Proyectos renovables deben ubicarse en territorios compatibles
En las afueras de Santiago, una planta solar aprobada hace tres años se convierte en escenario de una disputa que encarna una de las tensiones más profundas de nuestra era: la urgencia de la transición energética frente a la obligación de proteger los ecosistemas que aún persisten en territorios urbanizados. La Municipalidad de Quilicura, tras ver rechazada su reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental, llevará el caso a la Corte Suprema, argumentando que el bosque nativo del sitio —hogar del algarrobo y el guayacán— merece una protección que ningún proyecto renovable debería ignorar. El desenlace de este recurso de casación podría sentar precedente sobre cómo Chile equilibra sus metas climáticas con la custodia de su patrimonio natural.
- El Segundo Tribunal Ambiental confirmó la aprobación de la Planta Fotovoltaica Hugo Lorenzo el 3 de julio, despejando legalmente el camino para su construcción en una zona que el municipio considera de preservación ecológica.
- Quilicura no acepta la derrota: anuncia un recurso de casación ante la Corte Suprema, escalando el conflicto al máximo nivel judicial del país.
- En el corazón del debate está un bosque nativo con especies de alto valor ecológico —algarrobo y guayacán— cuya existencia, según el municipio, fue insuficientemente ponderada durante la evaluación ambiental.
- El municipio aclara que no se opone a las energías renovables, sino a su emplazamiento en territorios incompatibles, exigiendo que la transición energética no se haga a costa de la biodiversidad local.
- La Corte Suprema deberá decidir si los fundamentos jurídicos y ambientales de la sentencia inferior resisten el escrutinio más alto, en un caso que refleja una tensión nacional sin resolver.
Una planta solar aprobada en 2023 en Quilicura, comuna del Gran Santiago, se dirige a la Corte Suprema de Chile después de que el Segundo Tribunal Ambiental rechazara, el pasado 3 de julio, la reclamación presentada por el municipio contra la Planta Fotovoltaica Hugo Lorenzo. La empresa Inmobiliaria Cañadilla SpA obtuvo la aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental hace tres años, pero el municipio y dos vecinos intentaron invalidarla desde el principio. Cuando eso falló, presentaron una reclamación formal en 2025 cuestionando el proceso de evaluación y alertando sobre posibles daños a la flora, fauna, suelos, sitios arqueológicos y el entorno humano del área.
El tribunal desestimó esos argumentos, determinando que el procedimiento había sido conducido correctamente y ratificando la resolución de calificación ambiental original. Sin embargo, la Municipalidad de Quilicura anunció que no acatará esa decisión y recurrirá de casación para que la Corte Suprema examine tanto el razonamiento legal como los fundamentos ambientales del fallo. El municipio defiende el sitio como un Área de Preservación Ecológica que alberga especies de significativo valor, entre ellas el algarrobo (Prosopis chilensis) y el guayacán (Porlieria chilensis), ambas identificadas durante el propio proceso de evaluación.
La alcaldesa Paulina Bobadilla subrayó que la postura comunal no es contraria a las energías renovables ni a la transición energética del país. Lo que el municipio exige es que los proyectos solares se instalen en territorios genuinamente compatibles con sus características, respetando la biodiversidad, los bosques nativos y los planes de ordenamiento territorial vigentes. La Corte Suprema resolverá ahora si el recurso es admisible y, de serlo, si las objeciones de Quilicura justifican revertir la sentencia, en un caso que pone en evidencia la tensión no resuelta entre la infraestructura renovable y la protección de los ecosistemas nativos en zonas pobladas.
A solar power plant approved three years ago in the Santiago suburb of Quilicura is heading to Chile's Supreme Court. On July 3rd, the country's Second Environmental Court rejected the municipality's challenge to the Hugo Lorenzo Photovoltaic Plant project, but the city announced it will not accept that decision. Instead, it is filing a cassation appeal—a request for the highest court to review both the legal reasoning and environmental foundations of the lower court's ruling.
The project's journey began in 2023, when the Environmental Evaluation Commission granted approval to the development company Inmobiliaria Cañadilla SpA. The municipality of Quilicura, along with two local residents, initially sought to invalidate that decision. When that effort failed, they filed a formal complaint in 2025, arguing the evaluation process had been flawed. Their challenge raised concerns about potential damage to plant life, fungi, animals, soil, archaeological sites, scenic value, and the human environment in the area.
The Environmental Court disagreed. In its July ruling, the tribunal determined that the evaluation procedure had been conducted properly and upheld the original environmental qualification. The decision essentially cleared the way for construction to proceed.
But Quilicura's municipal government is not backing down. In a statement, officials emphasized they will pursue the Supreme Court appeal to have the tribunal's legal and environmental reasoning examined at the highest level. The municipality also reiterated its commitment to protecting what it calls an Ecological Preservation Area—the land where the plant would be built. According to the city, the native forest on the site is home to species of significant ecological value, including the algarrobo tree (Prosopis chilensis) and the guayacán (Porlieria chilensis), both identified during the original environmental assessment process.
The municipality's position is not anti-renewable energy. In its statement, officials made clear they support the country's energy transition and do not oppose solar projects in principle. What they are arguing is that such developments should be located in places that are genuinely compatible with the territory's characteristics. The city insists that renewable energy projects must be sited in ways that protect biodiversity, native forests, flora and fauna, natural heritage, and the land-use plans already in place.
Mayora Paulina Bobadilla reinforced this stance, saying the municipality's commitment has always been to build a commune that grows in a sustainable way. The Supreme Court will now decide whether to hear the appeal and, if it does, whether the environmental and legal concerns Quilicura has raised warrant overturning the lower court's decision. The case reflects a broader tension in Chile between the urgent need for renewable energy infrastructure and the protection of native ecosystems in populated areas.
Citas Notables
Nuestro compromiso siempre ha sido construir una comuna que crezca de manera sostenible— Paulina Bobadilla, alcaldesa de Quilicura
No se opone al desarrollo de proyectos de energías renovables ni a la transición energética que el país requiere. Sin embargo, sostiene que estas iniciativas deben emplazarse en lugares compatibles con las características del territorio— Municipalidad de Quilicura
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué el municipio sigue peleando si ya perdió en el tribunal ambiental?
Porque creen que el tribunal no evaluó correctamente los daños reales al bosque nativo. Tienen dos vecinos con ellos, gente que vive ahí y ve lo que está en juego.
¿Qué especies específicas están en riesgo?
El algarrobo y el guayacán, árboles nativos que ya fueron identificados en la evaluación ambiental original. No es que el municipio esté inventando esto; está en el expediente.
Pero Chile necesita energía solar, ¿no?
Exacto. Por eso el municipio dice que no se opone a las renovables. Lo que dice es que hay otros lugares donde podrían construir sin tocar un bosque nativo que ya está protegido.
¿Cuáles son las posibilidades en la Corte Suprema?
Difícil saberlo. Depende de si los ministros ven que hubo un error legal o ambiental real. El tribunal ya dijo que el proceso fue correcto, así que Quilicura tiene que convencer a una corte más alta de que eso no es verdad.
¿Qué pasa si pierden en la Suprema?
Entonces la planta se construye. El municipio habrá agotado sus recursos legales. Pero al menos habrá dejado constancia de sus preocupaciones en el máximo tribunal del país.