El Estado que genera miedo regulatorio no fortalece la recaudación; la precariza.
En el Perú de 2026, nueve de cada diez empresas formales declaran que la incertidumbre tributaria es su mayor amenaza operativa, una cifra que no habla de sensibilidad empresarial sino de una fractura profunda en el pacto entre el Estado y quienes producen riqueza. Cuando la autoridad fiscal abandona la predictibilidad y se vuelve arbitraria, la economía no crece: se repliega. La historia enseña que ninguna nación prospera cuando sus ciudadanos dedican más energía a defenderse del Estado que a construir dentro de él.
- El 90% de las empresas peruanas ya no teme al mercado ni a la competencia: teme a su propia autoridad tributaria, cuya imprevisibilidad se ha convertido en el principal costo de operar formalmente.
- Los criterios de fiscalización cambian sin explicación ni coherencia, convirtiendo cada auditoría de la Sunat en una amenaza existencial para empresas que cumplieron la ley al pie de la letra.
- Las compañías formales redirigen capital productivo hacia abogados, fondos de contingencia y estructuras defensivas, sacrificando expansión, empleo e inversión en activos reales.
- La paradoja se cierra sobre sí misma: el Estado que presiona para recaudar más erosiona la base tributaria al desincentivar la formalidad y congelar la inversión que sostendría esa recaudación.
- La solución exige una reforma institucional de fondo: criterios técnicos estables, transparencia en las decisiones administrativas y una Sunat que sea árbitro predecible, no actor caprichoso.
Nueve de cada diez empresas peruanas identifican la incertidumbre tributaria como su mayor amenaza operativa. No es un dato sobre el ánimo empresarial: es el síntoma de que algo fundamental se ha roto entre el Estado y quienes invierten y generan empleo. Cuando la autoridad fiscal deja de ser predecible, toda la economía se repliega. Las empresas dejan de pensar en crecer y empiezan a pensar en defenderse.
El problema no es la fiscalización en sí misma. Ningún país moderno funciona sin una autoridad tributaria con dientes. El problema es que las reglas no se aplican con coherencia: los criterios cambian sin explicación, los directivos rotan y las resoluciones administrativas carecen de lógica aparente. Un contribuyente que cumple la ley puede amanecer siendo investigado sin saber qué hizo mal. Ese miedo paraliza. La incertidumbre se convierte en el costo principal de hacer negocios y la inversión se congela.
Lo que sigue es predecible y perverso. Las empresas formales gastan más en protegerse que en expandirse: contratan abogados tributarios, arman estructuras defensivas, crean fondos de contingencia. La planificación a largo plazo desaparece. Nadie construye una fábrica nueva si no sabe si el fisco le permitirá operarla sin sobresaltos. Y paradójicamente, el afán del Estado por recaudar más termina debilitando la base sobre la que pretende sostenerse.
Hay una ironía amarga en todo esto. El Estado desalienta la formalidad precisamente cuando más la necesita. Si ser formal expone a la arbitrariedad, algunas empresas optan por la informalidad; otras simplemente no nacen. La autoridad tributaria debe combatir la evasión con firmeza, pero también con predictibilidad y coherencia técnica. Sin eso, la fiscalización no se percibe como justicia: se percibe como castigo. Montesquieu lo advirtió hace siglos: no hay mayor tiranía que la que se perpetra bajo el escudo de la ley. La pregunta que queda es si la Sunat algún día dejará de ser percibida como la amenaza que acecha en las sombras de la formalidad.
Nueve de cada diez empresas peruanas ven en la incertidumbre tributaria su mayor amenaza operativa. No es un dato menor. Es el síntoma de que algo fundamental se ha roto en la relación entre el Estado y quienes invierten, producen y generan empleo en el país. Cuando una autoridad fiscal deja de ser un árbitro predecible para convertirse en un actor caprichoso, toda la economía se repliega. Las empresas dejan de pensar en crecer y empiezan a pensar en defenderse.
El problema no es que exista fiscalización. Ningún país moderno funciona sin una autoridad tributaria con dientes. El problema es que las reglas no se aplican con coherencia. Los criterios cambian sin explicación. Un contribuyente que cumple la ley al pie de la letra puede despertar un día siendo investigado por la Sunat, sin saber exactamente qué hizo mal. Eso genera un miedo que paraliza. Cuando la incertidumbre se convierte en el costo principal de hacer negocios, la inversión se congela.
Lo que ha sucedido es que la variabilidad tributaria pasó de ser un simple costo administrativo a ser un factor que amenaza la viabilidad financiera de empresas enteras. Esto revela una debilidad más profunda: el Estado de derecho económico está erosionado. No se trata de normas complejas o difíciles de entender. Se trata de que no hay una brújula institucional clara. Los directivos de la administración tributaria rotan. Los criterios en instancias administrativas cambian sin lógica aparente. El resultado es que las empresas pierden la confianza en que existe una línea institucional consistente.
Lo que sucede entonces es predecible y perverso. Las empresas formales gastan más dinero en protegerse que en expandirse. Contratan abogados tributarios, arman estructuras defensivas, crean fondos de contingencia. La planificación a largo plazo desaparece. Nadie invierte en una fábrica nueva si no sabe si el fisco le permitirá operarla sin sobresaltos. La inversión se frena. El financiamiento se encarece. Y paradójicamente, el afán del Estado por recaudar más termina debilitando la base sobre la que pretende sostenerse. Un Estado que genera miedo regulatorio no fortalece la recaudación; la precariza.
Hay una ironía amarga aquí. El Estado desalienta la formalidad precisamente cuando más la necesita. Si las empresas sienten que ser formal las expone a arbitrariedad, algunas optan por la informalidad. Otras simplemente no nacen. La economía no crece donde reina la sospecha permanente. La autoridad tributaria debe combatir la evasión con firmeza, ciertamente. Pero también debe hacerlo con predictibilidad, con transparencia, con coherencia técnica. Sin eso, la fiscalización no se percibe como justicia. Se percibe como castigo, como abuso.
Si el 90 por ciento de las empresas siente incertidumbre ante el fisco, el problema no está en la sensibilidad empresarial. El problema está en la arquitectura institucional. El Estado debería ser el principal garante de que las reglas son claras, que se aplican de manera consistente, que un contribuyente que cumple puede dormir tranquilo. Montesquieu, el pensador político francés, escribió algo que resuena aquí: no hay mayor tiranía que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia. La pregunta que queda flotando es si la Sunat alguna día dejará de ser percibida como el cuco fiscal, como la amenaza que acecha en las sombras de la formalidad.
Notable Quotes
No hay mayor tiranía que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia— Montesquieu, citado en el análisis
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué nueve de cada diez empresas hablan de incertidumbre tributaria y no simplemente de impuestos altos?
Porque la altura del impuesto es predecible. Sabes cuánto pagarás. La incertidumbre es otra cosa: es no saber si mañana te reinterpretarán una norma que hoy cumples, o si un criterio que aplicó la Sunat el año pasado ya no vale.
Pero ¿no es trabajo de la autoridad fiscal ser estricta?
Claro. Pero hay una diferencia entre ser estricto y ser arbitrario. Ser estricto significa aplicar la ley con firmeza. Ser arbitrario significa cambiar los criterios sin coherencia, sin que el contribuyente sepa por qué.
¿Qué pasa entonces con la inversión?
Se congela. Si eres empresario y no sabes si el Estado te permitirá operar sin sorpresas, no construyes esa fábrica. Gastas el dinero en abogados y en blindarte, no en crecer.
¿Y eso no debería preocupar al Estado?
Debería. Porque el Estado necesita empresas formales que paguen impuestos. Si las desalienta con incertidumbre, termina recaudando menos, no más. Es un tiro que se dispara en el pie.
¿Qué necesitaría cambiar?
Que la Sunat sea fuerte pero predecible. Que las reglas sean claras. Que los criterios no cambien sin explicación. Que un contribuyente que cumple pueda confiar en que no será castigado arbitrariamente. Eso no es debilidad regulatoria. Es justicia.