Atentados con vehículos bomba y drones dejan más de 40 muertos en Valle y Cauca en cuatro años

En los últimos cuatro años, la región del Valle del Cauca y el departamento del Cauca han sido escenario de una campaña sistemática de violencia que ha dejado más de cuarenta muertos. Los ataques, perpetrados principalmente por disidencias de las Farc bajo el mando de Iván Mordisco, han superado el centenar de acciones y han evolucionado desde granadas lanzadas a mano hasta sofisticadas operaciones con vehículos cargados de explosivos y cilindros detonados mediante drones.

La escalada ha sido particularmente feroz en 2025 y lo que va de 2026. El 24 de abril de este año, una buseta pequeña —del tipo que normalmente transporta estudiantes— fue estacionada junto al cantón militar Pichincha, ubicado en las instalaciones de la Tercera Brigada del Ejército en el sur de Cali. Desde el vehículo se utilizó una rampa para lanzar cilindros explosivos contra el batallón. Menos de doce horas después, otro ataque golpeó el batallón de Ingenieros Nº 3 Coronel Agustín Codazzi en Palmira, donde tres cilindros fueron lanzados desde un carro bomba. Ambos ataques fueron atribuidos al grupo armado organizado residual Jaime Martínez, al servicio de Iván Mordisco.

Los números revelan la magnitud del problema. En 2025 murieron once personas solo en Cali por cinco atentados diferentes. El más letal ocurrió el 21 de agosto, cuando dos camiones cargados con ocho cilindros cada uno fueron detonados cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez. Seis civiles murieron y setenta más resultaron heridos. Tres días antes, el 10 de junio, una escalada terrorista coordinada dejó cinco muertos —tres civiles en Cali y dos policías en el norte del Cauca— y más de ochenta heridos en ambos departamentos. En ese ataque, motos bomba fueron detonadas a control remoto en tres barrios de Cali: Meléndez, Los Mangos y Manuela Beltrán. Un censo realizado por la Alcaldía de Cali con apoyo de la Personería y la Unidad para las Víctimas contabilizó 151 personas afectadas por daños en sus viviendas y 113 inmuebles averiados en esos tres sectores.

La violencia no distingue entre objetivos militares y civiles. En junio de 2024, Rafael González, un cuidador de motocicletas y vendedor ambulante venezolano que había llegado a Jamundí buscando un mejor futuro, fue alcanzado de frente por la onda explosiva de una moto bomba detonada en el centro del municipio. Murió semanas después por sus heridas. Un año más tarde, en junio de 2025, Henry Obando, conocido en el barrio Meléndez como Barbas por su larga barba que lo distinguía como cuidador de motos durante más de una década, fue derribado por otra explosión en el mismo tipo de ataque. Ambos hombres fueron víctimas de la misma estructura criminal.

Los ataques contra la Fuerza Pública han sido constantes. En julio de 2024, un niño de diez años llamado Dylan murió cuando disidentes lanzaron granadas en zona rural del corregimiento de El Plateado en Cauca. En diciembre de 2024, una moto bomba explotó en un puesto de control de la Policía en Jamundí, dejando dieciséis heridos. El policía Kevin Alejandro Martínez murió en el incidente. En marzo de 2025, cinco militares fueron asesinados en un ataque contra un contingente en zona rural de Balboa. En septiembre, el patrullero David Fabián Rodríguez fue asesinado en un ataque contra la estación de policía en El Carmelo, Cajibío. En diciembre, los policías Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Robert Steven Melo Londoño fueron asesinados mientras patrullaban en el barrio Mariano Ramos de Cali.

La sofisticación de los ataques ha aumentado. En febrero de este año, la Policía Metropolitana de Cali frustró un atentado al detener a tres mujeres en la Terminal de Transportes con más de sesenta kilos de pentolita proveniente de Ipiales y presuntamente de Ecuador. Dos semanas después, una moto bomba fue abandonada en el puente Valencia sobre la vía Panamericana y fue detonada de manera controlada por personal antiexplosivos. El 23 de marzo, un artefacto explosivo detonó en la vía Panamericana en zona de Las Piedras, entre Timbío y Rosas en el sur caucano, dejando heridos a diez civiles y cinco uniformados. El patrullero Juan David Grande Cantero murió en ese ataque.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, reportó que solo en la zona rural de Jamundí se habían contabilizado veintiocho ataques con drones lanzados en una semana. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ofreció una recompensa de cincuenta millones de pesos por información que permitiera identificar a los autores de los ataques. El 16 de diciembre de 2025, disidentes atacaron el centro del municipio de Buenos Aires en Cauca con cilindros bomba y granadas lanzadas mediante drones, destruyendo las sedes de la Alcaldía, el Archivo Municipal, la Policía y el Banco Agrario. Diecisiete policías repelieron el ataque, que se prolongó durante siete horas desde antes de las seis de la mañana.

La violencia ha dejado cicatrices profundas en la región. Cientos de personas han resultado heridas, familias han sido desplazadas y viviendas destruidas en ataques que parecen dirigidos tanto contra objetivos militares como contra la población civil. La mayoría de las más de cuarenta víctimas mortales han sido civiles. Los ataques continúan sin control aparente, con una frecuencia que sugiere una capacidad operativa sostenida y recursos que no muestran signos de agotamiento.