Fue arrestado sin orden judicial, sin respetar su inmunidad presidencial
Un panel de expertos independientes de las Naciones Unidas ha concluido que la detención del expresidente peruano Pedro Castillo, encarcelado desde diciembre de 2022 tras su fallido intento de disolver el Congreso, fue arbitraria e ilegal. El fallo, emitido en junio pero revelado esta semana, señala que Castillo fue arrestado sin orden judicial, sin respeto a su inmunidad presidencial y sin acceso inmediato a defensa legal. En el trasfondo de esta decisión internacional late una pregunta que Perú aún no ha sabido responder: dónde termina la crisis constitucional y dónde comienza la persecución política.
- El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria determinó que el encarcelamiento de Castillo viola tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Los expertos señalaron que la Constitución peruana no contempla la detención de un jefe de Estado en ejercicio bajo la figura de flagrancia, lo que convierte el arresto en un acto sin fundamento legal.
- La defensa de Castillo enfrentó presiones externas y una campaña mediática que lo presentó como culpable de rebelión sin que existiera evidencia de un alzamiento armado.
- El fallo no fue unánime: dos miembros del panel disintieron argumentando que la declaración de Castillo constituyó un ejercicio de poder estatal, no un acto de participación política protegida.
- El gobierno peruano ha rechazado al menos seis solicitudes de indulto, y el debate sobre una posible liberación se reaviva ahora con el respaldo simbólico de la comunidad internacional.
Un panel de expertos independientes de la ONU determinó el 4 de junio —aunque la decisión se conoció públicamente esta semana— que la detención del expresidente peruano Pedro Castillo es arbitraria e ilegal. Castillo, quien gobernó entre 2021 y 2022, cumple una condena de más de once años por conspiración para la rebelión tras su fallido intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022. El grupo exigió su liberación inmediata, una indemnización por parte del Estado peruano y una investigación sobre las circunstancias de su arresto.
Según los expertos, aquella mañana de diciembre Castillo fue detenido por su propio equipo de seguridad sin orden judicial, sin que se le informaran los motivos y sin respetar la inmunidad que le correspondía como presidente en funciones. El jefe de seguridad habría recibido una llamada del Director de Seguridad del Estado instruyéndolo a arrestarlo bajo sospecha de delitos flagrantes. El panel subrayó que la Constitución peruana no prevé tal figura para un jefe de Estado en ejercicio, y que no se consideraron medidas alternativas a la privación de libertad.
El fallo no fue unánime: dos miembros del panel argumentaron que la declaración de Castillo constituyó un ejercicio de poder estatal y no una forma de participación política protegida. El relator Matthew Gillett ofreció una opinión parcialmente disidente, sugiriendo que la detención solo sería arbitraria en la medida en que la prisión preventiva no estaba justificada.
La decisión reavivó el debate sobre un posible indulto, rechazado ya seis veces por el Ejecutivo peruano. Voces cercanas a Castillo celebraron el fallo como un reconocimiento tardío —«después de tres años», dijo la exministra Anahí Durand— de lo que consideran la voluntad popular frente a una clase política que controla el Estado. El caso queda ahora inscrito en el registro internacional de detenciones cuestionadas, aunque las tensiones constitucionales que lo originaron siguen sin resolverse dentro del propio sistema legal peruano.
A panel of independent experts at the United Nations has determined that the detention of Peru's former president Pedro Castillo was arbitrary and unlawful. The working group issued its finding on June 4th, though the decision only became public this week through investigative reporting. Castillo, who served as president from 2021 to 2022, remains imprisoned after receiving a sentence exceeding eleven years for conspiracy to commit rebellion following his failed coup attempt on December 7th, 2022.
The UN's Working Group on Arbitrary Detention concluded that Castillo's imprisonment violates both the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. The panel called for his immediate release and demanded that the Peruvian government provide him with compensation and other forms of reparation in accordance with international law. The experts also requested a thorough investigation into the circumstances surrounding his arrest and recommended that measures be taken against those responsible for the rights violations.
The circumstances of Castillo's detention reveal the legal irregularities that concerned the UN panel. On the morning of December 7th, Castillo announced the dissolution of Congress in a televised address to the nation. His security detail then arrested him—an action the UN experts found to have occurred without any legal foundation, without a judicial order, without informing him of the reasons for his detention, and without respecting his immunity as sitting president. According to the panel's findings, Castillo's security chief received a phone call from the Director of State Security instructing him to detain the president on suspicion of flagrant crimes including rebellion, constitutional violation, and abuse of authority. Castillo was then taken to a police facility and presented to the attorney general at that time, Patricia Benavides.
The working group emphasized that Peruvian constitutional law contains no provision for detaining a sitting head of state on grounds of flagrancy. Such action would require first initiating a formal process to lift the immunity that comes with the office. The panel further noted that no less restrictive alternatives to arrest were considered, that Castillo was denied immediate access to counsel of his choosing, and that his defense faced pressure while a media campaign portrayed him as guilty of rebellion without evidence of an armed uprising.
The decision was not unanimous. Two panel members—Ukrainian lawyer Ganna Yudkivska and South Korean legal scholar Ethan Hee-Seok Shin—disagreed with the majority, arguing that Castillo's detention was not arbitrary because his December 7th statement constituted an exercise of state power rather than protected speech or political participation. New Zealand's Matthew Gillett, the panel's rapporteur, offered a partial dissenting opinion, contending that Castillo's statement could fall under freedom of expression protections and criticizing the characterization of it as a performative utterance without legal basis. Gillett suggested the detention would be arbitrary only on the grounds that preventive imprisonment was not justified.
The ruling has reignited debate over a possible pardon for the former president. Interim president José María Balcázar has referenced the possibility, though the executive branch has rejected pardon requests on at least six separate occasions. Anahí Durand, a former minister and spokesperson for Juntos por el Perú—the political party that nominated Roberto Sánchez for president and has advocated for Castillo's release—stated that the UN ruling came "after three years" and asserted that despite what the political class now controlling the state claims, the decision reflects the will of the people. Sánchez responded more briefly, posting on social media that "the truth of the people is breaking through."
The working group's decision was issued during its 104th session, held from November 10th to 14th of last year. The panel addressed detention cases from multiple countries simultaneously, including Saudi Arabia, Kyrgyzstan, Pakistan, Tunisia, Greece, Algeria, India, Cambodia, Venezuela, Equatorial Guinea, Bahrain, China, and Tanzania. Castillo's case now stands as part of a broader international record of contested detentions, though the specific political and constitutional questions it raises remain unresolved within Peru's own legal system.
Citas Notables
El remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación— Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU
Aunque la clase política que se ha apoderado del Estado diga lo contrario, actuaron contra la voluntad popular— Anahí Durand, vocera de Juntos por el Perú
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué tardó tanto en hacerse público este fallo de la ONU si fue emitido en junio?
El documento se mantuvo en los archivos de Naciones Unidas durante meses. Solo salió a la luz esta semana cuando un portal de investigación lo encontró y lo publicó. Es un patrón común: los fallos internacionales sobre derechos humanos no siempre generan cobertura inmediata en los medios locales.
¿Qué significa exactamente que la detención fue "arbitraria" en términos legales?
Significa que no hubo fundamento legal válido. Castillo fue arrestado sin orden judicial, sin que se respetara su inmunidad presidencial, sin que le informaran por qué lo detenían. La ley peruana no permite detener a un presidente en flagrancia sin antes iniciar un proceso para levantar su inmunidad.
¿Tiene algún peso real este fallo de la ONU en Perú?
Formalmente, Perú está obligado a cumplir con los tratados internacionales que ha ratificado. Pero la decisión no es vinculante en el sentido de que un tribunal peruano pueda ejecutarla directamente. Lo que sí hace es crear presión política y moral, y establece un registro internacional de que el proceso fue defectuoso.
¿Por qué dos miembros del panel votaron en contra?
Argumentaron que el acto de Castillo—disolver el Congreso—fue un ejercicio de poder estatal, no una expresión política protegida. Para ellos, eso justificaba la detención. Es una lectura más restrictiva de qué cuenta como libertad de expresión cuando está en juego la estabilidad institucional.
¿Qué pasa ahora con Castillo?
Sigue en prisión cumpliendo su condena de once años. El fallo reabre el debate sobre un indulto, pero el gobierno ha rechazado esa posibilidad seis veces. La decisión de la ONU añade peso político a quienes piden su liberación, pero no cambia automáticamente su situación legal.