Diecisiete personas murieron mientras el país estaba paralizado
Policías y militares reabrieron rutas clave como El Alto-Oruro y Cochabamba-Oruro, liberando más de 150 camiones varados tras 30 días de bloqueo. Las protestas iniciadas por sindicatos campesinos contra medidas de austeridad dejaron 17 fallecidos y cientos de arrestos durante semanas de paralización.
- Más de 150 camiones liberados tras 30 días varados en zonas como Confital, Sayari y Bombeo
- 17 fallecidos registrados durante los bloqueos, principalmente por falta de atención médica
- Estado de excepción decretado con vigencia de 90 días, levantable antes si cesa la violencia
- Protestas iniciadas el 6 de mayo por sindicatos campesinos contra eliminación de subsidios a combustibles
Las fuerzas de seguridad bolivianas iniciaron operativos para desbloquear carreteras tras semanas de protestas que causaron desabastecimiento. El presidente Paz decretó estado de excepción con vigencia de 90 días para restablecer el orden.
El sábado por la madrugada, policías y militares bolivianos comenzaron a despejar carreteras bloqueadas en el occidente y centro del país, retirando escombros y barricadas que habían permanecido en su lugar durante más de seis semanas. El operativo respondía al decreto de estado de excepción firmado por el presidente Rodrigo Paz, una medida que buscaba restaurar la circulación en las rutas troncales que conectan las regiones más afectadas por las protestas: los tramos El Alto-Oruro y Cochabamba-Oruro fueron prioridades inmediatas. Según el decreto, la medida tendría una vigencia de 90 días, aunque podría levantarse antes si cesaba la violencia.
Las protestas habían comenzado a mediados de mayo, impulsadas inicialmente por sindicatos campesinos y la Central Obrera Boliviana en rechazo a las medidas de austeridad del gobierno, particularmente la eliminación de subsidios a los combustibles. Con el tiempo, otros sectores sociales se sumaron a las movilizaciones, incluidos seguidores del expresidente Evo Morales. Durante las semanas de bloqueo, ciudades enteras enfrentaron desabastecimiento crítico de alimentos, combustibles y oxígeno. El costo humano fue severo: al menos 17 personas murieron, la mayoría por falta de atención médica cuando el transporte fue interrumpido. Cientos fueron arrestados y decenas resultaron heridas en enfrentamientos.
El operativo, encabezado por el ministro de Defensa Ernesto Justiniano, encontró un panorama desolador en varios puntos. En localidades como Achica Arriba, donde días antes había habido enfrentamientos violentos que dañaron oficinas policiales, puestos de control sanitario y peajes, los uniformados descubrieron lo que llamaron "bloqueos fantasma": solo escombros y restos de barricadas sin presencia activa de manifestantes. Justiniano destacó la calma que reinó durante los trabajos y reconoció el esfuerzo de la población por soportar la crisis.
La liberación de las rutas fue gradual pero significativa. Más de 150 camiones que habían permanecido varados en zonas como Confital, Sayari y Bombeo pudieron finalmente circular. Los transportistas relataron historias de más de 30 días atrapados, sin acceso adecuado a alimentos, combustible ni condiciones mínimas de subsistencia. Para muchos comerciantes y habitantes, la reapertura representaba la posibilidad de retomar sus actividades económicas después de semanas de parálisis.
Pero el operativo no transcurrió sin incidentes. En Cruce Aguirre, el contingente fue atacado con piedras lanzadas desde un cerro, lo que obligó a un repliegue temporal y la reorganización de la intervención. En el kilómetro 70 de la ruta hacia el occidente, las autoridades aprehendieron a un hombre que portaba dinero en efectivo de diversas denominaciones, incluida moneda brasileña, en el marco de investigaciones sobre actividades ilícitas vinculadas a los bloqueos.
El decreto presidencial estableció prohibiciones explícitas: no se permitirían nuevos bloqueos en calles, avenidas y carreteras, ni el uso de armas, explosivos u otros elementos violentos. Las Fuerzas Armadas fueron desplegadas temporalmente para apoyar a la policía en el control del orden público. El gobierno aclaró que la medida no implicaba la suspensión de derechos constitucionales.
Aunque Paz había firmado un acuerdo con uno de los sindicatos que facilitó el levantamiento de algunos bloqueos, otros grupos mantuvieron sus demandas de renuncia presidencial y continuaron rechazando el diálogo. La apertura de las rutas marcaba un punto de inflexión, pero la crisis política y social que había generado las protestas permanecía sin resolverse. El estado de excepción ofrecía una ventana de 90 días para que el gobierno intentara restaurar el orden, aunque la pregunta sobre qué sucedería después de ese período seguía sin respuesta.
Citas Notables
El ministro de Defensa Ernesto Justiniano valoró la calma observada durante los trabajos y subrayó el esfuerzo de la población para soportar la crisis— Ministro de Defensa Ernesto Justiniano
Habitantes y comerciantes expresaron alivio y aseguraron que la reapertura de la vía les permitiría retomar sus actividades habituales— Habitantes y comerciantes de zonas afectadas
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Qué llevó a que el gobierno tomara una medida tan drástica como el estado de excepción?
Las protestas habían paralizado el país durante más de seis semanas. No era solo un bloqueo de carreteras; era un colapso de servicios. Sin transporte, no llegaba oxígeno a los hospitales, no había alimentos en las ciudades. Diecisiete personas murieron. El gobierno sintió que no tenía otra opción.
¿Pero no había intentado negociar antes?
Sí, Paz firmó un acuerdo con uno de los sindicatos principales. Eso permitió levantar algunos bloqueos. Pero otros grupos, especialmente los seguidores de Morales, rechazaban cualquier diálogo. Querían la renuncia del presidente, no un acuerdo.
¿Qué encontraron las fuerzas de seguridad cuando llegaron a desbloquear las rutas?
Algo sorprendente: en muchos lugares solo había escombros. Los llamaron "bloqueos fantasma". Los manifestantes activos ya no estaban allí, pero las barricadas seguían bloqueando el paso. Fue más una limpieza que un enfrentamiento directo.
¿Entonces no hubo violencia?
Hubo incidentes. En Cruce Aguirre atacaron a los policías con piedras desde un cerro. Pero nada comparable a lo que había ocurrido semanas antes, cuando se dañaron oficinas policiales y puestos de control. La situación se había calmado, aunque no desaparecido.
¿Qué significa el estado de excepción para la gente común?
Significa 90 días de prohibición de bloqueos, de restricciones sobre armas y explosivos. Pero también significa que el gobierno tiene herramientas más amplias para mantener el orden. Para los comerciantes y transportistas, significa poder volver a trabajar. Para quienes protestan, significa menos espacio para movilizarse.
¿Se resolvió realmente el conflicto?
No. Se abrieron las rutas, se restauró la circulación. Pero las demandas que originaron las protestas siguen ahí: la gente rechaza las medidas de austeridad, los subsidios eliminados. El estado de excepción es una pausa, no una solución.