciones de 2024.
- La oposición laborista critica la estrategia como 'caótica', pero camina en cuerda floja ante un electorado que sitúa la inmigración como su tercera preocupación principal tras la economía y la sanidad.
Rishi Sunak llegó al poder con una deuda política que su partido arrastraba desde el Brexit: la promesa de recuperar el control de las fronteras. Pero los números nunca cooperaron. De las 252.000 llegadas registradas en 2010 se pasó a 745.000 en 2022, casi tres cuartos de millón. Ahora, tras un año de medidas contra la inmigración irregular que rozaron lo insostenible, el Gobierno ha decidido apuntar también a quienes llegan por vías legales.
El nuevo ministro del Interior, James Cleverly, anunció en diciembre un paquete de restricciones que eleva el salario mínimo anual exigido para visados de trabajo de 30.000 a 45.000 euros, una cifra inalcanzable para sectores como la hostelería, la agricultura o los cuidados. También endureció las condiciones de reunificación familiar para trabajadores del sector asistencial y aumentó la cuota sanitaria previa a la entrada de 730 a 1.200 euros. El Gobierno promete que estas medidas reducirán la inmigración legal en 300.000 personas al año.
Cleverly, conocido hasta entonces por un perfil moderado, adoptó rápidamente el tono duro de sus predecesoras. En la Cámara de los Comunes vinculó la inmigración con la escasez de vivienda, las consultas médicas colapsadas y la educación saturada, y sugirió que muchos trabajadores de cuidados traen familiares que no contribuyen al mercado laboral, sin aclarar que buena parte de esos acompañantes son menores de edad.
La única medida que recibió aplausos fue la eliminación de una excepción que el propio Gobierno había mantenido durante una década: la reducción del 20% en el salario mínimo para sectores con escasez crítica de trabajadores. Sindicatos y laboristas la celebraron, aunque Yvette Cooper, portavoz laborista de Inmigración, calificó el conjunto de la estrategia de 'caótica'.
El trasfondo es electoral. Con las elecciones generales previstas para finales de 2024 y el 39% de los británicos priorizando la reducción de la inmigración sobre el crecimiento económico, Sunak necesita demostrar que el control de fronteras es real. Pero cada anuncio es también un recordatorio de que el Brexit no entregó lo que prometió, y que los números siguen subiendo.
Rishi Sunak llegó al cargo de primer ministro británico con una deuda política pendiente. Su partido, obsesionado durante más de una década con las cifras de inmigración, había vendido el Brexit como la solución definitiva: recuperar el control de las fronteras, decía el eslogan. Take Back Control. Pero los números no cooperaron. Donde los conservadores prometieron reducción, llegó aumento. Y ahora, tras un año de políticas contra la inmigración irregular que han rozado lo insostenible —deportaciones a Ruanda, cárceles flotantes en puertos, restricciones al asilo—, el Gobierno ha decidido que la única salida es doblar la apuesta. Esta vez, el blanco no es solo quien llega de forma clandestina. Es también quien viene por las vías legales.
James Cleverly, el nuevo ministro del Interior, anunció a principios de diciembre un conjunto de medidas que complican sustancialmente la entrada al Reino Unido mediante visado de trabajo o reunificación familiar. La más visible: elevar el salario mínimo anual que las empresas deben ofrecer a un trabajador extranjero de poco más de 30.000 euros a 45.000 euros. Es una cifra que sectores enteros —hostelería, agricultura, cuidados de personas dependientes— simplemente no pueden pagar. El Gobierno promete que estas restricciones reducirán la inmigración legal en aproximadamente 300.000 personas cada año.
La brecha entre promesa y realidad es el telón de fondo de todo esto. En 2010, cuando David Cameron asumió como primer ministro, juró que reduciría la inmigración en "decenas de miles". Ese año llegaron 252.000 personas. En 2019, Boris Johnson ganó las elecciones sobre la ola del Brexit, reiterando el compromiso de bajar el saldo neto de inmigrantes. En 2022, la Oficina Nacional de Estadística registró 745.000 llegadas, casi tres cuartos de millón. Para 2023, la proyección es de 672.000. Los números no solo no bajaron. Se multiplicaron.
Cleverly, quien se había labrado fama de político tolerante en su anterior cargo de ministro de Asuntos Exteriores, adoptó rápidamente el tono duro de sus predecesoras en Interior, Priti Patel y Suella Braverman. "La inmigración que llega a este país es demasiado alta y tiene que ser reducida", declaró en la Cámara de los Comunes. Luego desplegó un argumento que mezcla preocupaciones legítimas con acusaciones sin fundamento: escasez de vivienda, consultas médicas colapsadas, educación saturada. Y añadió una sospecha sobre los recién llegados. Al endurecer las normas para que trabajadores de cuidados traigan a sus familias, Cleverly afirmó que solo el 25% de esas personas se incorporan al mercado laboral, sugiriendo que muchos "abusan de nuestros servicios públicos sin contribuir", sin aclarar cuántos de esos son menores que acompañan naturalmente a sus padres.
El Gobierno también eliminó una excepción que él mismo había mantenido durante la última década: en sectores con escasez crítica de trabajadores —desde recolectores agrícolas hasta veterinarios—, se permitía reducir el salario mínimo en un 20%, unos 6.000 euros. Esa flexibilidad desaparece. Es la única medida que ha recibido aplausos de sindicatos y de la oposición laborista. Además, Cleverly aumentó la cuota sanitaria que los trabajadores con visado deben pagar antes de entrar al país, de casi 730 euros a 1.200 euros. Y endurecerá las condiciones para que estudiantes extranjeros, después de pagar matrículas y estancia, puedan trabajar o traer a sus familias.
Yvette Cooper, portavoz laborista de Inmigración, calificó la estrategia de "caótica". "La inmigración es importante para el Reino Unido", señaló, recordando cómo el país ha acogido refugiados de Ucrania y Hong Kong, y se beneficia del talento de estudiantes extranjeros. Pero la oposición camina en cuerda floja. Una encuesta reciente de YouGov muestra que después de la economía y la sanidad, la inmigración es la preocupación que más quita el sueño a los británicos. Y revela algo más inquietante para cualquier gobierno que dependa del crecimiento económico: el 39% de los ciudadanos considera más importante reducir la inmigración que impulsar el crecimiento económico, frente a un 37% que prioriza lo segundo.
Esta obsesión conservadora con las cifras de inmigración se ha convertido en una crisis existencial de cara a las elecciones generales que deben celebrarse a finales de 2024. Sunak necesita mostrar que está haciendo algo, que ha escuchado a su base electoral, que el control de fronteras es real. Pero cada medida que anuncia es un recordatorio de que el Brexit no entregó lo que prometió, y que los números siguen subiendo. La pregunta ahora es si estas nuevas restricciones lograrán lo que el Brexit no pudo: convencer a los votantes de que alguien, finalmente, tiene el control.
Notable Quotes
La inmigración que llega a este país es demasiado alta y tiene que ser reducida— James Cleverly, ministro del Interior
Toda esta estrategia es caótica. La inmigración es importante para el Reino Unido, pero un sistema de inmigración debe ser controlado y gestionado para que sea justo y eficaz— Yvette Cooper, portavoz laborista de Inmigración
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué Sunak decide atacar la inmigración legal ahora, cuando el problema político que heredó era la inmigración irregular?
Porque la inmigración irregular es casi imposible de controlar sin violar leyes internacionales. Ya lo intentó con Ruanda, con cárceles flotantes. Pero la legal es un botón que puede apretar sin tanto riesgo legal. Y políticamente, es lo que su base electoral quiere escuchar.
Pero ¿no necesita el Reino Unido trabajadores extranjeros? Especialmente en sanidad y cuidados.
Sí, los necesita desesperadamente. Y eso es lo irónico. Está cortando la rama sobre la que está sentado. Pero en política electoral, a veces la necesidad económica pierde contra la percepción de pérdida de control.
¿Qué significa que solo el 25% de trabajadores de cuidados se incorporen al mercado laboral?
Es una cifra engañosa. No especifica cuántos de ese 75% son menores de edad que acompañan a sus padres. Es un argumento que suena duro pero que no aguanta mucho escrutinio.
¿Por qué la oposición laborista no ataca esto con más fuerza?
Porque la inmigración divide incluso a sus propios votantes. Saben que si se oponen demasiado, pierden votos en sus propias bases. Así que caminan en equilibrio, criticando la estrategia pero sin ofrecer una alternativa clara.
¿Qué pasa si estas medidas funcionan y la inmigración baja?
Entonces Sunak puede reclamar victoria antes de las elecciones. Pero si no funcionan, habrá gastado capital político en algo que no resuelve el problema real: que los números llevan años subiendo, y ninguna política ha logrado revertirlo.