¿Cuántos límites está dispuesto a cruzar un gobierno en nombre de la seguridad?
Con un margen estrecho de victoria y el peso de un apellido histórico, Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú mirando hacia Ecuador como espejo de lo que quiere construir: un orden impuesto con mano firme. Pero lo que algunos llaman restauración del orden, organizaciones de derechos humanos lo llaman una advertencia: el modelo ecuatoriano ha dejado tras de sí detenciones arbitrarias, desapariciones y un Estado de derecho erosionado. La pregunta que se cierne sobre Lima no es solo de táctica policial, sino de hasta dónde está dispuesto a llegar un gobierno cuando la seguridad se convierte en justificación.
- Fujimori elogió públicamente las políticas de Daniel Noboa y anunció que replicará en Perú operaciones conjuntas entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, comenzando por las cárceles donde bandas siguen operando desde adentro.
- Organizaciones de derechos humanos alertan que el modelo ecuatoriano ha producido detenciones sin fundamento legal, desapariciones forzadas y maltratos carcelarios, sin reducir de manera efectiva la criminalidad.
- Expertos como Carlos Rivera advierten que la criminalidad peruana está enraizada en economías ilícitas y corrupción política, lo que hace ineficaz importar recetas diseñadas para contextos distintos.
- Voces de extrema derecha que no llegaron al poder, como un ex oficial de inteligencia y una figura televisiva, presionan por medidas aún más radicales, incluyendo la restauración de la pena de muerte.
- El debate de fondo, según analistas, no es técnico sino ético: cuántos límites está dispuesto a cruzar un gobierno en nombre de la seguridad, y quién pagará el costo de esa respuesta.
Keiko Fujimori ganó la presidencia peruana por un margen estrecho en junio y ya ha comenzado a trazar su estrategia de seguridad. En declaraciones a medios ecuatorianos, expresó admiración por las políticas de mano dura del presidente Daniel Noboa y anunció su intención de replicarlas en Perú, incluyendo operaciones coordinadas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con foco inicial en las cárceles desde donde bandas de extorsionadores y sicarios siguen dirigiendo sus operaciones.
Lo que alarma a los defensores de derechos humanos es el historial concreto de ese modelo. Bajo la administración Noboa, se han documentado detenciones sin fundamento legal, desapariciones forzadas, abusos contra reclusos y la declaración de un conflicto armado interno sin criterios verificables. Fujimori, cuya visión evoca la herencia autoritaria de su padre Alberto Fujimori —quien gobernó entre 1990 y 2000—, parece dispuesta a asumir ese riesgo.
Especialistas advierten que la apuesta es no solo peligrosa sino ineficaz. El abogado Carlos Rivera señala que Perú ya ha intentado medidas drásticas —nuevas tipificaciones penales, militarización de zonas mineras y urbanas— sin resultados. La criminalidad peruana, argumenta, está profundamente entrelazada con economías ilícitas y corrupción política, lo que la hace estructuralmente distinta a la ecuatoriana. El analista Ramiro Escobar refuerza esa lectura: importar políticas de otro país sin considerar las circunstancias propias es una receta para el fracaso.
Mientras tanto, figuras de extrema derecha que no lograron llegar al poder presionan por ir aún más lejos, abogando incluso por restaurar la pena de muerte. Fujimori no ha llegado a ese extremo públicamente, pero la dirección que ha señalado deja abierta una pregunta que el diario La República formuló con claridad: ¿cuántos límites está dispuesto a cruzar un gobierno en nombre de la seguridad? Perú está a punto de descubrirlo.
Keiko Fujimori, quien ganó la presidencia peruana por un margen estrecho en junio, ha comenzado a esbozar su estrategia de seguridad, y lo que está diciendo alarma a los defensores de derechos humanos del país. En conversaciones recientes con medios ecuatorianos, la mandataria electa expresó admiración por las medidas de mano dura implementadas por Daniel Noboa en Ecuador para combatir el crimen organizado. Señaló que ambas naciones enfrentan problemas similares de delincuencia desbordada y que espera no solo replicar esas tácticas, sino también establecer una cooperación transfronteriza constante para compartir información y vigilancia conjunta.
Lo que preocupa a los observadores es el historial de esas políticas ecuatorianas. Bajo la administración Noboa, según reportan organizaciones de derechos humanos de Ecuador, se han documentado detenciones sin fundamento legal, desapariciones forzadas, abuso de reclusos y la declaración de un conflicto armado interno sin que se cumplieran criterios objetivos verificables. A pesar de estas consecuencias, Fujimori aparentemente planea usar el modelo ecuatoriano como referencia para restaurar el orden en Perú.
La visión de Fujimori refleja una continuidad con el legado de su padre, Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000 y utilizó métodos autoritarios para derrotar a grupos armados. En reuniones celebradas recientemente, la presidenta electa confirmó que su prioridad central es lo que ella denomina restablecer el orden mediante la mano dura. Su plan inicial incluye operaciones coordinadas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, comenzando en las cárceles abarrotadas desde donde bandas de extorsionadores y sicarios continúan dirigiendo sus operaciones.
Esta dirección ha sido respaldada por algunos candidatos de extrema derecha que no ganaron las elecciones. Wolfgang Grozo, un ex oficial de inteligencia, y Carlos Álvarez, personalidad televisiva, coinciden en la necesidad de mano dura e incluso han abogado por restaurar la pena de muerte. Aunque Fujimori no ha llegado a ese extremo públicamente, su trayectoria sugiere una inclinación hacia medidas coercitivas.
Los especialistas en derechos humanos advierten contra esta dirección. Carlos Rivera, abogado especializado en el tema, argumenta que la receta ecuatoriana no ha producido resultados significativos y ha erosionado el Estado de derecho, militarizado la seguridad pública y debilitado la gobernabilidad. Aplicarla en Perú, sostiene, sería contraproducente. La criminalidad peruana tiene características distintas, vinculada profundamente a economías ilícitas entrelazadas con corrupción política. Rivera señala que Perú ya ha intentado medidas drásticas sin éxito: nuevas tipificaciones penales y militarización de zonas de minería ilegal y áreas urbanas. Las políticas de mano dura, advierte, no reducirán la criminalidad sino que afectarán los derechos humanos de la ciudadanía.
Ramiro Escobar, analista internacional, añade una perspectiva más amplia: aplicar políticas anticriminalidad de Ecuador o cualquier otro país en Perú simplemente no es viable porque cada nación enfrenta circunstancias distintas. La pregunta que flota sobre todo esto, como planteó el diario La República, es más fundamental: ¿cuántos límites está dispuesto a cruzar un gobierno en nombre de la seguridad? En Perú, esa pregunta está a punto de recibir una respuesta.
Notable Quotes
Eso mismo haremos desde el Perú y esperamos tener una cooperación constante en compartir información, cuidar nuestras fronteras y trabajar conjuntamente— Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú
Las políticas de mano dura, lejos de reducir la criminalidad, van a afectar los derechos humanos de la ciudadanía— Carlos Rivera, abogado especializado en derechos humanos
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué Fujimori mira específicamente a Ecuador como modelo?
Porque ambos países enfrentan crisis de crimen organizado similares, y Noboa ha sido visible en su respuesta. Pero lo que ella ve como éxito, los defensores de derechos humanos ven como un desastre.
¿Qué ha pasado exactamente en Ecuador bajo Noboa?
Detenciones sin proceso legal, personas que desaparecen, abuso en las cárceles. Se declaró un conflicto armado interno sin que se cumplieran los criterios que exige el derecho internacional. Todo en nombre de la seguridad.
¿Es diferente la situación criminal en Perú?
Completamente. En Perú, el crimen está tejido con economías ilícitas y corrupción política. No es solo bandas violentas. Perú ya ha intentado militarización y nuevas leyes sin que funcione.
¿Qué teme Rivera que suceda?
Que Fujimori replique un modelo que no ha funcionado ni en Ecuador, y que al hacerlo, sacrifique derechos humanos sin resolver el problema real.
¿Hay alguna razón para pensar que esto podría funcionar en Perú?
Los analistas dicen que no. Cada país es distinto. Copiar políticas de otro lugar es ignorar las raíces específicas del problema.
¿Qué significa esto para la gente común?
Significa que podrían ser detenidos sin razón, que sus derechos podrían ser violados, y que el crimen probablemente seguirá igual.