Binance suspende operaciones en la UE y deja en el limbo 500.000 cuentas españolas

El próximo martes, Binance dejará de operar en la Unión Europea. No es una amenaza ni una posibilidad remota: es lo que sucederá cuando expire el plazo para obtener la licencia MiCA, el marco regulatorio que desde hace poco rige el comercio de criptoactivos en el bloque. La plataforma más grande del mundo en su sector —con 300 millones de usuarios y una presencia que se extiende desde el comercio de activos digitales hasta servicios de préstamo, recompensas y hasta inversión para menores— se enfrenta al cierre más significativo de su historia en uno de sus mercados más importantes. Medio millón de cuentas activas en España quedarán en el limbo, sus titulares obligados a buscar otro lugar donde guardar sus fondos antes de que la puerta se cierre.

La caída de Binance en Europa no fue repentina. La empresa pasó los últimos meses buscando desesperadamente una licencia que le permitiera seguir operando. Primero intentó en Grecia, luego en Malta, Suecia, Francia, Alemania y España. Según fuentes conocedoras del proceso, los ejecutivos de Binance estaban convencidos de que algún regulador europeo acabaría cediendo. Esa confianza resultó ser un cálculo equivocado. Esta semana, la compañía canceló sus trámites en Grecia tras el rechazo del supervisor. Ahora busca aprobación en otro país europeo sin especificar dónde, una vaguedad que refleja la magnitud de su fracaso regulatorio.

Desde el 1 de julio, Binance solo podrá hacer lo estrictamente necesario: permitir que sus clientes vendan o transfieran sus criptoactivos, reasignen sus activos o cierren posiciones abiertas. La Autoridad Europea de Valores y Mercados, la ESMA, ha sido clara en sus instrucciones. Se suspenderán la compraventa de nuevos activos, los servicios de préstamo y las recompensas. La empresa ha dado un margen de 48 horas a quienes tengan operaciones activas; después de ese tiempo, se cancelarán automáticamente. Es un cierre ordenado, pero es un cierre.

Lo que hace notable esta situación es que Binance no es una startup frágil o una plataforma marginal. Es el JP Morgan del mundo cripto, una empresa que en menos de una década pasó de no tener ni sede ni dirección central a convertirse en un gigante con tentáculos en casi todos los rincones del sector. Ofrece servicios de todo tipo: compraventa, minería, tokens propios, servicios de pago. Tras las elecciones estadounidenses, incluso llegó a hacer negocios con el imperio empresarial de Donald Trump a través de World Liberty Financial, con una inversión de 2.000 millones de dólares del fondo MGX de Abu Dabi. Su token, el BNB, está valorado en 76.000 millones de dólares. Patrocina equipos de fútbol como la Lazio y el Oporto. Y sin embargo, los reguladores europeos le han cerrado la puerta.

El problema no es la falta de ambición de Binance ni su tamaño. Es su pasado. La empresa ha acumulado un historial de escándalos que los supervisores europeos no pueden ignorar. En 2023, la justicia estadounidense reveló que cuentas vinculadas a grupos terroristas —Hamás, el Estado Islámico, Al Qaeda— utilizaron la plataforma para procesar 1,5 millones de transacciones por un valor aproximado de 898 millones de dólares sin que Binance alertara a las autoridades. La empresa también permitió operaciones entre usuarios estadounidenses y otros situados en jurisdicciones sancionadas. Pagó una multa récord de 4.368 millones de dólares por violar leyes contra el blanqueo de dinero y sanciones internacionales. Su fundador y exdirector general, Changpeng Zhao, fue condenado a cuatro meses de cárcel por blanqueo de dinero en su propia plataforma. Aunque renunció como CEO, sigue siendo el accionista mayoritario.

Este último detalle es crucial. El artículo 68 de MiCA establece que los accionistas con participaciones cualificadas no deben haber sido condenados por delitos relacionados con blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Changpeng Zhao fue condenado precisamente por eso. Según fuentes conocedoras, para cumplir con la regulación, Binance habría tenido que modificar su estructura societaria de manera fundamental. No lo hizo, o no pudo hacerlo a tiempo. Francia, además, intensificó una investigación por blanqueo de capitales contra la plataforma, acusada de haber gestionado fondos procedentes de fraude fiscal y tráfico de drogas.

Los reguladores europeos, coordinados ahora por la ESMA, han aprendido de errores anteriores. Malta, un país crypto friendly, se convirtió hace años en la puerta de entrada para muchas empresas al mercado europeo, pero la ESMA cuestionó la falta de rigor en sus procesos de concesión de licencias. Esta vez, la coordinación es más estricta. Además, solicitar una licencia con solo seis meses de antelación para una empresa con la complejidad de Binance —con servicios tan variados y una estructura societaria tan enredada— es, según fuentes del sector, una imprudencia. Los reguladores necesitan tiempo para analizar flujos de dinero, requisitos de transparencia y salvaguarda de fondos. Los tiempos técnicos simplemente no existían.

Ahora, medio millón de españoles deberán trasladar sus fondos a otras plataformas reguladas antes del martes. La normativa les permite hacerlo, y Binance está obligada a facilitar esos traslados. Pero algunos usuarios podrían optar por migrar a divisiones no supervisadas de Binance, como la estadounidense o la de Emiratos Árabes. En ese caso, sus inversiones dejarían de contar con supervisión regulatoria, revirtiendo al salvaje Oeste de otros tiempos. Legalmente, dentro de una semana, Binance dejará de tener permiso para captar ahorro del público en Europa. Si lo hace, podrá ser sancionada por supervisores en estado de alerta. La mayor empresa cripto del mundo se convertirá, en Europa, en lo que fuentes del mercado definen como un chiringuito financiero gigantesco.