La campaña de De la Espriella denuncia que una de sus sedes en Bogotá ha sido a…
A diecisiete días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el país atraviesa una encrucijada entre la legitimidad institucional y la desconfianza política. La Registraduría ha respondido con evidencia técnica a las acusaciones de fraude lanzadas por el presidente Petro, mientras los candidatos intensifican sus campañas en medio de violencia, prohibiciones judiciales y disputas sobre el uso de símbolos nacionales. Como tantas veces en la historia latinoamericana, la batalla por el poder se libra tanto en las urnas como en el relato que cada bando construye sobre ellas.
- La Registraduría presenta el código Hash del censo electoral como prueba irrefutable de que los datos no fueron alterados, desafiando directamente las denuncias de irregularidades lanzadas por el presidente Petro tras la primera vuelta.
- La campaña de De la Espriella denuncia un ataque a su sede en Bogotá, atribuyéndolo a colectivos afines a Petro y Cepeda, lo que eleva el clima de confrontación física a pocas semanas del voto definitivo.
- Un tribunal prohíbe al candidato ultraderechista usar la camiseta de la selección Colombia con fines electorales, evidenciando la tensión entre identidad nacional y apropiación política.
- Petro abandona su proyecto de Asamblea Constituyente y concentra su capital político en respaldar a Iván Cepeda, reordenando el tablero de alianzas en la izquierda a contrarreloj.
- Shakira denuncia públicamente el uso no autorizado de su imagen en materiales de campaña, recordando que la disputa por la narrativa electoral alcanza incluso a figuras ajenas a la política.
- Con apoyos internacionales como los de Trump y Meloni respaldando a De la Espriella, la contienda adquiere una dimensión geopolítica que trasciende las fronteras colombianas.
Colombia vive la recta final hacia la segunda vuelta del 21 de junio en un ambiente cargado de acusaciones, violencia y maniobras de último momento. La Registraduría Nacional salió al paso de las denuncias del presidente Gustavo Petro presentando pruebas técnicas —entre ellas el código Hash del censo electoral— que demostrarían que los datos no fueron manipulados durante la primera vuelta. La institución buscó así blindar la credibilidad del proceso ante una ciudadanía cada vez más polarizada.
En el campo de la derecha radical, el candidato De la Espriella acumula respaldos internacionales de figuras como Donald Trump y Giorgia Meloni, mientras su campaña denuncia el ataque a una de sus sedes en Bogotá, presuntamente perpetrado por colectivos vinculados al oficialismo. A esto se suma una orden judicial que le impide utilizar la camiseta de la selección Colombia como herramienta electoral, un episodio que ilustra hasta qué punto los símbolos de identidad nacional se han convertido en campo de batalla.
Desde el otro extremo, Petro tomó una decisión estratégica de peso: renunció a su plan de impulsar una Asamblea Constituyente y volcó todo su apoyo hacia la candidatura de Iván Cepeda, quien a su vez debió desmentir públicamente informaciones que circulaban sobre su campaña. En ese contexto, la cantante Shakira emitió un comunicado negando cualquier vínculo con la campaña de Cepeda tras detectar el uso no autorizado de su imagen, un recordatorio de que la guerra de narrativas no distingue entre actores políticos y figuras de la cultura popular.
A menos de tres semanas del voto, Colombia enfrenta el desafío de llegar al 21 de junio con instituciones creíbles y una ciudadanía dispuesta a aceptar el resultado, en un clima donde cada acusación alimenta la siguiente y la legitimidad del futuro gobierno ya está siendo disputada antes de que se cuente un solo voto.
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