Cierra sin que declaren los máximos responsables de la empresa
El juez rechaza prórroga de la Fiscalía y cierra investigación sin interrogar a tres hermanos Martínez de Irujo del consejo de administración ni a extrabajadores que denunciaron los nueve pozos ilegales. Informes periciales de Guardia Civil y Confederación Hidrográfica cuantifican daños entre 5,8 y 6,2 millones de euros y advierten de afección irreversible al acuífero conectado con Doñana.
- Nueve pozos ilegales camuflados bajo lonas verdes en finca Aljóbar
- 6,6 millones de metros cúbicos de agua extraída ilegalmente entre 2014 y 2024
- Daño ambiental cuantificado entre 5,8 y 6,2 millones de euros
- Tres hermanos Martínez de Irujo nunca interrogados como investigados
- Finca conectada hidráulicamente con Parque Nacional de Doñana
La instrucción judicial sobre extracción ilegal de agua en finca de la Casa de Alba en Doñana está a punto de cerrarse sin que declaren los miembros del consejo de administración ni los denunciantes, pese a indicios de daño ambiental sustancial.
Hace dos años y medio que un juzgado de Sevilla investiga la extracción ilegal de agua en una finca de la Casa de Alba situada en el entorno de Doñana. Ahora, sin que hayan declarado los protagonistas principales del caso, la instrucción está a punto de cerrarse. El juez Pablo Aragón ha rechazado la prórroga de seis meses solicitada por la Fiscalía, considerando que la investigación está agotada. Solo falta que declare un perito de la defensa el próximo 21 de abril para que todo termine.
Lo más llamativo es quién no ha pasado por el juzgado. Los tres hermanos Martínez de Irujo que integraban el consejo de administración de Eurotécnica Agraria, la empresa denunciada, nunca fueron interrogados como investigados, pese a que la Fiscalía lo solicitó en abril de 2025. Tampoco declararon los extrabajadores que en primavera de 2023 denunciaron ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la existencia de nueve pozos camuflados bajo lonas verdes, utilizados para regar cientos de naranjos en la finca Aljóbar. El juez consideró que su testimonio no era relevante. Fueron precisamente esos trabajadores quienes revelaron la operación que dio origen a toda la causa.
La investigación comenzó en septiembre de 2023 tras una querella del Ministerio Público contra Eurotécnica Agraria por presunto delito contra el medio ambiente. Los agentes de la Guardia Civil y técnicos de la Confederación Hidrográfica se presentaron en la finca para sellar cautelarmente los pozos sin autorización, pero les negaron el paso. El atestado posterior detalló que los hechos podían constituir un delito de detracción ilegal de aguas y otro de desobediencia.
De toda la Casa de Alba, solo una persona ha declarado: Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, nieto de la duquesa de Alba fallecida, en su calidad de representante legal de la empresa. Dijo que la finca era herencia de su abuela y que él asumió la gestión en 2016. Reconoció desconocer exactamente cómo funcionaba la explotación agrícola, cuánta agua se usaba y de dónde procedía. También admitió que carecían de medidores para saber qué cantidad de agua se extraía de cada pozo. Meses después, un abogado de la empresa se negó a declarar nuevamente y remitió a la declaración anterior.
Los informes técnicos, sin embargo, pintan un cuadro de daño ambiental sustancial. La Guardia Civil cuantificó entre 5,8 y 6,2 millones de euros el beneficio indirecto obtenido por la explotación y el valor del daño medioambiental causado. Estimó que entre 2014 y 2024 se extrajeron ilegalmente 6,6 millones de metros cúbicos de agua. El Seprona advirtió de que esa extracción causa daños importantes para el ecosistema que pueden ser irreversibles debido a las interconexiones naturales existentes. La finca Aljóbar está hidráulicamente conectada con el sistema acuífero Almonte-Marismas y el aluvial del río Guadiamar, que nutren el Parque Nacional de Doñana. Si hay menos agua en otoño e invierno, pueden proliferar algas verdiazules y plantas flotantes, lo que genera pérdida de biodiversidad y condiciones tóxicas. El Seprona también destacó que el deterioro de Doñana es cada vez más notorio y está perdiendo capacidad de refugio para aves amenazadas como gansos y garzas, cuyas poblaciones han disminuido en los últimos años.
La Confederación Hidrográfica fijó en más de 84.000 euros la valoración del daño causado al dominio público hidráulico, tras comprobar un riego de 153 hectáreas de naranjos y casi 21 de olivar intensivo. Sin embargo, alegó que no pudo concretar que la explotación de la Casa de Alba fuera la única causante de la sobreexplotación intensiva de recursos subterráneos constatada en la masa de agua Aljarafe Sur, porque en esa zona hay otras tomas con derechos de extracción de igual o mayor magnitud.
Ecologistas en Acción, que actúa como acusación particular, quería que continuara la investigación. Considera que el juez la ha centrado únicamente en la valoración del daño al acuífero, sin tener en cuenta otras cuestiones como las relacionadas con las cosechas y las dotaciones para riego analizadas en el informe de la Guardia Civil. La defensa de Eurotécnica Agraria ha presentado su propio informe pericial, que niega que haya superficie ilegal de riego porque alega que la finca dispone de autorización para regar 200 hectáreas y que el acuífero se encuentra en buen estado. Ese perito declarará el 21 de abril, y con su testimonio la instrucción judicial cerrará sin que los máximos responsables de la empresa hayan tenido que responder preguntas en el juzgado.
Notable Quotes
Creemos que hay que seguir encontrando argumentos sólidos para demostrar el delito causado por las extracciones ilegales de agua que han provocado un daño importante al acuífero— Ecologistas en Acción
Los daños pueden llegar a ser irreversibles debido a las interconexiones naturales existentes entre las diferentes matrices— Seprona (Guardia Civil)
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué es tan significativo que estos hermanos Martínez de Irujo nunca hayan sido interrogados como investigados?
Porque eran los responsables de la empresa en el momento en que se presentó la querella. La Fiscalía los pidió específicamente, pero el juez los postergó una y otra vez, primero esperando un informe técnico, y luego simplemente decidió que ya no era necesario.
¿Y los trabajadores que denunciaron todo esto? ¿Por qué el juez consideró que no eran relevantes?
Eso es lo más extraño. Fueron ellos quienes descubrieron los nueve pozos camuflados y lo denunciaron a la Confederación Hidrográfica. Sin su denuncia, no habría causa. Pero el juez dijo que su testimonio no aportaba nada ni a la acusación ni a la defensa.
¿Qué dicen los informes técnicos sobre el daño real?
Los informes de la Guardia Civil y la Confederación son contundentes: entre 5,8 y 6,2 millones de euros en daño ambiental, 6,6 millones de metros cúbicos de agua extraída ilegalmente en una década, y daños que pueden ser irreversibles para el acuífero y para Doñana.
Pero la defensa niega todo eso.
Sí, presentó su propio informe diciendo que la finca tenía autorización para regar 200 hectáreas y que el acuífero está en buen estado. Es la palabra de un perito privado contra los informes de la Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica.
¿Qué pasa ahora?
El perito de la defensa declara el 21 de abril, y después el juez cierra la instrucción. Entonces pasará a fase de juicio, pero sin que los principales responsables de la empresa hayan tenido que responder preguntas sobre qué sabían y cuándo lo sabían.
¿Qué quiere Ecologistas en Acción?
Que siga la investigación. Creen que el juez ha sido demasiado estrecho en su enfoque, mirando solo el daño al acuífero y no otras cuestiones sobre cómo se gestionaba realmente la explotación agrícola.