Perú enfrenta crisis de legitimidad institucional con liderazgos desprestigiados

Mientras el país se prepara para celebrar sus Fiestas Patrias, las instituciones que deberían encarnar sus valores están sumidas en una crisis de credibilidad que toca lo más profundo de la vida pública. En las últimas semanas, decisiones y nombramientos han expuesto una desconexión radical entre quienes gobiernan y lo que el país dice que representa.

El Congreso acaba de legislar para blindar a funcionarios acusados de graves violaciones a derechos humanos. El Ejecutivo, por su parte, se suma a un desafío abierto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo mientras Perú intenta construir una reputación internacional como Estado de derecho. Pero hay más. El presidente de la Junta Nacional de Justicia—la institución responsable de nombrar, evaluar y sancionar a jueces y fiscales—tiene una sentencia firme por violencia familiar contra su exesposa. El recién elegido presidente del Congreso enfrenta una denuncia activa por violación sexual. Su elección no fue impedida por esto. Según el analista Fernando Vivas, muchos legisladores que votaron por él lo ven no como un agresor sino como una víctima de lo que llaman "ideología de género".

Mientras esto ocurre, el Ministerio de la Mujer documenta un aumento sostenido de denuncias de violación sexual año tras año, con menores de edad como víctimas principales. La ironía es brutal: las instituciones encargadas de proteger a las personas están siendo dirigidas por hombres cuestionados precisamente por violencia contra mujeres.

Los números de aprobación reflejan el colapso de confianza. La presidenta Boluarte tiene una aprobación de apenas 2.5 por ciento. El 94 por ciento la desaprueba. El Congreso enfrenta una desaprobación del 93 por ciento, según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos de julio. Pero más preocupante aún es lo que revelan las actitudes ciudadanas sobre el país mismo. Hace cinco años, el 41 por ciento de los peruanos veía su nación como "un país muy diverso, y esa diversidad es parte de nuestra riqueza". Hoy ese número cayó a 17 por ciento. En el mismo período, quienes ven al país como "demasiado dividido, con diferencias irreconciliables" pasaron de 20 por ciento a 48 por ciento. El optimismo sobre el futuro, que alcanzaba máximos históricos hace años, ahora es el más bajo de la última década: apenas 44 por ciento. El pesimismo crece y ya toca el 30 por ciento.

Esta es la pregunta que emerge: ¿qué sucede en una nación cuando sus líderes pierden toda credibilidad? El historiador Hugo Neira lo planteó hace años en términos que hoy resultan proféticos. Cuando las élites son despreciadas y odiadas, cuando la gente sospecha que la riqueza viene del delito y no del mérito, la cohesión social se quiebra. No necesariamente en una revolución organizada, sino en algo más difuso y peligroso: un desacato colectivo generalizado, una sociedad que deja de respetar las reglas porque ya no cree en quienes las hacen. Es el vasto desorden que emerge cuando nadie confía en nadie.

Perú está viviendo ese momento. No hay un enemigo claro, no hay un movimiento revolucionario con programa. Hay, en cambio, una erosión silenciosa de la legitimidad institucional, un crecimiento del cinismo, una sensación de que el sistema está podrido desde adentro. Y mientras eso ocurre, las instituciones de justicia—que deberían ser el antídoto contra esta descomposición—están siendo capturadas por los mismos actores que alimentan la desconfianza. Es un círculo vicioso sin salida visible.