García funcionó como su alter ego, transmitiendo decisiones desde las sombras
En el umbral de un juicio que promete remover los cimientos de la confianza institucional española, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que endurezca las medidas cautelares contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, reclamando 24 y 19 años de prisión respectivamente por un presunto entramado de corrupción tejido durante la pandemia. Lo que comenzó como una relación de campaña política derivó, según el fiscal Luzón, en un convenio criminal que convirtió los contratos públicos de mascarillas en vehículo de enriquecimiento personal. El caso plantea preguntas que trascienden lo penal: hasta qué punto el poder discrecional de un ministro puede convertirse en instrumento de captura privada del Estado.
- La Fiscalía eleva la presión sobre Ábalos al solicitar 24 años de cárcel, una cifra que convierte este caso en uno de los más graves contra un exministro en la historia reciente de España.
- El riesgo de fuga crece conforme se acerca el juicio, y las medidas actuales —prohibición de salir del país y comparecencias quincenales— se antojan insuficientes para la acusación.
- El fiscal describe una organización criminal con roles definidos: Ábalos como autoridad, García como su sombra ejecutora y Aldama como el empresario que monetizó el acceso al poder con diez mil euros mensuales en efectivo.
- Los contratos de mascarillas para Puertos del Estado y Adif, valorados en más de 36 millones de euros, habrían generado 3,7 millones de beneficio para Aldama, quien también pagó el alquiler del piso de la pareja del exministro y unas vacaciones de lujo en Marbella.
- Ábalos rechaza los cargos y denuncia una 'espiral de indefensión', mientras el juez debe decidir si convoca una vista para revisar las medidas cautelares antes de que el proceso llegue a juicio oral.
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha presentado un escrito que pide revisar las medidas cautelares del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, solicitando 24 y 19 años y medio de prisión respectivamente. La Fiscalía argumenta que, conforme se acerca el juicio, el riesgo de fuga justifica endurecer unas condiciones que hoy se limitan a la retirada del pasaporte y comparecencias cada quince días.
El documento retrata un "convenio criminal" con tres protagonistas de roles complementarios. Ábalos y García se conocieron en 2017 durante las primarias del PSOE; cuando Ábalos fue nombrado ministro de Fomento, elevó a García a asesor de confianza y también a cargos en Puertos del Estado y Renfe. Hasta 2021, García actuó como su alter ego en la sombra. El empresario Víctor de Aldama entró en escena en 2018, presentado por su hermano, escolta del ministro, y desde entonces se convirtió en el eslabón comercial de la trama.
El mecanismo fue sistemático: entre octubre de 2019 y julio de 2022, Aldama entregó diez mil euros mensuales en efectivo a García, a veces en presencia de Ábalos, para ser repartidos entre ambos. Aldama también pagó el alquiler del piso madrileño donde vivía la pareja sentimental del exministro y costeó diez días en un chalet de lujo en Marbella en verano de 2020, un gesto de gratitud por haberle filtrado antes de su publicación una nota de prensa ministerial sobre el rescate de Air Europa.
El núcleo del caso son los contratos pandémicos. Ábalos y García habrían facilitado a Aldama información privilegiada sobre las necesidades del ministerio, lo que le permitió obtener adjudicaciones de Puertos del Estado y Adif por más de 36 millones de euros para suministrar mascarillas, generando un beneficio personal de 3,7 millones. La Fiscalía acusa a los tres de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Ábalos ha calificado los cargos de "exagerados" y denuncia una espiral de indefensión. El juez debe ahora resolver si convoca una vista para modificar las medidas cautelares.
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha presentado un escrito de acusación que pide al juez revisar las medidas cautelares del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García mientras avanzan hacia el juicio por los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia. La solicitud llega en un momento crítico: conforme se acerca la fecha del proceso, el riesgo de fuga aumenta, y la Fiscalía ahora reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para García, cifras que justifican una revisión de las medidas actuales, que consisten en la prohibición de salir del país, retirada de pasaporte y comparecencias cada quince días ante el juzgado.
El documento de acusación retrata lo que Luzón denomina un "convenio criminal" montado por tres actores con papeles complementarios: Ábalos, García y el empresario Víctor de Aldama. La conexión entre el exministro y su asesor se remonta a 2017, cuando se conocieron durante los viajes de campaña de las primarias del PSOE que ganó Pedro Sánchez. Santos Cerdán, entonces secretario de Coordinación Territorial del partido, recomendó a Ábalos que contratara a García como conductor. Cuando Ábalos fue nombrado ministro de Fomento, elevó a García a asesor de confianza, uno de los cinco nombramientos discrecionales que le correspondían. García también fue designado miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado y de Renfe. Hasta la salida de Ábalos del ministerio el 12 de julio de 2021, García funcionó como su "alter ego", tanto en el MITMA como en otras administraciones públicas, transmitiendo decisiones y deseos del ministro, frecuentemente desde las sombras.
Víctor de Aldama entró en escena en agosto de 2018, presentado por Rubén de Aldama, hermano suyo que trabajaba como escolta del ministro. Desde entonces, Ábalos y García le encomendaron gestiones diversas. La Fiscalía describe una organización cohesionada con vocación de permanencia, que no solo cometió delitos sino que facilitó a Aldama una interlocución privilegiada en sus relaciones comerciales. El mecanismo de corrupción fue sistemático: desde octubre de 2019 hasta julio de 2022, Aldama entregó diez mil euros mensuales en efectivo a García, cantidades destinadas a ser repartidas entre ambos. Estas entregas ocurrían en Madrid, a veces en presencia de Ábalos, y en ocasiones eran recibidas por Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo, quien actuaba como intermediario.
Aldama también asumió gastos personales del exministro. Pagó la renta mensual de un piso en la Plaza de España de Madrid donde vivía Jésica Rodríguez, quien mantenía una relación sentimental con Ábalos desde octubre de 2018. En septiembre de 2021, cuando Ábalos ya había dejado el ministerio, Aldama cesó estos pagos, pero Koldo García continuó abonando la renta a través de cuentas bancarias de personas de su círculo familiar. La vivienda fue desalojada el 31 de marzo de 2022.
El núcleo del delito gira en torno a las mascarillas. Ábalos y García proporcionaron a Aldama información privilegiada sobre las necesidades del Ministerio de Transportes de adquirir mascarillas y material sanitario durante la pandemia. Aldama contactó al Grupo Cueto y utilizó la empresa Soluciones de Gestión como pantalla para el negocio. La mercantil obtuvo un contrato de Puertos del Estado por ocho millones de mascarillas a cambio de 24,2 millones de euros, y otra adjudicación de Adif por cinco millones de mascarillas por 12,5 millones. Ambos organismos están vinculados al ministerio. De estas dos operaciones, Aldama obtuvo una ganancia de 3,7 millones de euros.
La Fiscalía también documenta un gesto de agradecimiento más: Aldama pagó una estancia de diez días en un chalet de lujo en Marbella para que Ábalos y su familia veranearan en 2020, desembolso de 9.800 euros. Este pago fue, según Luzón, una muestra de gratitud porque Ábalos y García le habían adelantado la transcripción literal de una nota de prensa del ministerio sobre un hipotético rescate de Air Europa durante la pandemia, información que Aldama reenviló al máximo accionista de la aerolínea para tranquilizarlo respecto al préstamo público que finalmente permitió a la compañía evitar el colapso económico.
La Fiscalía acusa a los tres de organización criminal, cohecho continuado tanto pasivo como activo, uso y aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación por desvío de fondos públicos. Ábalos ha respondido al escrito de acusación diciendo que supone "una vuelta de tuerca más en la espiral de indefensión" a la que dice estar sometido, y que constituye una "exagerada reclamación de delitos y penas". El juez debe ahora decidir si convoca una vista para revisar las medidas cautelares de ambos acusados.
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Supone una vuelta de tuerca más en la espiral de indefensión a la que dice venir siendo sometido— José Luis Ábalos, en respuesta al escrito de acusación
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¿Por qué la Fiscalía pide ahora revisar las medidas cautelares si antes se había resistido a pedir prisión provisional?
Porque el tiempo cambia el cálculo del riesgo. Conforme se acerca el juicio, la tentación de desaparecer crece. Las penas que pide son enormes: 24 años para Ábalos, casi 20 para Koldo. Eso es suficiente para que alguien intente huir.
¿Cuál es la relación real entre Ábalos y Koldo García? ¿Es solo jefe y empleado?
Empieza así, pero se convierte en algo más profundo. García es presentado como el "alter ego" de Ábalos, alguien que transmite sus decisiones desde las sombras. En las administraciones públicas, todos entendían que García hablaba por Ábalos. Es una relación de confianza absoluta que se extiende a lo personal.
¿Cómo entra Aldama en todo esto?
A través del hermano de Aldama, que era escolta del ministro. Una vez dentro, Aldama comienza a hacer gestiones para Ábalos y García. Luego descubre que puede ganar dinero facilitándoles información sobre contratos públicos. El sistema se perfecciona: información privilegiada a cambio de dinero en efectivo y favores personales.
¿Qué significa que Aldama pagara la renta de un piso para la novia de Ábalos?
Es corrupción en su forma más cruda. No es un soborno por un contrato específico. Es el mantenimiento de una relación de poder. Aldama paga los gastos personales del ministro para mantener acceso, para que Ábalos le siga dando información y le siga favoreciendo en los negocios.
¿Cuánto dinero en efectivo estamos hablando?
Diez mil euros mensuales desde octubre de 2019 hasta julio de 2022. Son casi tres años. Eso son más de 360.000 euros en efectivo, sin contar los gastos personales que Aldama también cubría.
¿Y qué sacó Aldama de todo esto?
3,7 millones de euros de ganancia en dos contratos de mascarillas. Información sobre un rescate de Air Europa que le permitió tranquilizar a los accionistas. Acceso directo a un ministro. Para un empresario, eso es oro puro.