Reforma económica cubana genera dudas sobre protecciones sociales en contexto de crisis

Cuba está en medio de un experimento económico sin precedentes en su historia revolucionaria. A finales de junio, el gobierno comenzó a implementar un paquete de 176 reformas que transformaría radicalmente la economía centralizada que ha caracterizado a la isla durante casi siete décadas. El cambio es tan profundo que permite la creación de bancos privados, abre las puertas a la inversión extranjera masiva, y elimina los controles de precios que el Estado había mantenido sobre bienes esenciales. Para un país que ha funcionado bajo un modelo de economía planificada desde 1959, es un giro tan abrupto que genera tanto esperanza como miedo genuino entre quienes viven sus consecuencias.

La primera señal llegó a mediados de junio, cuando el gobierno publicó una resolución que eliminaba los aranceles sobre importaciones de pollo, leche en polvo, salchichas, pastas y aceite comestible, mientras derogaba simultáneamente las normas que establecían topes de precios para estos productos. Georgina Caballero, una estilista de 44 años en La Habana, expresó lo que muchos sienten: una incertidumbre profunda. Los topes de precios nunca funcionaron realmente, reconoce, porque los vendedores simplemente dejaban de vender si no les convenía. Pero ahora que desaparecen, ¿qué impide que los precios suban aún más? Ya ve el dólar en el mercado negro —donde la mayoría de los cubanos compra— oscilando de manera impredecible, mientras los apagones de veinte horas diarias continúan interrumpiendo la vida cotidiana.

El presidente Miguel Díaz-Canel defiende las reformas como una necesidad de supervivencia. En una entrevista el 19 de junio, reconoció que no todos están preparados para este cambio, pero preguntó retóricamente cuánto tiempo habría que esperar. Según su visión, algunos avanzarán más rápido que otros, pero el Estado redistribuiría la riqueza generada para equilibrar las zonas más vulnerables. Educación y salud pública permanecerán gratuitas, insistió, porque son "cosas sagradas". Las conquistas sociales, dijo, son intocables. Sin embargo, expertos coinciden en que esta redistribución requeriría un entendimiento con Estados Unidos, algo que parece cada vez más lejano. El 23 de junio, el Departamento de Estado anunció nuevas sanciones contra empresas y entidades financieras cubanas, así como contra Annalie Lilliam Rueda, esposa del hijo del expresidente Raúl Castro. El secretario de Estado Marco Rubio escribió que la situación en Cuba está retrocediendo porque el gobierno sigue priorizando el control total sobre el bienestar del pueblo.

Díaz-Canel respondió que Estados Unidos busca una Cuba totalmente dependiente y privatizada, mientras que su gobierno persigue un perfeccionamiento del socialismo bajo condiciones adversas. Según el mandatario, la presión económica estadounidense cuesta a la isla más de cinco mil millones de dólares anuales. Las reformas, entonces, ocurren en un contexto de asfixia económica externa y crisis interna profunda. El salario promedio en Cuba equivale a diez dólares.

Los expertos ven tanto oportunidades como peligros. Iramís Rosique, miembro del consejo editorial de La Tizza, una revista cubana de pensamiento crítico, advierte que la apertura podría atraer inversión especulativa improductiva que acentúe la dependencia de la economía cubana. Le preocupan especialmente la desregulación del mercado inmobiliario y la gentrificación, fenómenos que podrían desposeer de sus viviendas a cubanos que han contribuido a la sociedad con su trabajo. Rosique también señala que medidas como la banca privada y la desregulación inmobiliaria entraron "de contrabando" en el paquete, sin que casi nadie las hubiera pedido. Eric Luis Almeida, presidente de Quota, una consultoría de negocios, ve las cosas de manera diferente. Aunque las reformas llegaron tarde y bajo presión externa, cuando las capacidades del gobierno han llegado a su límite, todavía ofrecen oportunidades. "Estamos en un punto de quiebre, de no retorno," dijo a IPS. "O nos arriesgamos y corregimos, o perecemos como nación. Por supuesto que crecerán las desigualdades. El rol del Estado es lograr equilibrios y generar oportunidades para los desfavorecidos."

Las reformas también redefinen cómo Cuba protegerá a sus ciudadanos más vulnerables. Los subsidios a productos desaparecerán y serán reemplazados por subsidios directos a personas y familias, actualizados en tiempo real a través de una plataforma digital del gobierno. Se creará un Fondo de Protección Social, y el gobierno se comprometió a aumentar los salarios del sector público no empresarial y actualizar las pensiones anualmente según la inflación. Pavel Cabrejas, presidente de una cooperativa especializada en paneles solares, advierte que el reajuste será brutal. "Lo más preocupante es todo lo que hay que cambiar del marco jurídico," dijo. Para él, el desafío será encontrar soluciones a las variables que surjan sin "botar el sofá por la ventana."

La preocupación más profunda gira en torno a la corrupción. Cuando la Unión Soviética se desintegró, funcionarios del Estado moscovita adquirieron empresas públicas y se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana. Muchos temen que algo similar ocurra en Cuba durante el proceso de licitaciones y venta de activos estatales a capitales privados y extranjeros. El gobierno planea crear una plataforma digital con inteligencia artificial para garantizar transparencia en las compras públicas y licitaciones, un sistema que en teoría sería automatizado, auditable y público. Pero Rosique advierte que esto pondrá a prueba el compromiso ético del gobierno. Si los activos terminan en manos de personas conectadas al poder, el Estado fracasará en su prueba de legitimidad política, una que ya es frágil. Las reformas son un experimento sin garantías, implementadas bajo presión, en un país que no puede permitirse el fracaso.