La Audiencia Provincial tendrá la última palabra sobre si el caso llega a juicio
En el laberinto del derecho, cada puerta que se abre revela otra sala de espera. El juez Peinado ha encauzado la investigación por malversación hacia el Tribunal del Jurado, cumpliendo con la ley pero sin cerrar ningún capítulo definitivo. Este sábado, las partes comparecerán ante él para solicitar nuevas diligencias, mientras el caso avanza por una senda de plazos, recursos y decisiones que aún no tienen fecha ni certeza.
- El auto del juez Peinado que redirige el caso al Tribunal del Jurado no es un punto final, sino el inicio de una nueva fase procesal con sus propias reglas y tiempos.
- Este sábado 27 de septiembre, las defensas de Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el delegado Francisco Martín podrán pedir nuevas diligencias que podrían alargar o complicar la instrucción.
- El juez conserva el control de la investigación hasta que decida si procede abrir juicio oral, momento en que cede el mando al presidente del Tribunal del Jurado designado por la Audiencia Provincial.
- Cualquier decisión sobre la apertura del juicio oral será recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid, añadiendo otra capa de incertidumbre sobre el calendario real del proceso.
- Los expertos están divididos: algunos ven posible un juicio en plazo breve si no hay nuevas diligencias; otros advierten que esto es apenas un punto y coma en una instrucción que aún tiene mucho recorrido.
El juez Juan Carlos Peinado ha dado un paso procesal relevante al encauzar la investigación por malversación de fondos públicos hacia la vía del Tribunal del Jurado. Al considerar verosímil la querella presentada por Vox, la ley le obliga a adaptar el procedimiento, pero este movimiento no cierra la instrucción: la complica y la prolonga con nuevos trámites.
Este sábado 27 de septiembre se celebrará una vista en la que los abogados de Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno Francisco Martín podrán solicitar nuevas diligencias de investigación. Peinado escuchará también a la acusación y decidirá qué diligencias son pertinentes antes de resolver si procede abrir juicio oral. El propio juez puede ordenar investigaciones adicionales por iniciativa propia.
Si considera la instrucción suficientemente madura, otorgará a las partes cinco días para presentar escritos de calificación, convocará una audiencia preliminar y, en ese mismo acto o en los tres días siguientes, dictará un auto sobre la apertura del juicio. Esa resolución será recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid, que tendrá la última palabra.
Si el juicio llega a abrirse, Peinado convocará a las partes ante el presidente del Tribunal del Jurado que designe la Audiencia Provincial, momento en que él mismo desaparece del proceso. Ese magistrado asumirá el control total y supervisará el sorteo de los nueve ciudadanos que formarán el jurado, con al menos treinta días de antelación al inicio del juicio.
Sobre los plazos reales, los juristas discrepan. Algunos apuntan a un desenlace relativamente rápido si no se acuerdan nuevas diligencias; otros advierten que los recursos y la complejidad del caso convierten cualquier predicción en un ejercicio de especulación. Nadie sabe con certeza cuándo se sentará un jurado popular a juzgar uno de los casos que más atención pública ha generado en los últimos meses.
El juez Juan Carlos Peinado ha tomado una decisión procesal que marca un punto de inflexión en la investigación sobre malversación de fondos públicos. Al dictar un auto que encauza el caso hacia la vía del Tribunal del Jurado, ha cumplido con lo que la ley establece: una vez que considera verosímil la querella presentada por Vox, debe acomodar la investigación al procedimiento que corresponde. Pero este paso no cierra nada. Al contrario, abre un nuevo escenario lleno de trámites, plazos y decisiones que aún están por venir.
Este sábado, 27 de septiembre, todas las partes personadas en el caso comparecerán ante Peinado para una vista que, aunque breve, resulta crucial. En esa audiencia, los abogados de Begoña Gómez, su asesora en Moncloa Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín podrán solicitar nuevas diligencias de investigación. El juez escuchará también las peticiones de la acusación. Peinado, en su papel de instructor, decidirá cuáles de esas diligencias son pertinentes e imprescindibles para que pueda resolver si procede abrir juicio oral. Nada de esto está predeterminado. El propio juez también puede ordenar investigaciones adicionales por su cuenta.
Si Peinado considera que la investigación está suficientemente desarrollada, otorgará a las partes un plazo de cinco días para que presenten sus escritos de calificación y conclusiones. Luego convocará a una audiencia preliminar donde, nuevamente, las defensas y la acusación podrán proponer más diligencias. El juez solo aceptará las que considere imprescindibles. Una vez concluida esa audiencia, en el mismo acto o dentro de tres días, Peinado dictará un auto decidiendo si abre o no el juicio oral. Contra esa decisión cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, que tendrá la última palabra sobre si el caso llega a ser juzgado por un tribunal popular.
Si la Audiencia Provincial confirma la apertura del juicio, Peinado convocará a las partes para que se presenten ante el presidente del Tribunal del Jurado que designará la Audiencia Provincial. En ese momento, la instrucción habrá concluido y Peinado desaparece del escenario. El presidente del tribunal asume el control total. Ese magistrado dictará una resolución que especifique los hechos justiciables, sin usar términos que prejuzguen lo que será probado o no probado.
Luego viene el sorteo de los nueve ciudadanos que integrarán el jurado. La ley exige que se realice con al menos treinta días de antelación a la celebración del juicio. Los candidatos deben ser españoles mayores de edad, estar en pleno ejercicio de derechos políticos, saber leer y escribir, ser vecinos de algún municipio de la provincia de Madrid y tener aptitud para la función. Una vez sorteados, las partes tendrán oportunidad de recusar a algunos de los candidatos.
Sobre cuándo podría celebrarse el juicio, los expertos consultados ofrecen perspectivas divergentes. Algunos sugieren que si no se acuerdan nuevas diligencias y Peinado redacta con rapidez el auto de apertura, el juicio podría llegar en plazo breve. Pero esa resolución será recurrida por los encausados, y habrá que esperar la decisión de la Audiencia Provincial. Otros juristas son más cautos: consideran que esto es apenas un punto y coma en la instrucción, no el final de un capítulo. Nadie se atreve a predecir con certeza cuándo se sentará un jurado a escuchar las pruebas de este caso que ha generado tanta atención pública.
Citas Notables
El juez Peinado ha seguido lo mandatado por la norma al encauzar el caso hacia la vía del Tribunal del Jurado— Análisis legal del artículo 24 de la ley que regula el Tribunal del Jurado
El juicio podría llegar en plazo breve si no se acuerdan nuevas diligencias, aunque cualquier decisión será recurrible ante la Audiencia Provincial— Fuentes jurídicas consultadas
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué Peinado sigue siendo el juez si el caso va a un Tribunal del Jurado?
Porque la instrucción aún no ha terminado. Peinado decide si hay suficientes elementos para abrir juicio oral. Solo cuando esa puerta se abre, cede el control al presidente del tribunal que designará la Audiencia Provincial.
¿Qué puede pasar en la vista de este sábado?
Las defensas y la acusación pedirán más investigaciones. Peinado evaluará si son necesarias. Podría aceptar algunas, rechazar otras, o incluso ordenar investigaciones por su cuenta. Es un momento donde todavía hay espacio para que el caso se redefina.
¿Quién tiene la última palabra sobre si hay juicio?
La Audiencia Provincial de Madrid. Peinado decide si abre juicio oral, pero los encausados pueden recurrir esa decisión. La Audiencia Provincial revisa todo y da el veredicto final.
¿Cuánto tiempo falta para que empiece el juicio?
Nadie lo sabe con precisión. Si todo avanza sin nuevas diligencias, podría ser relativamente pronto. Pero hay muchas variables: recursos, nuevas investigaciones, decisiones de la Audiencia Provincial. Algunos juristas dicen que esto es apenas un punto y coma, no el final.
¿Qué rol tienen los nueve ciudadanos del jurado?
Serán los que juzguen los hechos. Un magistrado presidirá el tribunal, pero serán esos nueve vecinos de Madrid los que decidirán si se prueba o no la malversación. Se sortearán con treinta días de anticipación al juicio.
¿Pueden las defensas influir en quiénes son los jurados?
Sí, mediante la recusación. Una vez sorteados los candidatos, abogados y acusación pueden objetar a algunos de ellos. Pero solo pueden rechazar a los que tengan causa legal para ello.