No habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno
A días del relevo presidencial en Colombia, la Misión de Verificación de la ONU presenta un informe que retrata un país atrapado entre la promesa de la paz y la persistencia de la violencia. La estrategia de paz total del gobierno Petro, cuestionada por sus propias contradicciones institucionales y por la fragilidad de los territorios en conflicto, cede el paso a un gobierno entrante que promete desmantelarla por completo. En ese umbral, lo que se debate no es solo una política pública, sino el modelo de convivencia que Colombia elegirá para las próximas generaciones.
- La ONU documenta una ola de violencia en seis departamentos con drones explosivos, confinamientos humanitarios y reclutamiento activo de niños, revelando que la paz total no logró detener el ciclo de guerra.
- Las tensiones entre el gobierno Petro y la Fiscalía sobre las zonas de concentración de combatientes paralizaron aspectos clave de la estrategia, dejando el proceso en un limbo jurídico y político.
- El presidente electo De la Espriella anuncia el desmantelamiento de toda la arquitectura de paz, eliminando la Unidad de Implementación y el Alto Comisionado, y reemplazándolos por una lógica de seguridad.
- El expresidente Santos sale en defensa del Acuerdo de 2016, advirtiendo que culparlo por la violencia es confundir deliberadamente el instrumento con la falta de voluntad para aplicarlo.
- Con el informe de la ONU llegando a Nueva York el 15 de julio y el cambio de gobierno el 7 de agosto, Colombia enfrenta una bifurcación histórica cuyo desenlace marcará el rumbo del conflicto por años.
A días de que Abelardo de la Espriella asuma la presidencia de Colombia, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas presentó un informe que describe una situación de seguridad frágil y cuestiona la efectividad de la paz total impulsada por Gustavo Petro. El documento, que será expuesto en Nueva York el 15 de julio, llega en un momento de tensión política aguda y transición inminente.
En los territorios de conflicto, la violencia no cedió. Una ola de enfrentamientos golpeó el Suroccidente del país a finales de abril, y Guaviare enfrentó nuevas crisis en mayo. Los grupos armados, sostenidos por economías ilícitas como la minería clandestina, intensificaron el uso de drones explosivos y generaron confinamientos humanitarios en seis departamentos: Amazonas, Antioquia, sur de Bolívar, Caquetá, Cauca y Chocó. En Norte de Santander, los desplazamientos masivos persistieron a niveles alarmantes, mientras el reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos armados siguió siendo motivo de grave preocupación internacional.
En paralelo, el proceso de paz total enfrentó sus propias fracturas institucionales. La Fiscalía exigió avances verificables antes de establecer zonas de concentración para combatientes; el gobierno buscó acelerar esas zonas antes del fin del mandato. Esa tensión dejó en suspenso aspectos centrales de la estrategia. Sobre el Acuerdo de 2016, la Misión reconoció progresos en reforma rural y reincorporación, pero señaló que su distribución territorial ha sido desigual y que la violencia localizada sigue afectando a comunidades, líderes sociales y excombatientes.
El panorama político está a punto de cambiar de manera radical. De la Espriella ha prometido eliminar la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la figura del Alto Comisionado para la Paz, trasladando esas funciones al Comisionado Nacional de Seguridad. Sus ministros designados recibieron órdenes de desmontar toda estructura que consideren refugio de impunidad. Frente a esos anuncios, el expresidente Juan Manuel Santos salió en defensa del Acuerdo, argumentando que culparlo por las acciones de grupos criminales es desconocer la realidad: lo que cierra el paso a esos actores es implementar el acuerdo, no debilitarlo.
La Misión advierte que superar las carencias actuales requerirá esfuerzos sostenidos en presencia institucional y coordinación. Sin embargo, con un gobierno que promete priorizar la seguridad sobre los diálogos, el camino que tomará Colombia en los próximos años permanece profundamente incierto.
A días de que un nuevo gobierno asuma el poder en Colombia, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas presentó un informe que pinta un cuadro sombrío de la seguridad en el país y cuestiona la efectividad de la estrategia de paz total impulsada por Gustavo Petro. El documento, que será presentado en Nueva York el 15 de julio, llega en un momento de tensión política aguda, cuando el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella ya ha anunciado planes radicales para desmantelar la arquitectura de paz construida en los últimos años.
Según el informe de la Misión, la situación en territorios aún marcados por el conflicto se mantiene frágil. Durante la última semana de abril, una ola de violencia azotó la región Suroccidente del país, mientras que a finales de mayo el departamento de Guaviare enfrentó nuevas crisis de seguridad. Los grupos armados ilegales, alimentados por economías ilícitas como la minería clandestina, continúan disputándose el control territorial con consecuencias devastadoras para la población civil. La presencia de estos actores ha generado un ciclo de violencia que se intensifica con el uso cada vez más frecuente de artefactos explosivos lanzados por drones, una táctica que ha restringido severamente la movilidad de civiles en zonas de conflicto.
Los confinamientos forzados derivados de estos enfrentamientos han desencadenado crisis humanitarias en seis departamentos: Amazonas, Antioquia, sur de Bolívar, Caquetá, Cauca y Chocó. En Norte de Santander, los desplazamientos masivos persisten a niveles alarmantes. Entre los aspectos más preocupantes documentados por la Misión está el reclutamiento activo y la utilización de niños y niñas por grupos armados, una práctica que sigue siendo motivo de grave inquietud internacional. Estos hechos ocurren mientras el gobierno Petro ha intentado avanzar en diálogos con grupos armados bajo el marco de la paz total, un proceso que ha generado profundas divergencias con la Fiscalía General de la Nación sobre cómo proceder legalmente.
La Fiscalía ha insistido en que antes de establecer zonas de concentración temporal para combatientes, deben demostrarse avances verificables y suficientes en los procesos de diálogo. El gobierno, por su parte, ha buscado acelerar el establecimiento de estas zonas antes de que termine el mandato actual. Estas posiciones encontradas reflejan desacuerdos más amplios sobre la secuencia, las condiciones y las garantías que deben acompañar cada proceso, así como su compatibilidad con el marco legal vigente. La tensión entre estos enfoques ha dejado en suspenso la implementación de aspectos clave de la estrategia de paz.
Respecto a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, la Misión reconoce que ha habido progresos graduales pero desiguales. Los procesos de reforma rural integral y reincorporación de excombatientes han avanzado, especialmente en la entrega de tierras y en medidas para mejorar el acceso a medios de subsistencia y servicios básicos. Sin embargo, estos avances se han distribuido de manera irregular en los territorios, lo que expone limitaciones persistentes en la presencia del Estado, la coordinación institucional y la seguridad en zonas afectadas por el conflicto. La violencia localizada y la rivalidad entre grupos armados han continuado causando daño a comunidades, líderes sociales y excombatientes.
Ahora bien, el panorama político está a punto de cambiar radicalmente. Abelardo de la Espriella, quien asumirá la presidencia el 7 de agosto, ha prometido un giro de 180 grados en la política de paz. Ha anunciado que eliminará la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la figura del Alto Comisionado para la Paz, trasladando estas funciones al Comisionado Nacional de Seguridad. En declaraciones contundentes, ha afirmado que no habrá más procesos de "falsa paz" en su gobierno y que su objetivo será desmantelar lo que describe como un "perverso sistema de impunidad". Sus ministros designados de Justicia e Interior han recibido órdenes explícitas de desmontar toda estructura que consideren refugio de impunidad bajo el espejismo de la paz total.
Estas declaraciones han generado reacciones encontradas. Mientras algunos miembros del círculo cercano de De la Espriella las respaldan, han surgido críticas fuertes desde diversos sectores. Juan Manuel Santos, expresidente y Premio Nobel de Paz, salió en defensa del Acuerdo más allá de consideraciones partidistas. Argumentó que culpar al acuerdo por las acciones de estructuras criminales es desconocer deliberadamente la realidad, y que lo que permite cerrar el paso a esos grupos es precisamente implementar el acuerdo, no sabotearlo ni debilitarlo. Para Santos, el fracaso no es del acuerdo sino de quienes han impedido su implementación integral.
La Misión de Verificación ha señalado que para subsanar las carencias actuales serán necesarios esfuerzos sostenidos para reforzar la presencia institucional, mejorar la coordinación entre sectores y garantizar que la implementación se traduzca en mejoras tangibles para las comunidades afectadas. Sin embargo, con un nuevo gobierno que promete desmantelar la estructura de paz y priorizar la seguridad sobre los diálogos, el camino hacia adelante es profundamente incierto. Lo que está en juego no es solo la estrategia de paz, sino la dirección fundamental que tomará el país en los próximos años.
Citas Notables
Culpar al acuerdo por el accionar de estas estructuras criminales es desconocer deliberadamente la realidad. Lo que permite cerrar el paso a esos grupos es precisamente implementarlo, no sabotearlo ni debilitarlo— Juan Manuel Santos, expresidente y Premio Nobel de Paz
El Comisionado para la Seguridad, el ministro de Justicia y el ministro del Interior tienen la orden de desmontar toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz— Abelardo de la Espriella, presidente electo
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué la ONU presenta este informe justo ahora, cuando hay un cambio de gobierno?
Porque el momento es crítico. La Misión documenta lo que pasó bajo Petro, pero sabe que De la Espriella va a cambiar todo. Es un registro de lo que fue, antes de que desaparezca.
¿Qué tan grave es lo que describe la ONU en términos de seguridad?
Muy grave. No es solo violencia dispersa. Hay confinamientos que generan crisis humanitarias en seis departamentos, drones con explosivos, reclutamiento de menores. Es una intensificación, no una mejora.
Pero Petro intentó hacer paz. ¿Por qué no funcionó?
Porque la paz total chocó con la realidad del territorio. Los grupos armados siguieron peleando por control y dinero de la minería ilegal. Y el gobierno y la Fiscalía no se pusieron de acuerdo sobre cómo proceder legalmente. Fue un proceso atrapado entre dos visiones.
¿Qué significa que De la Espriella elimine el Alto Comisionado para la Paz?
Significa que deja de haber una institución dedicada a implementar el acuerdo de 2016. Todo pasa a Seguridad. Es un cambio de prioridades tan radical que algunos ven como un rechazo al acuerdo mismo.
¿Tiene razón Santos cuando dice que el acuerdo no es el problema?
Tiene un punto. El acuerdo no creó los grupos armados ni la minería ilegal. Pero también es cierto que no se implementó de manera integral. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo.
¿Qué pasa con los civiles atrapados en medio de todo esto?
Siguen confinados, desplazados, reclutando a sus hijos. La política cambia en Bogotá, pero en el territorio la violencia sigue siendo la realidad cotidiana.