Maduro ha hecho de la violencia y la represión su campaña
A once días de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio, el régimen de Nicolás Maduro intensifica una campaña de represión sistemática contra colaboradores y activistas de la oposición, evidenciada en el secuestro del jefe de custodia de María Corina Machado y más de cien detenciones documentadas en 2024. Lo que ocurre en Venezuela no es solo una disputa electoral: es la vieja tensión entre el poder que teme perder su lugar y la voluntad ciudadana que insiste en ser escuchada. La historia observa, una vez más, cómo la represión revela la fragilidad de quienes la ejercen.
- El secuestro nocturno de Milciades Ávila, hombre de confianza de Machado durante una década, deja a la campaña opositora sin su jefe de protección en el momento más crítico antes del 28 de julio.
- El Foro Penal documenta 102 detenciones vinculadas a la candidatura opositora en 2024, con 77 solo desde el inicio formal de campaña, dibujando un patrón que ya no puede llamarse coincidencia.
- La represión va más allá de los arrestos: negocios cerrados, motos y equipos de sonido confiscados, y un cantante detenido por componer una canción de campaña revelan la amplitud del acoso institucional.
- Organizaciones de derechos humanos, partidos opositores e incluso un rector del CNE exigen que cesen los arrestos arbitrarios y se garantice una elección libre, pero el régimen continúa su avance.
- Machado lanza una alerta mundial y responsabiliza directamente a Maduro por la integridad de 25 personas de sus equipos detenidas, convirtiendo cada arresto en un acto político visible ante la comunidad internacional.
Milciades Ávila llevaba diez años al lado de María Corina Machado: primero como policía con carrera destacada, luego como jefe de su unidad de protección. En la madrugada del miércoles, funcionarios del régimen irrumpieron en su vivienda y se lo llevaron, acusándolo de violencia de género tras un incidente que Machado describe como una provocación planificada ocurrida días antes en La Encrucijada. Para la líder opositora, el mensaje era inequívoco: dejarla sin protección a once días de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Machado emitió una alerta mundial y responsabilizó personalmente a Nicolás Maduro por la integridad de Ávila y de otras veinticuatro personas de sus equipos que permanecían detenidas. Su denuncia central: el régimen ha convertido la violencia y la represión en su propia campaña electoral.
Los números respaldan esa lectura. El Foro Penal documentó 102 detenciones en 2024 de personas vinculadas a la candidatura de Edmundo González Urrutia, el principal aspirante opositor. Setenta y siete de esas detenciones ocurrieron tras el 4 de julio, inicio formal de la campaña. Gonzalo Himiob, director de la organización, lo calificó como un esquema sistemático y generalizado ejecutado desde el poder contra ciudadanos identificados con la oposición.
La represión adoptó múltiples formas: negocios que habían atendido a líderes opositores fueron cerrados bajo pretextos administrativos, se confiscaron motos, embarcaciones y equipos de sonido, y en las últimas cuarenta y ocho horas once personas más fueron detenidas, entre ellas el cantante Wily Álvarez, autor de una canción de campaña para Machado y González Urrutia.
Desde distintos frentes llegaron condenas: organizaciones de derechos humanos, partidos como el Movimiento al Socialismo y Primero Justicia, candidatos opositores como Luis Eduardo Martínez, e incluso Juan Carlos Delpino, rector del Consejo Nacional Electoral, quien recordó que los arrestos arbitrarios atentan contra el ejercicio de los derechos políticos. Maduro, sin embargo, avanza hacia un tercer sexenio consecutivo en unos comicios con diez candidatos, mientras el país llega al día de la votación bajo una atmósfera de represión que la oposición ya no intenta disimular.
Milciades Ávila desapareció en la madrugada del miércoles. Llevaba una década trabajando para María Corina Machado, primero como policía con una carrera destacada, luego como jefe de su unidad de protección. Había recorrido el país con ella, exponiéndose al riesgo. Esa noche, funcionarios del régimen entraron por la fuerza a su vivienda, violando todo procedimiento legal. Lo acusaban de violencia de género contra unas mujeres que, según Machado, habían intentado agredir a ella y a Edmundo González Urrutia el sábado anterior en La Encrucijada. Había decenas de testigos y videos, dijo la líder opositora. Pero ella veía otra cosa: una provocación planificada para dejarlos sin protección once días antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Machado emitió una alerta mundial. En un comunicado publicado en redes sociales, acusó al régimen de Nicolás Maduro de hacer campaña a través de la violencia y la represión. Hizo responsable personalmente a Maduro por la integridad física de Ávila y por la de otras veinticuatro personas de sus equipos que estaban secuestradas y encarceladas por la tiranía, en sus palabras. El mensaje era claro: esto no era un caso aislado. Era un patrón.
Los números lo confirmaban. El Foro Penal, una organización especializada en presos políticos, había documentado ciento dos detenciones en 2024 de personas vinculadas a la candidatura de González Urrutia, el principal aspirante opositor y quien contaba con el apoyo de Machado, quien no pudo postularse por estar inhabilitada. Setenta y siete de esas detenciones ocurrieron después del cuatro de julio, cuando la campaña comenzó formalmente. Gonzalo Himiob, director de la organización, describió un patrón claro: actuación contra activistas, militantes, colaboradores, personas que prestaban servicios a González Urrutia y a Machado. Caracterizó lo que estaba sucediendo como un esquema sistemático y generalizado de restricción ejecutado desde el poder contra ciudadanos identificados con la opción política de ambos líderes.
La represión tomaba múltiples formas. No solo había detenciones. El régimen cerraba negocios que habían atendido a líderes antichavistas en gira política. Confiscaba equipos: motos, pequeñas embarcaciones, equipos de sonido. Las autoridades argumentaban irregularidades en registros o retrasos en pagos de impuestos, pero todos esos casos coincidían con negocios o personas que habían prestado servicio a la oposición. En las últimas cuarenta y ocho horas, once personas más habían sido detenidas, incluyendo al cantante Wily Álvarez, quien había compuesto una canción de campaña para Machado y González Urrutia.
Desde la oposición y desde organizaciones de derechos humanos llegaban advertencias sobre la intensificación de la persecución política. El Foro Penal había documentado ciento veinticuatro arrestos durante 2024 por motivos políticos y hacía un llamado al régimen para que parara la represión y permitiera una elección libre. Algunos candidatos opositores, como Luis Eduardo Martínez, hablaban de la necesidad de un cambio en paz. El Movimiento al Socialismo condenaba que el Ejecutivo usara mecanismos autoritarios y violentos para impedir que la ruta electoral se desarrollara en paz y calma. Primero Justicia denunciaba una escalada de arbitrariedades. Incluso Juan Carlos Delpino, rector del Consejo Nacional Electoral, hizo un llamado a mantener el clima pacífico y recordó que los arrestos arbitrarios atentaban contra el ejercicio de los derechos políticos.
Pero el régimen seguía adelante. Maduro buscaba un tercer sexenio consecutivo en unos comicios donde participarían diez candidatos, nueve de ellos opositores. Once días faltaban para el veintiocho de julio. Y mientras la campaña se desarrollaba bajo esta atmósfera de represión, Machado mantenía su denuncia: Maduro había hecho de la violencia y la represión su propia campaña.
Citas Notables
Hago responsable a Nicolás Maduro de la integridad física de Milciades Ávila y la de las otras 24 personas de nuestros equipos secuestrados— María Corina Machado
Constituye un indicio serio y muy claro de que se está ejecutando desde el poder un esquema sistemático y generalizado de restricción contra ciudadanos identificados con la opción política de María Corina Machado y Edmundo González— Gonzalo Himiob, director del Foro Penal
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué el régimen detendría específicamente al jefe de custodia de Machado justo ahora, a días de las elecciones?
Porque lo necesitaba vulnerable. Un incidente en campaña, mujeres que supuestamente agredieron, acusaciones de violencia de género. Tenían la excusa. Pero el timing no es casualidad: once días antes de votar, sin su protección.
¿Cree que Machado tiene razón al llamarlo una provocación planificada?
Ella dice que hay testigos y videos. Lo que es claro es que el patrón es sistemático. No es solo Ávila. Son ciento dos personas detenidas en 2024, setenta y siete desde que comenzó la campaña formal. Eso no sucede por accidente.
¿Qué busca el régimen con cerrar negocios y confiscar equipos además de detener gente?
Aislar. Desmoralizar. Si eres dueño de un negocio y atiendes a un candidato opositor, te cierran el local por supuestas deudas de impuestos. Si prestas una moto, te la confiscan. La gente aprende a no ayudar.
¿Hay algo que sugiera que esto podría cambiar antes del veintiocho de julio?
Los llamados a la paz vienen de candidatos opositores, de organizaciones de derechos humanos, incluso de un rector del Consejo Electoral. Pero el régimen sigue adelante. No hay señal de que vaya a parar.
¿Qué significa que Machado haga responsable personalmente a Maduro por la integridad física de Ávila?
Es una acusación directa. No es una denuncia burocrática. Es decir: si algo le pasa a este hombre, tú lo hiciste. Es también una forma de mantener el foco internacional en lo que está sucediendo.