No habrá más procesos de falsa paz en su gobierno
En el mismo instante en que la ONU se preparaba para reafirmar el valor del Acuerdo de Paz colombiano de 2016, el presidente electo Abelardo De la Espriella anunciaba su desmantelamiento institucional. Este cruce de tiempos no es accidental: revela la tensión permanente entre los compromisos internacionales y la voluntad política interna que define el destino de los procesos de paz. Más de once mil excombatientes, que apostaron su futuro a una promesa del Estado, quedan suspendidos entre dos visiones irreconciliables de Colombia.
- La ONU publica su informe trimestral sobre el Acuerdo de Paz justo cuando el presidente electo anuncia el desmantelamiento de las instituciones que lo sostienen, creando una colisión simbólica de enorme peso político.
- De la Espriella no solo suprime organismos: declara que no habrá 'procesos de falsa paz' en su gobierno y amenaza con encarcelar de por vida a Timochenko, firmante del acuerdo, convirtiendo la transición en una confrontación abierta.
- Más de once mil excombatientes en reincorporación enfrentan una incertidumbre radical sobre tierra, vivienda y sustento, pues las políticas que garantizaban su integración podrían desaparecer antes de consolidarse.
- La arquitectura institucional del pacto —la Unidad de Implementación, la Comisaría para la Paz, la Jurisdicción Especial y dos consejerías presidenciales— está en la lista de eliminación del nuevo gobierno, dejando sin andamiaje a un proceso que tardó décadas en construirse.
En Bogotá, la Misión de Verificación de la ONU se disponía a presentar su informe trimestral sobre el Acuerdo de Paz de 2016, cubriendo el período de marzo a junio. El documento no era una novedad diplomática menor: llegaba pocas horas después de que el presidente electo Abelardo De la Espriella anunciara públicamente su intención de desmantelar las estructuras institucionales creadas para implementar el pacto.
En su informe anterior de abril, el secretario general António Guterres había destacado el compromiso del Estado colombiano con los objetivos del acuerdo, describiéndolo como una hoja de ruta para atender las causas estructurales de un conflicto que durante décadas desgarró al país. Guterres subrayó que, casi diez años después de la entrega de armas de las FARC-EP, más de once mil excombatientes seguían activos en el Programa de Reincorporación Integral, e instó al Gobierno a garantizarles acceso a tierra, vivienda y oportunidades económicas.
Mientras la ONU se preparaba para reafirmar esos compromisos, De la Espriella anunciaba en redes sociales la eliminación de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la figura del comisionado para la Paz, declarando que en su gobierno no habría más 'procesos de falsa paz'. Sus declaraciones fueron más lejos: afirmó que Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y firmante del acuerdo, merecía prisión perpetua, y apuntó contra la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal de justicia transicional, insinuando que también podría ser suprimida.
La lista de instituciones destinadas a desaparecer incluía además la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Lo que emergía era una tensión fundamental entre dos visiones del país: la arquitectura internacional que respaldó el proceso de paz y un nuevo gobierno que rechazaba sus términos. En el centro de esa disputa, más de once mil excombatientes cuyo futuro dependía de políticas que ahora enfrentaban una incertidumbre sin precedentes.
En Bogotá, la Organización de las Naciones Unidas se disponía a presentar su informe trimestral sobre la marcha del Acuerdo de Paz de 2016, un documento que normalmente pasaría con relativa discreción entre los archivos de la diplomacia internacional. Pero el timing de esta divulgación no era casual. Pocas horas antes de que la ONU hiciera público su análisis de los avances y obstáculos del pacto suscrito entre el Gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo, el presidente electo Abelardo De la Espriella anunció planes para desmantelar las estructuras institucionales encargadas de implementarlo.
El informe que la Misión de Verificación de la ONU presentaría cubría el período comprendido entre el 27 de marzo y el 26 de junio. En su análisis anterior, presentado en abril, el secretario general António Guterres había subrayado el compromiso del Estado colombiano con los objetivos del acuerdo, describiéndolo como una hoja de ruta integral para atender las causas estructurales del conflicto que durante décadas desgarró al país. Guterres también destacó el impacto histórico del pacto para la ampliación del espacio democrático. Un dato que el secretario general consideró relevante: casi diez años después de que las FARC-EP entregaran las armas, más de once mil excombatientes continuaban activos en el Programa de Reincorporación Integral, a pesar de un entorno de seguridad complejo. Ante esto, Guterres había instado al Gobierno a mantener un enfoque sólido en políticas que garantizaran a los exguerrilleros acceso a tierra, vivienda, servicios públicos y oportunidades económicas.
La ironía de los tiempos no era sutil. Mientras la ONU se preparaba para reafirmar estos compromisos, De la Espriella anunciaba en sus redes sociales que eliminaría la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, el organismo responsable de coordinar el cumplimiento del pacto. También desaparecería la figura del comisionado para la Paz. En su comunicado, el presidente electo fue explícito: no habría más lo que él llamaba procesos de falsa paz en su gobierno.
Las declaraciones de De la Espriella iban más allá de la reorganización administrativa. Se refirió directamente a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, quien fue el tercer y último comandante en jefe de las FARC-EP y uno de los firmantes del Acuerdo de Paz. Según el presidente electo, Londoño merecía estar preso de por vida, y trabajaría en función de ello. También apuntó hacia la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal de justicia transicional creado tras el pacto de 2016, al que acusó de dar refugio a Pilar Rueda, esposa del senador de oposición Iván Cepeda. Rueda se desempeña como asesora en la Unidad de Investigación y Acusación de la corte. El presidente electo dejó entrever que esta institución también podría ser eliminada.
La lista de entidades destinadas a desaparecer se extendía más allá de lo que De la Espriella mencionó en su alocución inicial. La Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario también dejarían de existir bajo su administración. Cada una de estas instituciones había contribuido, de una u otra forma, a la implementación del acuerdo.
Lo que se desplegaba era una tensión fundamental entre dos visiones de Colombia. De un lado, la arquitectura internacional y el respaldo de Naciones Unidas a un proceso que, a pesar de sus imperfecciones, había logrado que miles de combatientes dejaran las armas. Del otro, un nuevo gobierno que rechazaba los términos del pacto y buscaba revertir sus estructuras institucionales. En medio quedaban más de once mil excombatientes cuyo futuro dependía de políticas de reincorporación que ahora enfrentaban una incertidumbre radical. El acceso a tierra, vivienda y oportunidades económicas que Guterres había señalado como esencial para la estabilidad del país ya no parecía una prioridad para la administración entrante.
Notable Quotes
Constituye una hoja de ruta integral para atender las causas estructurales del conflicto— António Guterres, secretario general de la ONU, sobre el Acuerdo de Paz
Merece estar preso de por vida— Abelardo De la Espriella, presidente electo, refiriéndose a Rodrigo Londoño (Timochenko)
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué el timing de estos anuncios es tan significativo? ¿No podría haber esperado a tomar posesión?
Porque anunciar antes de asumir es una forma de establecer autoridad. Le dice a sus seguidores que ya está en control, que el cambio comienza ahora, no después. Es una declaración de intenciones.
¿Qué significa exactamente desmantelar la Unidad de Implementación? ¿Es solo un cambio administrativo?
No es solo eso. Es eliminar la coordinación del cumplimiento del acuerdo. Sin esa unidad, no hay quien asegure que se cumpla lo pactado. Es como quitar el motor de una máquina.
¿Y los once mil excombatientes? ¿Qué les pasa si desaparecen estas instituciones?
Quedan en el aire. Sin acceso a tierra, vivienda, servicios. Sin programas de reincorporación. Algunos podrían volver a la ilegalidad simplemente porque no hay alternativa.
¿Qué rol juega la ONU aquí? ¿Puede hacer algo?
Puede documentar, puede señalar, puede presionar diplomáticamente. Pero no tiene poder de veto sobre decisiones internas de un país. Su informe será un registro de lo que se perdió.
¿Por qué atacar específicamente a Timochenko y a la Jurisdicción Especial para la Paz?
Porque son símbolos. Timochenko es la cara del acuerdo, y la Jurisdicción Especial es donde se juzgan crímenes de guerra. Atacarlos es decir: esto no fue paz, fue impunidad. Es una narrativa política.
¿Esto significa que el acuerdo está muerto?
No está muerto, pero está en coma. Depende de si hay resistencia interna, presión internacional, o si la sociedad civil logra defenderlo. Por ahora, el nuevo gobierno tiene el poder.