Este país antielectoral ha votado, pero espera muy poco del poder
Casi dos semanas después de las elecciones presidenciales peruanas del 2026, Keiko Fujimori se perfila como ganadora con el 50,097% de los votos frente a Roberto Sánchez, aunque el resultado oficial aún no ha sido proclamado. El sistema electoral peruano, construido sobre la seguridad antes que la velocidad, exige la centralización física de cada acta antes de validar cualquier resultado. En su cuarto intento por la presidencia, Fujimori hereda un país profundamente dividido, donde la estrechez del margen y el peso de su historia familiar convierten la victoria en un punto de partida frágil más que en un mandato claro.
- Con el 99% de actas escrutadas, Fujimori lidera por menos de dos décimas de punto porcentual, un margen que refleja una nación partida casi exactamente en dos.
- El sistema electoral peruano puede demorar el resultado oficial hasta fin de mes, generando una incertidumbre que alimenta la desconfianza ciudadana en las instituciones.
- El partido rival intentó financiar impugnaciones contra 1.700 mesas electorales, pero la campaña fracasó al no reunir los fondos exigidos por el propio sistema para anular actas.
- Fujimori llega al poder con una legitimidad inicial debilitada: obtuvo apenas el 12% en primera vuelta y su partido reivindica el golpe de Estado de su padre sin autocrítica alguna.
- Movimientos feministas y organizaciones de derechos humanos advierten que su agenda —militarización, desmantelamiento del lenguaje de género, cuestionamiento del feminicidio— representa una amenaza directa para las mujeres peruanas.
- Las nuevas reglas constitucionales dificultan la destitución presidencial, pero la polarización regional y la desafección política profunda auguran un gobierno que deberá gobernar contra la corriente desde el primer día.
Casi dos semanas después de las elecciones, Perú sigue sin presidente oficial. Con el 99% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori acumula el 50,097% de los votos frente al 49,903% de Roberto Sánchez. Las actas pendientes provienen mayormente de Lima, donde Fujimori lleva ventaja, por lo que su victoria parece inevitable. Aun así, la Oficina Nacional de Procesos Electorales advierte que el resultado definitivo podría no llegar hasta fin de mes.
La demora contrasta con países vecinos donde los resultados se conocen el mismo día. El sistema peruano no busca velocidad sino seguridad: cada acta debe llegar físicamente desde su local de votación para ser centralizada y validada. No existen resultados preliminares; solo resultados oficiales, precedidos de una fase en que los partidos pueden presentar impugnaciones. El partido de Sánchez intentó financiar reclamos contra unas 1.700 mesas, pero la campaña fracasó al no reunir el dinero necesario para cubrir las tasas que el propio sistema exige. Esas tasas revelan una lógica que penaliza al que reclama y favorece a quienes tienen más recursos.
Fujimori llega a la presidencia en su cuarto intento, pero con una legitimidad inicial frágil. Pasó a segunda vuelta con apenas el 12% en la primera ronda y su partido reivindica el golpe de Estado de su padre sin ninguna autocrítica. Gobernar un país tan polarizado desde esa posición será su primer y mayor desafío.
Su agenda genera alarma entre movimientos feministas y defensoras de derechos humanos. Su bancada ha votado para debilitar la investigación del crimen organizado, ha prohibido el lenguaje inclusivo en el Estado, ha retirado la palabra género de documentos oficiales y ha cuestionado la tipificación del feminicidio en un país donde una mujer muere cada día por violencia de género. Las nuevas reglas constitucionales hacen más difícil su destitución, lo que podría dar estabilidad a su gobierno, pero la desafección ciudadana es profunda y las regiones podrían pasar de la indignación a la resistencia activa. Con los principales contrapesos institucionales alineados con el bloque gobernante, esa desafección tiene pocas vías de canalización formal.
Casi dos semanas después de que los peruanos fueron a las urnas, el país sigue sin presidente oficial. Pero los números dejan poco lugar a dudas: Keiko Fujimori ganará. Con el 99 por ciento de las actas contabilizadas, ella acumula el 50,097 por ciento de los votos frente al 49,903 por ciento de Roberto Sánchez. Es un margen que cabe en un puñado de votos, pero las actas que aún faltan por contar provienen mayormente de Lima, donde Fujimori aventaja a su rival de manera holgada. La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha advertido que el resultado oficial definitivo podría no llegar hasta fin de mes.
Esta espera resulta desconcertante si se la compara con otros países de la región. En Chile o Colombia, los resultados se conocen el mismo día de la votación o pocas horas después. Perú funciona de otra manera. El sistema electoral peruano no persigue velocidad sino seguridad. Las actas de escrutinio, elaboradas por los miembros de mesa al cierre de la jornada, deben llegar físicamente desde cada local de votación —tanto dentro del país como en el extranjero— hasta ser centralizadas y validadas. No hay resultados preliminares que tranquilicen a la población mientras se espera. Solo hay resultados oficiales, y el camino hacia ellos incluye fases en las que los partidos pueden presentar impugnaciones. Algunos analistas ven en este modelo una garantía contra el fraude; otros lo interpretan como reflejo de una desconfianza histórica en las instituciones electorales.
Esa desconfianza tiene raíces profundas en la política peruana. Ambos candidatos habían prometido respetar los resultados. Pero Sánchez, del partido Juntos por el Perú, terminó organizando una recaudación de fondos para financiar impugnaciones contra aproximadamente 1.700 mesas electorales que favorecían a Fujimori. La iniciativa fracasó: no se reunió el dinero necesario para cubrir las tasas oficiales que exige el sistema para anular mesas. El partido suspendió la campaña. La existencia de estas tasas —la obligación de pagar para poder impugnar— revela algo sobre las prioridades del sistema electoral peruano. Teóricamente desalienta reclamos infundados, pero en la práctica favorece a los partidos con mayores recursos. En lugar de modernizar el proceso para reducir impugnaciones y acelerar resultados, el sistema prefiere penalizar al que reclama.
Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, llegará finalmente a la presidencia en su cuarto intento. Pero su victoria plantea interrogantes sobre su capacidad de gobernar. Pasó a la segunda vuelta con poco más del 12 por ciento de los votos en la primera ronda y ahora gana por un margen microscópico. El desafío no es solo electoral sino histórico: su partido reivindica el golpe de Estado de su padre y ha rehusado toda autocrítica respecto de aquel gobierno autoritario. Analistas advierten que su legitimidad inicial será frágil en un país profundamente polarizado.
Las expectativas sobre su agenda generan preocupación entre sectores de izquierda y movimientos feministas. Su programa carece de claridad en áreas clave, pero ha señalado el retorno del PRONAA, una institución desaparecida que buscaba cooptar a organizaciones de mujeres pobres, además de una militarización de la seguridad ciudadana. Su bancada ha votado a favor de paquetes legislativos que debilitan la investigación del crimen organizado, ha prohibido el lenguaje inclusivo en el Estado, ha retirado la palabra género de documentos oficiales y ha cuestionado la tipificación del feminicidio en un país donde muere una mujer diariamente por violencia de género. Para defensoras de derechos humanos, el panorama es desolador.
La pregunta sobre si Fujimori podrá mantenerse en el cargo tiene respuestas divididas. Las nuevas reglas constitucionales hacen más difícil la destitución presidencial, lo que sugiere que su gobierno podría ser más estable que los anteriores. Pero su falta de legitimidad inicial será un obstáculo. Deberá gobernar desde Lima en un país dividido, con regiones que podrían pasar de la indignación a la resistencia activa. Mientras tanto, la desafección política que impregna al Perú es profunda. El país ha votado, pero espera muy poco del poder. Con los contrapesos institucionales —Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo— alineados con el bloque gobernante, esa desafección probablemente se profundizará.
Citações Notáveis
El principal reto de un gobierno de Fujimori es la legitimidad inicial. Pasó a la segunda vuelta con poco más del 12 por ciento de los votos y está ganando por un estrecho margen.— Juan de la Puente, abogado y analista político
Es necesario que ella, su equipo técnico y su agrupación política entiendan que reciben a un país altamente polarizado, con críticas válidas acerca del legado político de su padre.— Ximena Niño de Guzmán, politóloga
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué tarda tanto Perú en contar sus votos comparado con otros países?
El sistema peruano prioriza la seguridad sobre la velocidad. Las actas deben llegar físicamente desde cada mesa de votación, incluso desde el extranjero, antes de ser validadas. No hay resultados preliminares que tranquilicen mientras se espera. Es un proceso que refleja desconfianza histórica en las instituciones electorales.
Pero si Fujimori ya lidera con el 99 por ciento contado, ¿por qué no proclaman el resultado?
Porque en Perú solo existen resultados oficiales, no preliminares. El sistema permite que los partidos presenten impugnaciones en varias fases. De hecho, Sánchez intentó impugnar casi 1.700 mesas, aunque la iniciativa fracasó por falta de fondos.
¿Qué tan frágil es realmente la posición de Fujimori?
Muy frágil en términos políticos. Llegó a la segunda vuelta con apenas el 12 por ciento de los votos y ahora gana por menos de 200 votos. Su partido reivindica el golpe de Estado de su padre sin autocrítica. En un país polarizado, eso es un lastre histórico que no desaparece con una victoria electoral.
¿Qué preocupa más a quienes la observan críticamente?
Su falta de un programa claro y sus señales sobre derechos humanos y género. Su bancada ha votado contra investigaciones de crimen organizado, ha prohibido lenguaje inclusivo en el Estado y cuestiona la tipificación del feminicidio. Para defensoras de derechos, es un retroceso.
¿Podrá mantenerse en el cargo?
Las nuevas reglas constitucionales hacen más difícil destituir presidentes, así que probablemente sí. Pero su falta de legitimidad será un problema constante. Tendrá que gobernar en un país dividido, con regiones que podrían pasar de la indignación a la resistencia activa.