No todo el que viene es un ser de luz, pero tampoco todos son delincuentes
En las Islas Baleares, la presidenta autonómica Marga Prohens ha alzado la voz contra una regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno central, invocando el deterioro de los servicios públicos y la presión sobre la vivienda. Sus argumentos, sin embargo, chocan con la evidencia acumulada por el Banco de España y organismos oficiales, que documentan la contribución fiscal y laboral de la población migrante y su menor uso relativo de los servicios sanitarios. En un momento en que miles de personas aguardan el acceso a derechos básicos, el Govern balear ha anunciado que recurrirá la medida ante el Tribunal Supremo, convirtiendo una cuestión humana en un campo de batalla jurídica y política.
- La regularización extraordinaria entra en vigor este jueves, abriendo derechos laborales y sociales a miles de personas en situación irregular, mientras el Govern balear se prepara para impugnarla ante el Tribunal Supremo.
- Prohens califica la medida de 'indiscriminada' y advierte de colapso en servicios públicos y vivienda, pero los datos oficiales muestran que los migrantes utilizan menos la sanidad y soportan peores condiciones habitacionales que la población local.
- El Banco de España y marcos estratégicos del propio Estado señalan que la regularización aumentaría cotizaciones sociales e ingresos fiscales al aflorar empleo no declarado, un beneficio que la presidenta balear omite en su diagnóstico.
- La batalla se traslada a los tribunales: el Govern recurrirá cautelarmente una competencia que, por ley, corresponde al Estado, tensando aún más la relación entre administraciones en torno a la política migratoria.
Marga Prohens, presidenta del Govern balear, se pronunció este miércoles contra la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno central, argumentando que agravará la presión sobre los servicios públicos de las islas y sobre un mercado de vivienda ya saturado. La medida, publicada en el BOE, permitirá que miles de personas en situación irregular accedan a derechos laborales y sociales básicos a partir del jueves. Prohens cuestionó además que una declaración responsable baste para acreditar la ausencia de antecedentes penales, y calificó la regularización de 'indiscriminada'.
Sin embargo, los datos disponibles contradicen su diagnóstico. El Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión 2023-2027 documenta que la población extranjera no comunitaria utiliza menos servicios sanitarios que los españoles, sufre tasas más altas de abandono escolar y soporta con mayor dureza el encarecimiento de la vivienda. Lejos de representar una carga, la evidencia muestra que accede menos a los servicios públicos.
En materia económica, el Banco de España subraya la contribución de los migrantes al mercado laboral y al sistema de pensiones. La regularización permitiría aflorar empleo no declarado, aumentando cotizaciones e ingresos fiscales, un efecto que Prohens ignoró al reclamar más financiación autonómica. Sobre la vivienda, los informes apuntan al alquiler turístico, la escasez de oferta y la especulación como factores determinantes del encarecimiento, mientras los hogares migrantes suelen vivir en condiciones de hacinamiento.
A pesar de que las competencias migratorias corresponden al Estado, Prohens anunció que el Govern recurrirá ante el Tribunal Supremo para lograr la suspensión cautelar de la medida, iniciando una batalla legal justo cuando la regularización comienza a desplegar sus efectos.
Marga Prohens, presidenta del Govern balear, se pronunció este miércoles contra la regularización extraordinaria de migrantes que acaba de aprobar el Gobierno central. Su crítica se centró en dos ejes: el deterioro que, a su juicio, sufrirán los servicios públicos de las islas y la presión adicional sobre un mercado de vivienda ya saturado. La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado, permitirá que miles de personas en situación administrativa irregular accedan a derechos laborales y sociales básicos a partir de este jueves.
Prohens cuestionó también los requisitos del proceso de regularización, particularmente el hecho de que una declaración responsable sea suficiente para acreditar la ausencia de antecedentes penales. "No todo el mundo que llega es un delincuente, no me encontrarán en ese discurso, pero no todo el mundo que viene es un ser de luz", afirmó. Caracterizó la medida como "indiscriminada" y señaló que ignora tanto la emergencia habitacional como la presión asistencial que atraviesan las islas. Sin embargo, los datos disponibles contradicen este diagnóstico, un relato que ha sido ampliamente difundido por la derecha y la extrema derecha sin respaldo en la evidencia.
El Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027 documenta las desigualdades que sufre la población extranjera no comunitaria en educación, empleo, vivienda y acceso a servicios públicos básicos como la sanidad. Según este documento oficial, estos ciudadanos utilizan menos servicios sanitarios que los españoles, presentan tasas más altas de abandono escolar temprano y soportan con mayor dureza el incremento de los precios de la vivienda. Lejos de ser una carga para los servicios, la evidencia muestra que la población migrante accede menos a ellos.
Prohens reclamó que la medida no vaya acompañada de un "compromiso de más financiación" y aprovechó para exigir la renovación del sistema de financiación autonómico, argumentando que el coste recae sobre las comunidades autónomas. Sin embargo, no mencionó el potencial incremento de ingresos públicos que derivaría de la regularización. El Banco de España subraya precisamente la contribución de la población migrante al mercado laboral y al sostenimiento del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico. Instituciones como esta indican que la regularización permitirá aumentar las cotizaciones sociales y los ingresos fiscales al aflorar empleo no declarado. Informes académicos y análisis de organismos públicos han cuestionado también la relación directa entre migración y criminalidad.
Respecto a la vivienda, Prohens reprochó que el Gobierno no tenga en cuenta la problemática específica de las islas, pero omitió factores que están teniendo un impacto real en el encarecimiento del alquiler: la presión del alquiler turístico, la escasez de vivienda disponible y la inversión especulativa. Distintos informes apuntan a que los hogares migrantes suelen concentrarse en viviendas compartidas o en condiciones de hacinamiento, lo que refleja su limitada capacidad de competir en un mercado inmobiliario cada vez más caro. La regularización no aumentaría la demanda de vivienda de forma significativa, sino que permitiría a estas personas acceder a condiciones más dignas.
A pesar de que las competencias en materia migratoria corresponden al Estado, Prohens anunció que el Govern recurrirá ante el Tribunal Supremo e intentará lograr la suspensión cautelar de la medida. La batalla legal comenzará cuando la regularización entre en vigor este jueves.
Citas Notables
No todo el mundo que llega es un delincuente, no me encontrarán en ese discurso, pero no todo el mundo que viene es un ser de luz— Marga Prohens, presidenta del Govern balear
La regularización de migrantes permitirá aumentar las cotizaciones sociales y los ingresos fiscales al aflorar empleo no declarado— Banco de España
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué Prohens insiste en que los servicios públicos se deteriorarán si los datos muestran que los migrantes los utilizan menos?
Porque el argumento resuena políticamente, aunque no tenga base en la realidad. Es un relato que ha funcionado bien para la derecha en toda Europa, independientemente de lo que digan los números.
¿Qué gana el Govern económicamente con esta regularización que Prohens no menciona?
Ingresos fiscales y cotizaciones sociales. Miles de personas que trabajan en negro pasarían a cotizar. El Banco de España lo ha documentado. Pero eso no encaja en el mensaje de alarma.
¿Es justo decir que Prohens rechaza a los migrantes, o es más complicado?
Su frase lo deja claro: "no todo el que viene es un ser de luz". No rechaza a todos, pero siembra la duda sobre quién es digno de regularizarse. Eso es suficiente para crear desconfianza.
¿Por qué recurrir al Tribunal Supremo si la competencia es del Estado?
Porque aunque el Estado tiene la competencia, las comunidades autónomas gestionan servicios. Es un movimiento político más que jurídico: muestra que se opone, aunque probablemente pierda.
¿Qué dicen los datos sobre la relación entre migración y criminalidad?
Que no hay relación directa. Los estudios académicos y los organismos públicos lo han dejado claro. Pero ese dato no aparece en el discurso de Prohens.