España regulariza a 1,2 millones de migrantes en plan que duplica expectativas

Cuando cerró el plazo el 30 de junio, el Gobierno español se encontró con una sorpresa que duplicaba sus cálculos más optimistas. El programa extraordinario de regularización migratoria, abierto desde abril, había recibido más de 1,2 millones de solicitudes de personas que buscaban salir de la clandestinidad. Esa cifra no era un fracaso administrativo ni un desbordamiento caótico. Era, según el Gobierno, la prueba de que la medida respondía a una necesidad real y profunda en el tejido económico del país.

El programa estaba diseñado para migrantes sin documentación que pudieran demostrar que vivían en España antes del 1 de enero de 2026 y que no tuvieran antecedentes penales. A cambio, accederían a un permiso temporal de residencia y trabajo, renovable cada año, que les permitiría incorporarse formalmente al mercado laboral y al sistema fiscal. No era una amnistía en el sentido tradicional, sino un mecanismo de formalización: sacar del trabajo en negro a cientos de miles de personas que ya estaban aquí, trabajando.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, defendió la regularización no como una decisión política de izquierda sino como una estrategia económica y demográfica. Durante una presentación sobre migración, insistió en que el número de solicitudes validaba su enfoque. "El hecho de que más de un millón de personas se presentaran demuestra lo necesaria que era esta medida", afirmó. Pero su argumento iba más allá de la coyuntura. Sánchez lanzó una advertencia que tocaba el corazón de la preocupación económica española: sin la contribución de la población migrante, el país perdería el 19% de su producto interno bruto hacia 2050.

La economía española había experimentado un rebote fuerte después de la pandemia, con crecimientos cercanos al 6,5% durante dos años consecutivos. Pero esa expansión se había moderado, y ahora el país enfrentaba dificultades para mantenerse por encima del 3%. El sector turístico seguía en expansión, las condiciones energéticas eran favorables, y el consumo interno se mantenía sólido, según el Instituto Nacional de Estadística. Pero en esa estructura productiva, miles de trabajadores migrantes —muchos de ellos sin papeles— eran invisibles en las estadísticas oficiales. Trabajaban en hoteles y restaurantes, en campos de agricultura, en obras de construcción, en servicios domésticos y de cuidado de personas. Regularizarlos significaba traerlos a la luz, hacerlos contribuyentes.

Sánchez también conectó la inmigración con la sostenibilidad del Estado de bienestar. España envejecía. La tasa de natalidad caía. Sin la llegada de población migrante, explicó, para mediados de siglo el país perdería alrededor de 90.000 bares, 220.000 granjas y 50.000 aulas simplemente porque no habría suficientes personas para mantenerlos abiertos ni suficientes niños para llenar las escuelas. "España nunca ha avanzado construyendo muros", dijo el presidente. "Lo único decente es tender la mano, no darle la espalda a la inmigración".

El Gobierno no dejó la regularización como un acto aislado. Anunció un plan de integración dotado con 505 millones de euros —aproximadamente 575 millones de dólares— destinado a facilitar el acceso de los migrantes al empleo, la educación, la vivienda y la atención sanitaria. La iniciativa también incluía una campaña pública para destacar la contribución económica y social de la población migrante, un esfuerzo por cambiar la narrativa pública sobre quiénes eran estas personas y qué aportaban al país.

Lo que quedaba por verse era cómo se ejecutaría esta integración en la práctica. Las cifras eran claras: 1,2 millones de personas esperaban ahora acceder a un permiso de trabajo. El sistema laboral español tendría que absorberlas, formalizarlas, integrarlas. Las arcas públicas recibirían sus contribuciones fiscales. Pero también habría tensiones: competencia por empleos, presión sobre servicios públicos, debates políticos sobre identidad y pertenencia. El Gobierno había apostado por que los beneficios económicos y demográficos superarían esas fricciones. Los próximos meses dirían si esa apuesta era realista.