Ha permanecido detenido durante un período que duplica con creces el plazo previsto
La ONU determinó que la detención de Castillo vulneró artículos clave de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El grupo de trabajo rechazó acusaciones de discriminación por origen campesino, viéndolo como enfrentamiento político entre grupos con distintas posiciones.
- Detención iniciada el 7 de diciembre de 2022 tras intento de golpe de Estado
- ONU concluyó violación de artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
- Recomendaciones de la ONU tienen carácter vinculante en Perú por ratificación de tratado internacional
- Comisión de Gracias Presidenciales desestimó solicitud de indulto en junio de 2026
Un grupo de trabajo de la ONU concluyó que la detención del expresidente Pedro Castillo fue arbitraria y violó derechos humanos fundamentales, recomendando su liberación inmediata y reparación económica.
Un grupo de especialistas de las Naciones Unidas ha dictaminado que la detención del expresidente Pedro Castillo, iniciada tras su fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, careció de los procedimientos legales necesarios para ser considerada válida. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria concluyó que esta privación de libertad violó artículos fundamentales de la Declaración Universal de Derechos Humanos —específicamente los derechos a la libertad personal, a no ser detenido sin causa justificada, a un tribunal imparcial y a la presunción de inocencia— así como disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que protegen la libertad y la igualdad ante la ley.
La conclusión de los expertos de Naciones Unidas abre la puerta a que Castillo solicite una compensación económica por los daños sufridos durante su encarcelamiento. El organismo internacional instó al Estado peruano a ordenar la liberación inmediata del exmandatario, aunque esta recomendación ha generado tensiones políticas en el país. El documento fue publicado inicialmente por el medio Epicentro, y fuentes cercanas al entorno de Castillo confirmaron su autenticidad.
Uno de los aspectos que el grupo examinó fue si la detención respondía a discriminación basada en el origen campesino de Castillo o su posición social frente a grupos de poder. Tras analizar las pruebas disponibles, los especialistas determinaron que no existían elementos suficientes para acreditar discriminación en ese sentido. En su lugar, caracterizaron la situación como un enfrentamiento político entre sectores con visiones opuestas, más que como un caso de trato desigual fundamentado en la identidad o clase social del expresidente.
La cuestión de si estas recomendaciones tienen fuerza vinculante en Perú fue aclarada por Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal. Explicó que aunque las opiniones de un Grupo de Trabajo no poseen la autoridad de una sentencia judicial, adquieren carácter obligatorio porque Perú ha ratificado el tratado internacional que sustenta la existencia de estos órganos. Esto significa que el Estado peruano tiene la obligación legal de considerar seriamente estas conclusiones.
Mientras la ONU se pronuncia, el debate sobre un posible indulto presidencial para Castillo divide a la clase política peruana. El presidente José María Balcázar ha señalado que no descarta otorgar una gracia presidencial al exmandatario, argumentando que tal medida podría contribuir a la pacificación del país. Balcázar enfatizó que como presidente tiene la autoridad constitucional para conceder indultos a condenados o procesados, y que no ve objeción legal a hacerlo.
Esta posición ha encontrado resistencia en sectores políticos opuestos. El senador electo Héctor Ventura, de Fuerza Popular, rechazó categóricamente la idea, calificándola como irrelevante para las prioridades nacionales y argumentando que carece de sustento técnico. Ventura enfatizó que el país enfrenta desafíos más urgentes en seguridad ciudadana y estabilidad institucional, y caracterizó el indulto a Castillo como un imposible jurídico.
La Comisión de Gracias Presidenciales ya se pronunció sobre este tema hace poco, desestimando la solicitud de indulto presentada por el propio Castillo. El organismo determinó que la solicitud no cumplía con las condiciones requeridas para acceder al beneficio. Sin embargo, Wilfredo Pedraza, abogado de Castillo y exministro del Interior, sostiene que el expresidente sí reúne los requisitos legales para una gracia presidencial. Pedraza señaló que Castillo no tiene sentencia firme, mantiene la condición de procesado, y ha permanecido detenido durante un período que duplica con creces el plazo previsto para su proceso. Además, aclaró que las restricciones para este beneficio solo aplican a delitos específicos como sicariato, extorsión y abuso sexual de menores, ninguno de los cuales corresponde a los cargos contra Castillo.
La recomendación de la ONU y el debate sobre el indulto presidencial reflejan una tensión fundamental en el sistema de justicia peruano: entre las obligaciones internacionales del Estado y las decisiones políticas internas. El Grupo de Trabajo ha indicado que solicitará información sobre las medidas que el Perú adopte en respuesta a sus recomendaciones, manteniendo el escrutinio internacional sobre el caso.
Citas Notables
Yo podría o no podría dar indultos a cualquier condenado o procesado que la ley y la Constitución me pueden autorizar— Presidente José María Balcázar, en entrevista con RPP
El indulto a Castillo es un imposible jurídico— Senador electo Héctor Ventura de Fuerza Popular, a Perú21
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué la ONU considera que esta detención fue arbitraria si Castillo intentó un golpe de Estado?
La ONU no cuestiona que haya habido un intento de golpe. Lo que dice es que el proceso de detención no siguió los pasos legales correctos. Violó procedimientos fundamentales de debido proceso.
¿Qué diferencia hay entre decir que alguien cometió un delito y decir que fue detenido arbitrariamente?
Uno es sobre lo que hizo; el otro es sobre cómo lo trataron después. Puedes haber cometido un crimen grave y aún tener derecho a un proceso justo. La ONU dice que eso no pasó aquí.
El documento rechazó la idea de discriminación. ¿Eso significa que Castillo fue tratado igual que cualquier otro?
No exactamente. Dice que no hay prueba suficiente de que su origen campesino fue la razón de la detención. Pero sí reconoce que hay un enfrentamiento político profundo de por medio.
¿Estas recomendaciones de la ONU tienen que cumplirse en Perú?
Sí, porque Perú ratificó el tratado internacional que crea estos órganos. No es como una sugerencia. Es vinculante legalmente.
Entonces, ¿por qué el presidente no simplemente lo libera?
Porque hay presión política. Algunos sectores ven un indulto como traición. Otros lo ven como necesario para la paz. Es un cálculo político, no solo legal.
¿Cuánto tiempo ha estado detenido?
Más del doble del tiempo que debería tomar su proceso. Eso es parte de lo que la ONU considera arbitrario. No es solo cómo lo detuvieron, sino cuánto tiempo lo han mantenido sin resolver su caso.