Los colombianos no nos podemos dejar arrebatar el derecho a tener elecciones tranquilas
A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, Colombia enfrenta un riesgo que no se combate con fusiles ni con urnas blindadas: la desinformación. En la octava sesión del Plan Democracia, convocada por el procurador Gregorio Eljach, las más altas autoridades electorales y de seguridad del país coincidieron en que las noticias falsas representan la amenaza más crítica para la integridad del proceso. Es una advertencia que recuerda que las democracias modernas no solo se defienden en las calles, sino también en el espacio frágil donde la verdad y la mentira compiten por la confianza ciudadana.
- La desinformación ha desplazado a la violencia armada como el principal riesgo identificado por las autoridades para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.
- El presidente Petro ha mantenido dudas públicas sobre los resultados del preconteo, y su ministro del Interior aludió a supuestas irregularidades en el censo electoral que tanto la Registraduría como observadores internacionales han desmentido.
- El gobierno ha desplegado 250.000 efectivos de seguridad, recibido más de 700 denuncias por corrupción electoral e incautado cerca de 3.878 millones de pesos presuntamente destinados a comprar votos.
- Las Fuerzas Militares advierten sobre posibles desmanes en territorios específicos, evocando el ataque a la Registraduría de Gamarra en 2023 que dejó una mujer muerta.
- Antes de la votación, nuevas reuniones con gobernadores, alcaldes y la Comisión de Seguimiento Electoral buscarán identificar municipio a municipio dónde se necesitan refuerzos.
El procurador Gregorio Eljach reunió ayer en la sede de la Procuraduría a las principales autoridades electorales y de seguridad del país para la octava sesión del Plan Democracia. Estuvieron presentes el registrador Hernán Penagos, los ministros Armando Benedetti e Interior y Pedro Sánchez de Defensa, la cúpula militar y policial, y observadores electorales. El diagnóstico compartido fue que las instituciones están listas para la segunda vuelta del 21 de junio, pero que la desinformación constituye la amenaza más grave. Eljach anunció acciones inmediatas de verificación en todo el territorio y recordó que el calendario electoral ha transcurrido sin tropiezos mayores desde 2025. "Los colombianos no nos podemos dejar arrebatar el derecho a hacer y tener elecciones tranquilas", afirmó.
La reunión estuvo marcada por una tensión de fondo: el presidente Gustavo Petro ha cuestionado públicamente los resultados del preconteo que llevó a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a la segunda vuelta. El ministro Benedetti sacó a colación supuestas irregularidades en el censo electoral, lo que llevó al registrador Penagos a desmentir en el acto la tesis de un supuesto ingreso ilegal de 885.409 cédulas, versión que ni la Registraduría ni la Misión de Observación Electoral han podido corroborar con registro alguno.
El ministro Sánchez presentó el balance operativo del Plan Democracia: más de 700 denuncias recibidas, 3.878 millones de pesos incautados y 250.000 efectivos desplegados en todo el país. Además, el gobierno ofrece recompensas de hasta 50 millones de pesos por información sobre delitos electorales, hasta 200 millones para prevenir atentados y hasta 1.000 millones para proteger a los candidatos. Las Fuerzas Militares, por su parte, expresaron preocupación por posibles desmanes en ciertos territorios, invocando el ataque a la Registraduría de Gamarra en octubre de 2023, cuando una mujer murió y varios resultaron heridos.
La semana próxima se realizarán nuevas reuniones con representantes de ciudades capitales, la Alcaldía de Bogotá y la Comisión de Seguimiento Electoral para revisar el panorama regional. Las autoridades mantienen su mirada puesta en lo que consideran el frente más urgente: impedir que la propagación de información falsa defina, antes que los votos, el rumbo político del país.
El procurador Gregorio Eljach convocó ayer a la octava sesión del Plan Democracia, la estrategia con la que el gobierno viene reforzando la seguridad de las elecciones de 2026. En la sede principal de la Procuraduría se reunieron el registrador Hernán Penagos, los ministros Armando Benedetti (Interior) y Pedro Sánchez (Defensa), miembros de la cúpula militar y policial, y observadores electorales. El mensaje fue claro: las instituciones están listas para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, pero existe una amenaza que preocupa más que cualquier otra.
Esa amenaza es la desinformación. Las noticias falsas, concluyeron los funcionarios reunidos, representan el principal factor de riesgo para los comicios. Eljach anunció acciones inmediatas de verificación y seguimiento en todo el territorio nacional para combatirla. El registrador Penagos y los dos ministros respaldaron esta conclusión. Para el procurador, el calendario electoral ha funcionado sin mayores tropiezos desde las atípicas de 2025, pasando por las municipales, las consultas de los partidos, las legislativas del 8 de marzo y la primera vuelta del 31 de mayo. "Los colombianos no nos podemos dejar arrebatar el derecho a hacer y tener elecciones tranquilas", dijo. Invitó además a gobernadores y alcaldes a revisar cómo marcha la organización electoral en cada municipio para identificar dónde se necesitan refuerzos.
La reunión ocurre en un momento de tensión institucional. El presidente Gustavo Petro ha cuestionado los resultados del preconteo que llevó a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a la segunda vuelta. Tanto el preconteo como el escrutinio posterior concluyeron sin mayores contratiempos ni reclamos que alteraran los resultados, pero el presidente ha mantenido sus dudas públicas. Durante el encuentro de ayer, el ministro Benedetti sacó a colación supuestas irregularidades en el censo electoral. El registrador Penagos le pidió que aclarara si estaba afirmando o preguntando, y aprovechó para desmentir la tesis que solo el presidente ha mencionado: la de un supuesto ingreso ilegal de 885.409 cédulas. Tanto la Registraduría como la Misión de Observación Electoral han descartado estas versiones, pues no hay registros de modificación del censo.
El ministro Sánchez presentó un balance de las acciones del Plan Democracia durante 2026. Se han recibido más de 700 denuncias a través de la línea anticorrupción 157 y se han incautado 3.878 millones de pesos que presuntamente estaban destinados a influir en los comicios. Para la segunda vuelta, el gobierno ha desplegado 250.000 efectivos de fuerzas de seguridad en todo el país. Sánchez también anunció incentivos económicos para que ciudadanos reporten amenazas: recompensas de hasta 50 millones de pesos por información sobre delitos electorales, hasta 200 millones para prevenir atentados terroristas y hasta 1.000 millones para proteger a los candidatos.
Las Fuerzas Militares expresaron preocupación por posibles desmanes en ciertos territorios, información que coincide con marchas anunciadas en contra de la Registraduría. Un funcionario que participó en la reunión hizo referencia a lo ocurrido en Gamarra, Cesar, el 28 de octubre de 2023, cuando un ataque a las instalaciones de la Registraduría dejó una mujer muerta y varios heridos. "La idea es que para esta segunda vuelta no vaya a ocurrir lo que pasó en Gamarra", dijo. El gobierno también ha autorizado 23 bombardeos contra grupos ilegales durante este año, el más reciente en el Guaviare.
La próxima semana está prevista una reunión entre voceros de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, la Alcaldía de Bogotá y la Procuraduría para revisar el panorama en las regiones. También habrá otra sesión con la Comisión de Seguimiento Electoral. Mientras tanto, las autoridades mantienen su enfoque en lo que consideran la amenaza más inmediata: la propagación de información falsa en los días previos a una votación que definirá el rumbo político del país.
Citas Notables
Las condiciones institucionales para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio están dadas, pero la desinformación representa el principal factor de riesgo— Procurador Gregorio Eljach
Se ofrecen recompensas de hasta 50 millones de pesos por información sobre delitos electorales, hasta 200 millones para prevenir atentados terroristas y hasta 1.000 millones para proteger a los candidatos— Ministro de Defensa Pedro Sánchez
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué la desinformación preocupa más que otros riesgos en una elección?
Porque es difícil de controlar y se propaga rápido. Un rumor falso sobre irregularidades en el censo, por ejemplo, puede erosionar la confianza en todo el proceso antes de que alguien verifique si es cierto.
¿Tiene que ver con lo que el presidente Petro ha estado diciendo sobre las cédulas falsas?
Probablemente. El registrador tuvo que desmentir públicamente esa cifra de 885.409 cédulas durante la reunión. Cuando un presidente cuestiona resultados sin evidencia, crea un espacio donde la desinformación prospera.
¿Qué tan preparadas están las instituciones realmente?
Sobre el papel, mucho. Tienen 250.000 efectivos desplegados, líneas de denuncia, incentivos económicos. Pero la verdadera prueba es si logran que los colombianos crean en los resultados el 21 de junio.
¿Qué pasó en Gamarra que los tiene tan preocupados?
Un ataque directo a la Registraduría en 2023 que mató a una mujer. No es solo seguridad física; es que los funcionarios saben que la violencia electoral es posible en Colombia.
¿Por qué reunirse ahora, una semana antes de la votación?
Porque es el último momento para coordinar. Si algo sale mal el 21 de junio, ya no hay tiempo para arreglarlo. Esta es la última sesión de blindaje.