Una institución autonómica convierte a un acusado de adoctrinamiento en símbolo de represión
Diez diputados del PP cuestionan al Gobierno sobre garantías de seguridad nacional tras apoyo independentista a líder islamista acusado de adoctrinamiento de menores. El tripartito independentista y comunes aprobaron declaración calificando al detenido como 'represaliado político', mientras la Audiencia Nacional rechazó suspender su expulsión.
- Diez diputados del PP presentan pregunta al Congreso sobre medidas de seguridad nacional
- Mohamed Said Badaoui, dirigente salafista de Reus, acusado de adoctrinamiento de menores y difusión de yihadismo
- Tripartito independentista y comunes aprueban declaración calificando al detenido como represaliado político
- Audiencia Nacional rechaza suspender expulsión; orden de expulsión vigente contra Badaoui
El PP presenta pregunta al Congreso sobre las medidas que tomará el Gobierno ante la declaración de protección del Parlament catalán a un dirigente salafista detenido por amenaza a la seguridad nacional.
El Partido Popular llevó ante el Congreso una pregunta incómoda esta semana, firmada por diez de sus diputados, entre ellos Adolfo Suárez Illana por Madrid. La pregunta era directa: ¿qué piensa hacer el Gobierno español ante lo que acaba de suceder en Barcelona? ¿Cómo garantizará la seguridad nacional cuando el Parlament de Cataluña acaba de declarar su apoyo a un hombre acusado de ser exactamente lo opuesto a eso?
El hombre en cuestión es Mohamed Said Badaoui, un dirigente islamista salafista de Reus que fue detenido esta semana. Las acusaciones en su contra son graves: difusión de postulados yihadistas, adoctrinamiento de menores vulnerables en el salafismo más radical, y constituir una amenaza para la defensa del Estado. Existe una orden de expulsión contra él. Pero el miércoles pasado, el tripartito independentista —ERC, JxCAT y la CUP— junto con los comunes forzaron una declaración de la Junta de Portavoces del Parlament que lo calificaba de "represaliado político" y acusaba al Estado español de islamofobia y represión política mediante la ley de extranjería. El PSC, Vox, Ciudadanos y el PP votaron en contra.
Para el PP, esto es preocupante. No es una cuestión menor de política regional. Es una cuestión de seguridad nacional. Por eso la pregunta registrada en la Cámara Baja es tan específica: ¿qué medidas va a tomar el Gobierno? ¿Cómo va a garantizar que se aplique la legislación vigente en materia de extranjería? ¿Cómo va a responder a una institución autonómica que acaba de posicionarse públicamente a favor de alguien acusado de ser un peligro para el Estado?
La Audiencia Nacional ya ha respondido a una parte de esto. Ayer rechazó suspender de urgencia la expulsión de Badaoui. El tribunal concluyó que el interés general debe prevalecer siempre, y que si la expulsión resultara contraria al Derecho una vez resuelto el asunto, siempre podría regresar a Marruecos. Pero la pregunta del PP no es sobre lo que hará la justicia. Es sobre lo que hará el Gobierno ante el hecho de que una mayoría parlamentaria catalana haya decidido convertir a un acusado de adoctrinamiento de menores en un símbolo de represión política.
Lo que está en juego aquí es más que una persona o una expulsión. Es la pregunta de qué sucede cuando las instituciones autonómicas y las instituciones del Estado tienen visiones radicalmente distintas sobre quién representa una amenaza y quién representa una víctima de represión. El Gobierno tendrá que responder por escrito. Pero la tensión que la pregunta expone —entre seguridad nacional y autonomía regional, entre acusaciones de radicalismo y acusaciones de represión— seguirá ahí.
Citas Notables
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno de España ante esta declaración parlamentaria y para garantizar la Seguridad Nacional y la aplicación de la legislación vigente en materia de extranjería?— Pregunta registrada por el Partido Popular ante el Congreso
Otro caso de represión política e islamofobia por parte del Estado español, esta vez mediante la ley de extranjería— Declaración aprobada por el Parlament de Cataluña
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¿Por qué el PP considera que esto es un asunto de seguridad nacional y no simplemente un desacuerdo político sobre un caso individual?
Porque el Parlament no está defendiendo a un ciudadano cualquiera. Está declarando públicamente que un hombre acusado de difundir yihadismo y adoctrinar menores es en realidad una víctima de represión política. Eso es una posición institucional sobre qué es una amenaza y qué no lo es.
Pero el Parlament tiene derecho a expresar su opinión sobre cualquier asunto, ¿no?
Claro que sí. Pero cuando una institución autonómica se posiciona así sobre alguien acusado de amenazar la seguridad del Estado, el Gobierno central tiene que responder. No es censura; es una pregunta legítima sobre cómo se garantiza la seguridad cuando hay desacuerdos tan profundos sobre quién es peligroso.
¿Qué pasa si la expulsión se lleva a cabo? ¿Resuelve eso el conflicto?
No. La expulsión es una medida legal sobre una persona. Pero la declaración del Parlament es una posición política sobre qué significa seguridad nacional y represión. Eso seguirá siendo un punto de fricción entre Barcelona y Madrid.
¿Por qué los comunes votaron junto con el tripartito independentista?
Porque para ellos, la cuestión de la islamofobia estatal y la represión política pesa más que las acusaciones específicas contra este hombre. Es una diferencia de prioridades sobre qué amenaza es más grave: el radicalismo o la represión.
¿Qué espera el PP que responda el Gobierno?
Probablemente que explique cómo va a aplicar la ley de extranjería sin que eso sea interpretado como represión política, y cómo va a garantizar la seguridad nacional cuando una institución autonómica cuestiona fundamentalmente esa garantía.