Si no se identifica al agresor, dejas sin justicia a la víctima
En las aulas peruanas, donde la confianza entre adultos y niños debería ser sagrada, el Estado registró 2.432 denuncias de abuso sexual escolar en 2022, la mayoría atribuidas a trabajadores de los propios centros educativos. El crecimiento sostenido de reportes desde 2017 refleja no solo la magnitud del problema, sino también una mayor disposición de las víctimas a alzar la voz gracias a reformas legales y campañas de concientización. Sin embargo, la lentitud institucional en resolver los casos —apenas el 40% cerrado— revela una brecha dolorosa entre el acto de denunciar y el acto de proteger.
- Más de 2.400 menores denunciaron abuso sexual en escuelas peruanas en 2022, y el 62% de los acusados son el propio personal educativo que debería custodiarlos.
- Casi la mitad de los casos permanece sin resolución, dejando a víctimas en una espera que prolonga el daño y expone a otros estudiantes al mismo riesgo.
- Los primeros 31 días de 2023 ya sumaban 21 nuevos casos, con casi el 90% señalando a trabajadores del colegio, lo que evidencia que el problema no cede.
- Expertos y exfuncionarios exigen bases de datos de antecedentes docentes en tiempo real, supervisiones regulares y mayor celeridad del Ministerio Público para cerrar la brecha entre denuncia y justicia.
- Un vacío presupuestario agrava la crisis: cuando un docente investigado es retirado del aula, el colegio no recibe fondos para contratar un reemplazo, afectando tanto la seguridad como la continuidad educativa.
En 2022, el Ministerio de Educación peruano registró 2.432 denuncias de abuso sexual contra escolares. El 62% de los acusados son trabajadores de los propios colegios, y el 72% de las víctimas cursaban secundaria. Los hechos denunciados involucraban principalmente tocamientos y actos de connotación sexual.
Las denuncias han crecido de forma sostenida desde 2017, cuando se reportaron 797 casos. En 2018 la cifra casi se duplicó, impulsada por la Ley 29988 —que permitió destituir a 800 docentes acusados— y por un convenio con Unicef que fortaleció el portal de reportes. Según el exministro Daniel Alfaro, este aumento refleja más capacidad de denuncia que un incremento real de la violencia.
Sin embargo, el avance en denuncias contrasta con la parálisis en resoluciones: solo el 40% de los casos han sido cerrados. El 47% restante está en proceso o sin revisar. La abogada Brenda Álvarez advierte que esta demora vulnera el derecho a la justicia de las víctimas y deja expuestos a más menores. Alfaro considera que el sistema debería resolver entre el 80% y el 90% de los casos antes de fin de año.
Alfaro propone que el Minedu comparta con los directores una base de datos actualizada de antecedentes docentes —incluyendo a quienes están bajo investigación— mediante un convenio con la Fiscalía. También recomienda supervisiones regulares de las Ugeles y mayor presión institucional para acelerar las investigaciones del Ministerio Público.
Un problema estructural agrava el panorama: cuando un docente es apartado del aula por investigación, el colegio no recibe los fondos de esa plaza para contratar un reemplazo. Mientras los procesos judiciales se extienden por años, los estudiantes quedan sin cobertura docente. Para Alfaro, esta situación es insostenible y exige reformas urgentes que protejan a la vez los derechos de las víctimas y la continuidad educativa.
En 2022, el Ministerio de Educación peruano registró 2.432 denuncias de abuso sexual contra escolares a través de su portal de reportes. Casi la mitad de estos casos permanece sin resolver. El 62% de los acusados son trabajadores de los propios colegios; el 38% restante son otros estudiantes. La mayoría de las víctimas —el 72%— cursaban educación secundaria, y los hechos denunciados involucraban principalmente tocamientos e actos de connotación sexual.
El número de denuncias ha crecido sostenidamente desde que se lanzó el portal. En 2017 se reportaron 797 casos. Un año después, en 2018, esa cifra saltó a 1.510, un aumento de casi 90%. Según Daniel Alfaro, exministro de Educación, este incremento no refleja necesariamente un aumento en la violencia, sino una mayor capacidad de los estudiantes para denunciar. Dos medidas impulsaron este cambio: la implementación de la Ley 29988, que permitió destituir a 800 docentes acusados principalmente de abuso y violación sexual, y un convenio con Unicef que financió más personal para atender casos y fortalecer la publicidad del portal.
Pero el crecimiento en denuncias contrasta con la lentitud en la resolución. Hasta la fecha de este reporte, solo el 40% de los casos han sido completamente cerrados por el Minedu. El 14% aún requiere validación, mientras que el 47% restante se encuentra en proceso de atención o ni siquiera ha sido revisado. Alfaro señala que el objetivo debería ser resolver entre el 80% y el 90% de los casos antes de fin de año, dejando un máximo de 20% sin resolver. Brenda Álvarez, abogada de Proyecta Igualdad, advierte que esta demora no solo vulnera el derecho a la justicia de las víctimas, sino que continúa exponiendo a más menores a situaciones similares.
Los números más recientes refuerzan la urgencia. Hasta el 31 de enero del año en que se publica este reportaje, se habían registrado 21 nuevos casos de abuso sexual en colegios. Casi el 90% de ellos tenía como acusado a un trabajador del centro educativo. La persistencia del problema y la lentitud en las respuestas institucionales plantean interrogantes sobre la capacidad del sistema para proteger a los estudiantes.
Alfaro propone varias medidas para mejorar la situación. Sugiere que el Minedu facilite a los directores una base de datos actualizada de antecedentes de docentes, incluyendo no solo a condenados sino también a quienes están bajo investigación. Esto requeriría un convenio con la Fiscalía para compartir información en tiempo real. También recomienda que las Ugeles realicen supervisiones regulares en los colegios y revisen los antecedentes de los maestros contratados. Finalmente, propone que el Minedu solicite constantemente celeridad al Ministerio Público en las investigaciones.
Un problema adicional complica el panorama: cuando un docente es removido del aula por investigación, es trasladado a una Ugel o Dirección de Educación, pero las instituciones educativas no reciben los fondos de la plaza vacante. Esto significa que los colegios no pueden contratar rápidamente un reemplazo, afectando la calidad educativa. Mientras las investigaciones judiciales avanzan lentamente —a veces durante años—, los estudiantes permanecen sin la cobertura docente necesaria. Alfaro enfatiza que esta situación es insostenible y requiere cambios inmediatos en cómo el sistema maneja tanto la investigación como la continuidad educativa.
Citas Notables
El porcentaje no resuelto debería ser de máximo un 20%, pero el objetivo es que entre el 80% y el 90% de casos se resuelvan antes de terminar el año— Daniel Alfaro, exministro de Educación
No solo se está vulnerando el derecho al acceso a justicia de las niñas y niños, sino que se sigue exponiendo a más escolares a situaciones semejantes— Brenda Álvarez, abogada de Proyecta Igualdad
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué el número de denuncias creció tanto entre 2017 y 2018?
No fue porque de repente hubiera más abuso. Fue porque el ministerio destituyo a 800 docentes acusados de delitos sexuales y lo hizo público. Eso envió un mensaje: aquí se toman en serio estas denuncias. También contrataron más gente para atender casos y mejoraron la publicidad del portal. Los estudiantes vieron que algo estaba cambiando.
Pero si más denuncias es bueno, ¿por qué el 47% de los casos sigue sin resolverse?
Porque el sistema no creció al mismo ritmo que la confianza. Abrieron la puerta para que los estudiantes denunciaran, pero no prepararon suficiente capacidad para responder. Ahora hay un cuello de botella: más casos llegan, pero se resuelven lentamente.
¿Qué pasa mientras un caso espera resolución?
La víctima sigue sin justicia. Y el acusado, si trabaja en el colegio, probablemente fue trasladado a otra oficina administrativa, pero sigue siendo empleado del estado. Otros menores quedan expuestos al mismo riesgo.
El exministro menciona que los docentes removidos no son reemplazados rápidamente. ¿Eso afecta a los estudiantes?
Directamente. Si un profesor es investigado y sacado del aula, la plaza queda vacía. El colegio no recibe el dinero para contratar a alguien más hasta que termine el proceso judicial. A veces eso toma años. Entonces los estudiantes pierden clases mientras esperan que la justicia actúe.
¿Cuál es la solución que proponen?
Compartir información entre instituciones. El ministerio debería tener acceso a una base de datos de antecedentes de docentes, incluyendo a quienes están bajo investigación, no solo a los condenados. Las Ugeles deberían supervisar regularmente. Y el ministerio debe presionar constantemente a la Fiscalía para que acelere las investigaciones. Sin eso, el sistema seguirá siendo lento.