Sin ese certificado adulterado, jamás habría calificado para el cargo
En las democracias modernas, la legitimidad del poder descansa sobre la autenticidad de quienes lo ejercen. Freddy Solano González, nombrado ministro de Trabajo del Perú en mayo de 2026, enfrenta hoy una denuncia que cuestiona los cimientos mismos de su trayectoria pública: un certificado laboral presuntamente falsificado habría sido la llave que abrió seis puertas del Estado, incluyendo la conducción de la entidad encargada de fiscalizar el trabajo ajeno. La ironía institucional es tan profunda como la pregunta que deja abierta: ¿cuántos filtros debe atravesar una mentira antes de convertirse en cargo?
- Un reportaje de Cuarto Poder reveló que el ministro de Trabajo habría usado un certificado laboral apócrifo para acceder a la jefatura de Sunafil en 2023 y a cinco cargos públicos adicionales.
- La empresa JCU S.R.L. confirmó por escrito en junio de 2024 que el documento no es auténtico: la firma, el membrete y hasta el nombre de la compañía estaban alterados.
- Sin ese certificado, Solano González no habría reunido la experiencia mínima exigida para ninguno de los puestos que ocupó, según un experto en contrataciones del Estado.
- El área de Recursos Humanos del Ministerio detectó las irregularidades desde julio de 2023, pero recién en mayo de 2026 se recomendó formalmente abrir un proceso disciplinario.
- La defensa del ministro niega toda falsedad y sostiene que los servicios fueron prestados realmente en Trujillo, mientras la amenaza de acciones penales se cierne sobre el caso.
Freddy Solano González asumió el Ministerio de Trabajo el 29 de mayo de 2026. Apenas tres semanas después, el programa Cuarto Poder lo acusó de haber presentado un certificado laboral falsificado para ingresar al aparato estatal, comenzando por la jefatura de Sunafil en octubre de 2023.
El documento cuestionado, fechado en noviembre de 2017, afirmaba que Solano había sido jefe legal de la empresa de courier JCU S.R.L. entre 2016 y 2017. Pero en junio de 2024, el gerente general de esa compañía, Carlos Ubillus Urbina, envió una carta formal al Ministerio de Trabajo desmintiendo la autenticidad del certificado: la firma no era suya, el membrete no correspondía a su empresa y hasta el nombre de la compañía aparecía mal escrito. "Me extrañó que sea ministro a pesar de todo", declaró Ubillus.
Según la investigación, ese único documento adulterado le habría abierto la puerta a seis nombramientos en distintas instituciones del Estado —entre ellas el Ministerio de Educación, Corpac y Promperú— con salarios de entre 15 000 y 19 000 soles mensuales. El experto en contrataciones José Antonio Trelles fue contundente: sin ese certificado, Solano no habría calificado para ninguno de esos cargos.
La defensa del ministro, a cargo de la abogada Sara Lozano, rechazó las acusaciones y aseguró que los servicios fueron prestados efectivamente en Trujillo. Sin embargo, la cronología interna del propio ministerio complica esa postura: Recursos Humanos detectó las irregularidades en julio de 2023, y recién en mayo de 2026 un informe técnico recomendó abrir un proceso disciplinario por "elementos probatorios de falsedad". El caso podría derivar en acciones penales que alcanzarían al funcionario de mayor rango en la cartera laboral del país.
Freddy José María Solano González asumió la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo el 29 de mayo de 2026 bajo la administración del presidente José María Balcázar. Tres semanas después, un reportaje del programa Cuarto Poder lo acusó de haber presentado un certificado laboral falsificado para acceder a puestos públicos estratégicos, incluyendo la titularidad de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en octubre de 2023.
El documento en cuestión, fechado el 30 de noviembre de 2017, aseguraba que Solano González había ejercido como jefe legal de la empresa de courier JCU S.R.L. desde septiembre de 2016 hasta noviembre de 2017. Sin embargo, el 11 de junio de 2024, Carlos Ubillus Urbina, gerente general de JCU S.R.L., envió una carta formal al Ministerio de Trabajo declarando que el certificado no era auténtico. La firma no correspondía a la del gerente general, la hoja membretada no era de su empresa, y además el documento mencionaba "Service JCV SRL" cuando la compañía se llamaba "Service JCU SRL". Ubillus expresó su sorpresa ante el nombramiento: "Me extrañó que sea ministro a pesar de todo, no sé cómo lo habrá hecho".
Según la investigación de Cuarto Poder, este certificado adulterado no solo circuló por los filtros de Sunafil, sino que permitió a Solano González acceder a seis nombramientos en diferentes instituciones del Estado. Antes de llegar al ministerio, ocupó puestos en el Ministerio de Educación (septiembre de 2024), el programa Contigo (marzo de 2025), Corpac (diciembre 2025 a febrero de 2026) y Promperú (marzo de 2026), con salarios que oscilaban entre 15 000 y 19 000 soles mensuales.
José Antonio Trelles, experto en contrataciones del Estado, fue categórico: sin ese certificado falsificado, Solano González nunca habría calificado para ninguno de estos cargos, particularmente el de jefe de Sunafil, porque no reunía la experiencia profesional mínima requerida. El documento fraudulento atravesó no solo la Superintendencia sino también cinco instituciones públicas adicionales donde posteriormente trabajó el ahora ministro.
La defensa legal de Solano González, representada por la abogada Sara Lozano, rechazó categóricamente las acusaciones. Argumentó que no habían presentado documentación falsa alguna, que el servicio se prestó efectivamente en la ciudad de Trujillo, y que Solano sí realizó labores para la empresa en cuestión. Sin embargo, Trelles subrayó que la presentación de documentos falsos ante la administración pública constituye un delito que puede derivar tanto en acciones disciplinarias como en acciones penales, las cuales debieron haber sido comunicadas a la procuraduría correspondiente.
La cronología interna revela que el área de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo detectó las presuntas irregularidades ya en julio de 2023. Casi tres años después, en mayo de 2026, un informe técnico recomendó abrir un proceso disciplinario por la existencia de "elementos probatorios de falsedad". El caso ahora enfrenta tanto investigaciones administrativas como la posibilidad de derivaciones penales que podrían alcanzar al funcionario de más alto rango en la cartera laboral del país.
Notable Quotes
Me extrañó que sea ministro a pesar de todo, no sé cómo lo habrá hecho— Carlos Ubillus Urbina, gerente general de JCU S.R.L.
Sin ese certificado adulterado Solano González jamás hubiese podido ser contratado. No reunía la experiencia profesional mínima requerida para el cargo— José Antonio Trelles, experto en contrataciones del Estado
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Cómo es posible que un certificado falso pase por los filtros de seis instituciones públicas diferentes?
Porque cada institución confía en que el candidato presentó documentación validada previamente. Una vez que el documento entra al sistema, se replica de expediente en expediente sin que nadie vuelva a verificar su autenticidad con la fuente original.
¿Por qué la empresa JCU esperó casi un año después de que Solano fue nombrado en Sunafil para denunciar el certificado?
No está claro en el reportaje. Pero es posible que la empresa no se percatara del uso del documento hasta que alguien interno lo señalara, o que haya habido un cambio de administración que permitió revisar los registros.
¿Qué tan grave es esto en términos legales?
Es muy grave. No es solo un problema administrativo. Presentar documentos falsos ante la administración pública es delito penal. Significa que Solano accedió a seis cargos públicos bajo falsos pretextos, ganando decenas de miles de soles en salarios a los que no tenía derecho.
¿Qué pasa ahora?
Técnicamente, hay un informe de mayo de 2026 recomendando un proceso disciplinario. Pero la verdadera pregunta es si la procuraduría abrirá una investigación penal. Si lo hace, Solano podría enfrentar cargos criminales, no solo la pérdida del cargo.
¿Cómo responde Solano a todo esto?
Su abogada dice que el trabajo sí se realizó, que el servicio se prestó en Trujillo. Pero eso no responde la pregunta central: ¿por qué el documento tiene errores tan básicos, como el nombre incorrecto de la empresa y una firma que no es de JCU?