Los operadores económicos tenían derecho a confiar en la legalidad
Durante quince años, algunas de las mayores corporaciones españolas sostuvieron ante los tribunales europeos que el Estado tenía razón al favorecerlas fiscalmente. En junio de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les dio la razón, validando las deducciones del fondo de comercio financiero aprobadas bajo el gobierno Aznar para impulsar la expansión internacional del Ibex. La victoria convierte una vieja disputa sobre ayudas de Estado en una deuda concreta del fisco español que ya supera los 2.500 millones de euros, y que podría escalar hasta los 10.000 millones si se suman intereses y activos diferidos. Es el recordatorio de que las batallas entre el capital y el Estado rara vez terminan, solo cambian de arena.
- Tras quince años de litigio, el TJUE validó en junio las bonificaciones fiscales de la era Aznar, convirtiendo una derrota europea en una victoria multimillonaria para el Ibex.
- Telefónica reclama 1.500 millones, Iberdrola 760 millones y Ferrovial 51 millones, pero el agujero total podría superar los 10.000 millones incluyendo intereses y activos fiscales diferidos.
- Hacienda se enfrenta a una cascada de devoluciones obligadas justo cuando el Gobierno mantiene gravámenes extraordinarios sobre energéticas y bancos por sus beneficios récord.
- Esta victoria se suma a cerca de 5.000 millones ya devueltos al Ibex en litigios anteriores, dibujando un patrón de tensión estructural entre las grandes corporaciones y el fisco español.
- El Estado deberá aceptar deducciones que reducirán bases imponibles futuras, agravando el impacto presupuestario más allá de las devoluciones inmediatas.
A mediados de 2025, quince años de batalla judicial llegaron a su fin con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que validó las deducciones fiscales que el gobierno de José María Aznar aprobó en 2001. Aquella modificación tributaria permitía a las grandes corporaciones españolas deducirse parte del fondo de comercio financiero al adquirir empresas en el extranjero, una ventaja diseñada para convertir a Telefónica, Iberdrola, Ferrovial y Santander en multinacionales capaces de competir globalmente. Con ese respaldo fiscal, estas compañías se expandieron hacia Reino Unido, Estados Unidos y Brasil.
La medida, sin embargo, irritó a competidores europeos que operaban bajo legislaciones más restrictivas. Empresas alemanas y francesas presionaron a Bruselas, que entre 2009 y 2014 adoptó tres decisiones exigiendo a Hacienda recuperar las deducciones concedidas. Tanto las corporaciones afectadas como el propio Estado español —ya bajo gobiernos socialistas— se opusieron, y despachos como Garrigues, Cuatrecasas y Latham & Watkins sostuvieron durante años que las empresas tenían derecho a confiar en la legalidad de las normas vigentes cuando invirtieron.
El Tribunal General de la UE ya se había pronunciado a su favor en 2023, pero fue la sentencia definitiva del TJUE de junio de 2025 la que cerró el caso. Ahora las empresas no solo pueden recuperar las deducciones devueltas bajo presión europea, sino también los intereses acumulados. Las reclamaciones ya registradas superan los 2.500 millones, aunque fuentes comunitarias estiman que el impacto total podría alcanzar los 8.000 millones, cifra que algunos expertos elevan por encima de los 10.000 millones al incluir los activos fiscales diferidos que la Agencia Tributaria deberá aceptar.
Esta victoria se enmarca en una tensión más amplia y persistente. En los últimos años, el Ibex ya había obtenido devoluciones cercanas a los 5.000 millones por otros litigios. Al mismo tiempo, el Gobierno actual mantiene gravámenes extraordinarios sobre energéticas y bancos, que en la primera mitad de 2025 volvieron a registrar beneficios récord. Entre victorias judiciales del pasado y nuevos impuestos del presente, la relación entre el fisco español y sus grandes corporaciones sigue siendo, ante todo, una negociación permanente.
A quince años de batalla judicial, las grandes empresas españolas han logrado una victoria definitiva en Bruselas que ahora les permite reclamar miles de millones al fisco. El 26 de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor de Telefónica, Iberdrola, Ferrovial y otras compañías del Ibex en un litigio que cuestiona si el Gobierno de José María Aznar les otorgó ayudas de Estado ilegales. La sentencia abre la puerta a reclamaciones que ya superan los 2.500 millones de euros, según revelan los propios informes que estas empresas han enviado a sus inversores.
El origen de esta disputa se remonta a 2001, cuando el Ejecutivo del PP aprobó una modificación tributaria que permitía a las grandes corporaciones españolas deducirse parte del fondo de comercio financiero generado al comprar empresas en el extranjero. En la práctica, esto significaba que podían evitar el pago de una porción del impuesto de sociedades. La intención era clara: fomentar que Santander, Iberdrola, Telefónica y Ferrovial se convirtieran en multinacionales capaces de competir globalmente. Con esta ventaja fiscal, estas compañías se lanzaron a adquirir activos en Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, una expansión que hoy les permite tener negocios mucho más diversificados y menos dependientes de la economía española.
Pero el régimen no pasó desapercibido para los competidores europeos. Empresas alemanas y francesas, que operaban bajo legislaciones tributarias más restrictivas, presionaron a sus gobiernos para que exigieran a Bruselas que investigara si España estaba otorgando ayudas de Estado incompatibles con la normativa comunitaria. Esa presión de países con influencia en la Comisión Europea logró que se abrieran expedientes contra el marco fiscal español. Entre 2009 y 2014, la Comisión adoptó tres decisiones ordenando que Hacienda recuperara las deducciones que había permitido.
Tanto las empresas como el propio Estado español, ya bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, se opusieron a estas decisiones. Durante más de una década, despachos de abogados como Garrigues, Cuatrecasas y Latham & Watkins defendieron ante los tribunales europeos que las bonificaciones fiscales eran legales y que las empresas tenían derecho a confiar en la legalidad de las disposiciones vigentes cuando realizaron sus inversiones. El Tribunal General de la Unión Europea ya se había pronunciado a su favor en 2023, pero la sentencia definitiva del TJUE de hace poco más de un mes cerró definitivamente el caso.
La victoria judicial valida la legislación fiscal del Gobierno Aznar, que fue mantenida por los gobiernos posteriores de Zapatero y Rajoy. Ahora, las empresas pueden reclamar no solo las deducciones que devolvieron bajo presión de Bruselas, sino también los intereses de demora acumulados durante estos años. Telefónica ha solicitado aproximadamente 1.500 millones, Iberdrola unos 760 millones y Ferrovial alrededor de 51 millones. Pero el agujero fiscal podría ser mucho mayor. Fuentes comunitarias estimaban hace años que el impacto total podría alcanzar cerca de 8.000 millones de euros, cifra que algunos expertos en derecho comunitario elevan por encima de los 10.000 millones cuando se incluyen los activos fiscales diferidos que ahora la Agencia Tributaria deberá aceptar.
Esta no es la primera vez que el Ibex logra una victoria judicial de gran envergadura contra Hacienda. En los últimos años, compañías como Santander, BBVA, Telefónica, Iberdrola, Naturgy y Endesa han recibido devoluciones cercanas a los 5.000 millones de euros por disputas sobre el canon hidráulico, activos fiscales diferidos generados tras la crisis de 2008 y otros litigios. Mientras tanto, el Gobierno actual ha impuesto gravámenes temporales sobre energéticas y bancos, argumentando que obtuvieron beneficios extraordinarios derivados de la invasión rusa de Ucrania. Los bancos, que han vuelto a registrar beneficios récord en la primera mitad de 2025, continúan pagando estos nuevos impuestos, en una tensión permanente entre el fisco y las grandes corporaciones.
Citas Notables
Los operadores económicos tenían derecho a confiar en la legalidad de las disposiciones fiscales aplicables en el momento en que realizaron sus inversiones— Sentencia del TJUE
La Comisión erró al concluir que las adquisiciones indirectas de entidades extranjeras no se podían beneficiar de la confianza legítima ya reconocida en las dos primeras Decisiones— Despacho Garrigues, interpretando la sentencia
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué tardó quince años en resolverse un caso que parecía bastante claro sobre deducciones fiscales?
Porque la Comisión Europea cambió de criterio en 2014. Las primeras dos decisiones reconocían que las empresas tenían derecho a confiar en la legalidad de las normas cuando invirtieron. Pero la tercera decisión eliminó esa confianza legítima retroactivamente, lo que las compañías consideraron injusto.
¿Entonces el Gobierno Aznar hizo algo legal en su momento?
Completamente legal. Eso es lo que el tribunal validó. El problema fue que Bruselas decidió años después que eso era ayuda de Estado, y luego cambió de opinión nuevamente. Las empresas ganaron porque demostraron que no podían adivinar que las reglas iban a cambiar.
¿Cuál es el verdadero costo para Hacienda?
Nadie lo sabe con certeza. Las reclamaciones conocidas superan los 2.500 millones, pero hay más empresas involucradas. Las estimaciones van desde 8.000 hasta más de 10.000 millones si incluyes todos los activos fiscales diferidos que ahora tendrán que aceptar.
¿Esto significa que Hacienda tiene que devolver dinero que ya había recuperado?
Exactamente. Hacienda obligó a estas empresas a devolver las deducciones hace años. Ahora, con la sentencia del TJUE, tienen que devolver eso más los intereses acumulados durante todo este tiempo.
¿Hay algo que el Gobierno pueda hacer para evitar estas devoluciones?
Legalmente, no. La sentencia es definitiva. Lo que sí puede hacer es cambiar la ley para el futuro, como de hecho hizo después de 2014. Pero no puede retrotraerse a lo que ya fue validado por los tribunales europeos.