Las respuestas tienen que tener base en la evidencia, no en ideología
En el cruce entre la urgencia del orden público y el debate sobre la justicia juvenil, la ministra argentina Alejandra Monteoliva salió a defender una de las apuestas más polémicas de su gobierno: que los menores que delinquen deben responder ante la ley. Desde su cartera, argumenta que años de 'romantización del delito' han dejado a las víctimas sin respuesta, y que la evidencia —no la ideología— debe guiar la política de seguridad. El anuncio de un nuevo sistema penitenciario clasificado y la posible visita del papa completan un momento en que el Estado argentino busca redefinir los límites de la responsabilidad penal y el rol de sus instituciones.
- La baja de la edad de imputabilidad concentra la tensión central: el gobierno insiste en que ningún delincuente, sin importar su edad, puede quedar impune, mientras sectores críticos advierten sobre el impacto en menores vulnerables.
- Monteoliva acusa a gestiones anteriores de haber 'ideologizado' la seguridad y de haber romantizado el crimen, dejando a las víctimas sin el respaldo del Estado.
- El sistema penitenciario arrancó sin historia criminológica alguna; el relevamiento de 12.200 reclusos en 2024 fue el primer paso para clasificarlos, redistribuirlos y vincularlos a trabajo productivo como la fabricación de uniformes federales.
- El gobierno descarta el modelo salvadoreño pero endurece su postura: 140 presos de alto riesgo ya están aislados, y se prepara una reforma del Código Penal para tipificar nuevos delitos ante la evolución de las organizaciones criminales.
- En paralelo, el ministerio activa un operativo de seguridad para una posible visita del papa León XIV, movilizando al mismo equipo que organizó el G20.
La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva se presentó en el programa Comunidad de Negocios de LN+ con un mensaje sin concesiones: los menores que cometen delitos no pueden quedar impunes, y Argentina ha pagado un precio alto por años de lo que ella llama 'romantización del crimen'. Defendió la baja de la edad de imputabilidad como una política basada en evidencia, no en ideología, y señaló que las tasas de homicidio más bajas en años y los mejores indicadores de seguridad de la región avalan el rumbo elegido.
Más allá del debate sobre imputabilidad, Monteoliva anunció un plan de reorganización penitenciaria que comenzó con algo tan básico como inexistente al inicio de la gestión: una historia criminológica de los reclusos. El relevamiento realizado a principios de 2024 identificó a 12.200 personas en el sistema. Con esos datos, el ministerio empezó a clasificar a los presos por perfil, distribuirlos en pabellones diferenciados y conectarlos con trabajo productivo. Hoy, reclusos del Servicio Penitenciario Federal fabrican los uniformes de las fuerzas federales con máquinas textiles adquiridas por el Estado.
Ante la pregunta sobre si Argentina seguiría el modelo carcelario de El Salvador, la ministra fue tajante: esa realidad no tiene nada que ver con lo que su cartera busca construir. Aun así, reconoció que 140 personas catalogadas como de alto riesgo ya están aisladas del resto de la población penitenciaria. También adelantó que el Código Penal deberá reformarse para acompañar la evolución de las organizaciones criminales y los cambios geopolíticos regionales, en un contexto en que Argentina se posiciona como principal socio de Estados Unidos en la región.
Como nota final, Monteoliva confirmó que su ministerio trabaja en un operativo de seguridad ante la posible visita del papa León XIV. El mismo equipo que coordinó el G20 está a cargo de los preparativos, adaptándose a los estrictos estándares del Vaticano. 'Queremos que eso suceda', dijo la ministra, subrayando la importancia que el gobierno le asigna al evento.
La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva se presentó ante las cámaras con un mensaje claro: los menores que cometen delitos no pueden quedar sin castigo, y la sociedad argentina ha estado equivocada durante años al romantizar el crimen. En una entrevista con José Del Rio en el programa Comunidad de Negocios de LN+, Monteoliva defendió sin matices la baja de la edad de imputabilidad, una de las políticas más controvertidas del gobierno actual, argumentando que las víctimas y los perpetradores merecen respuestas concretas, no ideología.
La funcionaria fue directa en su crítica al pasado. Durante muchos años, dijo, la gestión de seguridad en Argentina estuvo atravesada por lo que ella llamó una "ideologización" de las políticas, donde los gobiernos anteriores se negaban a tomar partido por las víctimas. "Se produjo una romantización del delito", afirmó, señalando que esas posiciones ideológicas impidieron que la seguridad se construyera sobre bases de evidencia. Para Monteoliva, las decisiones de su cartera deben responder a datos concretos, no a principios políticos, y citó como prueba de su enfoque la tasa de homicidios más baja que ha registrado Argentina en años, así como los indicadores de seguridad más bajos de toda la región.
Más allá de la defensa de la baja de imputabilidad, Monteoliva anunció un nuevo plan nacional que busca reorganizar completamente el sistema penitenciario. Explicó que cuando asumió el gobierno, no existía siquiera una historia criminológica de los reclusos en el país. La primera se realizó a principios de 2024 y detectó 12.200 personas en el sistema. Con esa información, la cartera comenzó a clasificar y distribuir a los presos en pabellones según su perfil, y ahora muchos de ellos trabajan en tareas productivas. Un ejemplo que destacó fue la compra de máquinas textiles: los reclusos del Servicio Penitenciario Federal fabrican ahora los uniformes de las fuerzas federales, transformando el tiempo de encierro en algo que genera valor.
Cuando se le preguntó si el gobierno estaba considerando un modelo similar al de El Salvador, conocido por sus políticas carcelarias extremadamente duras, Monteoliva rechazó la comparación. Dijo que El Salvador representa "una realidad que no tiene nada que ver" con lo que Argentina pretende hacer. Su cartera, aseguró, busca servicios penitenciarios que garanticen medidas de resguardo y cuidado. Actualmente, hay 140 personas en el sistema de alto riesgo, donde se concentra a los delincuentes más peligrosos para que no compartan espacios con otros reclusos.
La ministra también insistió en la necesidad de reformar el Código Penal. Argumentó que las organizaciones criminales han evolucionado, que la geopolítica regional ha cambiado, y que el marco legal debe acompañar esos cambios. Mencionó que hay nuevos delitos que deben ser tipificados y que algunas penas requieren endurecimiento. En este contexto, señaló que Argentina se ha convertido en el principal socio de Estados Unidos en la región, lo que implica nuevas responsabilidades en materia de seguridad.
En otro orden de cosas, Monteoliva informó que su cartera está preparando un operativo de seguridad ante la posibilidad de que el papa León XIV visite Argentina en los próximos meses. Hace algunas semanas, el canciller anunció públicamente que existe esa posibilidad, y desde entonces el ministerio comenzó a articular un dispositivo específico. La ministra explicó que una visita papal requiere un despliegue muy particular porque el Vaticano tiene estándares de seguridad muy precisos que deben cumplirse. El equipo que participó en la organización del G20 es el mismo que ahora trabaja en los preparativos. "Queremos que eso suceda", dijo Monteoliva, dejando clara la disposición del ministerio a colaborar en lo que considera un evento de gran importancia para los argentinos.
Citas Notables
Se produjo una romantización del delito. No se ponían del lado de las víctimas. Nosotros eso lo tenemos muy claro— Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad
Las organizaciones criminales han mutado, la geopolítica se modificó y hay que acompañar esos cambios con medidas jurídicas— Alejandra Monteoliva
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué insiste tanto en que los menores deben ser imputables? ¿No hay otras formas de responder sin bajar la edad?
Para Monteoliva, la cuestión no es cuántos delitos cometen menores, sino que cuando los cometen, las víctimas quedan sin respuesta. Ella ve eso como una falta de justicia, no como un problema de números.
Pero cuando habla de "romantización del delito", ¿a quién le está hablando realmente?
A los gobiernos anteriores, a los que ella cree que priorizaban la ideología sobre las víctimas. Es una forma de decir que el pasado eligió un bando y ella eligió otro.
¿Y esa historia criminológica que mencionó, la de los 12.200 reclusos, qué cambió realmente?
Permitió clasificar a los presos, saber quién es quién. Antes no había eso. Ahora algunos trabajan, fabrican uniformes. Es un cambio de cómo se ve el tiempo en la cárcel.
¿Por qué rechaza tan enfáticamente el modelo de El Salvador?
Porque El Salvador es represión pura, sin rehabilitación. Monteoliva quiere que parezca que hay un cuidado, un orden, no solo castigo. Es una diferencia de narrativa.
¿Y la reforma del Código Penal que anuncia, es algo que ya está en marcha o es una promesa?
Está en la agenda, pero no hay detalles. Dice que las organizaciones criminales han mutado y que el derecho debe acompañar, pero no especifica qué delitos nuevos ni qué penas.