Los grupos armados no solo son militares: regulan disputas y llenan vacíos donde el Estado no llega
Colombia registra su peor crisis de seguridad en dos décadas con ocho conflictos simultáneos entre disidencias de FARC, ELN y Clan del Golfo disputando territorios estratégicos. El nuevo gobierno promete modelo tipo Nayib Bukele sin negociaciones, pero expertos advierten que combates sin gobernanza local solo producen resultados temporales.
- Ocho focos de violencia activos simultáneamente en distintas regiones
- 27.000 combatientes distribuidos entre cinco grupos ilegales principales
- 261.000 hectáreas de coca en 2024, récord histórico
- 277 ataques con drones en 2025, más del doble que el año anterior
- 7,2 millones de personas desplazadas acumuladas; Colombia es segundo país mundial en desplazamiento interno
El presidente electo Abelardo de la Espriella hereda un país con ocho focos de violencia activos, 27.000 combatientes ilegales y récord histórico de cultivos de coca, pero su propuesta de mano dura carece de detalles sobre recuperación de gobernanza territorial.
Abelardo de la Espriella asume la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto en medio de la peor crisis de seguridad que el país ha enfrentado en dos décadas. El panorama que hereda es complejo: al menos ocho focos de violencia activos simultáneamente, más de 27.000 combatientes distribuidos entre cinco grupos ilegales principales, nueve procesos de negociación suspendidos, y un récord histórico de 261.000 hectáreas de cultivos de coca registrado en 2024. Su promesa de campaña de recuperar la seguridad en 90 días mediante una estrategia de mano dura y cero negociaciones contrasta fuertemente con la realidad territorial que encontrará.
El mapa de conflicto que De la Espriella recibirá es fragmentado y superpuesto. En el Catatumbo, disidencias de las extintas FARC agrupadas bajo el Estado Mayor de Bloques y Frente disputan territorio con el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa en América Latina, generando la crisis humanitaria más grave del año anterior. En el nordeste antioqueño, esas mismas disidencias enfrentan al Clan del Golfo, el grupo criminal más grande del país. El Cauca permanece bajo disputa entre el Estado Mayor Central y el ELN tras años de confrontación. A esto se suman cuatro escenarios más recientes: el Guaviare en la Amazonia, donde dos facciones disidentes libran una guerra sangrienta; el sur del Chocó, donde el Estado Mayor Central avanza desde el Bajo Calima contra el ELN; Arauca en la frontera con Venezuela, donde ese mismo grupo choca con la otra facción disidente; y el Sur de Bolívar, donde Clan del Golfo y ELN se disputan el control.
La estrategia que De la Espriella ha propuesto se inspira en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador: recuperación territorial mediante bombardeos de campamentos, fumigación de cultivos ilícitos y ampliación de la presencia militar, sin negociaciones con ningún grupo armado. Su apuesta incluye una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel para financiar y tecnificar esta ofensiva. Sin embargo, expertos advierten que el país que recibirá no es comparable a El Salvador ni al de una década atrás. Los grupos armados ya no dependen principalmente de la coca y la cocaína: han diversificado sus ingresos mediante minería ilegal, extorsión, control de economías locales, trata de personas y captura de gobiernos municipales. Funcionan menos como ejércitos convencionales y más como redes criminales descentralizadas, especialmente el Clan del Golfo, que terceriza operaciones en un modelo de franquicias.
La Fundación Conflict Responses ha advertido que incrementar combates no necesariamente detiene el crecimiento de grupos armados. Estos no solo cumplen funciones militares: regulan disputas, cobran protección y llenan vacíos donde el Estado llega de forma intermitente. En otras palabras, ejercen un rol en la gobernanza local. Un despliegue militar que no sustituya esos servicios produce caídas de corto plazo seguidas de reacomodos posteriores. Esta es una de las mayores incógnitas respecto a lo que De la Espriella ha planteado hasta ahora: cómo recuperará la gobernanza en territorios donde grupos ilegales han asumido funciones estatales.
La otra pregunta sustancial es qué ocurrirá con las nueve mesas de negociación que deja el gobierno de Gustavo Petro. Algunos procesos amparados por la política de paz total han avanzado significativamente. La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y los Comuneros del Sur han comenzado a concentrarse en zonas temporales para iniciar el desarme, un hito que tomó años construir. De la Espriella ha sido categórico: no mantendrá negociaciones. Su ultimátum es claro: sometimiento a la justicia o confrontación armada. Francisco Daza, coordinador de Paz, Seguridad y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación, prevé que los grupos no tendrán otra opción que rearmarse, y una fuerza pública ya desbordada tendrá que enfrentar además el regreso de combatientes que estaban transitando hacia la vida civil.
El narcotráfico agrava el panorama. Colombia cerró 2024 con 261.000 hectáreas de coca, un nuevo récord histórico, aunque el crecimiento fue el más pequeño de los últimos cuatro años. La propuesta de De la Espriella es convencional: fumigación aérea de al menos 330.000 hectáreas y erradicación manual con herbicidas distintos al glifosato. Décadas de fumigaciones masivas han demostrado que erradicar sin ofrecer alternativas económicas a los campesinos que dependen de la coca es, en el mejor de los casos, un logro temporal. María Alejandra Vélez del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes señala que el próximo gobierno debe entender que no toda la economía ilegal es criminal y que buena parte de los cultivos de coca siguen siendo economía campesina.
La tecnología militar representa otro desafío. En 2025 se registraron 277 ataques con drones cargados de explosivos, más del doble que el año anterior, la mayoría atribuidos al Estado Mayor Central. Los grupos armados han encontrado en esta tecnología una ventaja a bajo costo que multiplica su capacidad ofensiva. De la Espriella reconoció en campaña que debe enfrentar una guerra tecnificada con una fuerza pública poco preparada. El Ministerio de Defensa necesitará ajustes urgentes para agilizar la respuesta antidrones y desplegar esa capacidad simultáneamente en ocho frentes activos.
El reto más grande, sin embargo, es humanitario. En 2025, los conflictos desplazaron masivamente a más de 107.000 personas y dejaron a otras 128.000 confinadas sin posibilidad de moverse. Colombia ocupa el segundo lugar mundial en desplazamiento interno por conflicto armado, con más de 7,2 millones de personas afectadas acumuladas. Una estrategia basada exclusivamente en confrontación militar sin negociación no reduce estas cifras. La población civil no es actor del conflicto: es su principal víctima, y ningún plan de choque en 90 días cambia esa ecuación.
Citações Notáveis
Los combates son solo una herramienta, y no es la mejor para frenar el crecimiento del número de combatientes— Fundación Conflict Responses
La población civil no es un actor del conflicto: es su principal víctima, y ningún plan de choque en 90 días cambia esa ecuación— Francisco Daza, Fundación Paz y Reconciliación
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué De la Espriella cree que puede resolver en 90 días lo que lleva dos décadas sin solución?
No cree que pueda resolverlo en 90 días. Esa promesa la reculó durante la campaña. Lo que plantea ahora es una ofensiva militar sin negociaciones, inspirada en El Salvador, pero el país que hereda es completamente distinto al de hace una década.
¿Qué ha cambiado tan radicalmente?
Los grupos armados ya no son ejércitos que puedas bombardear. Son redes criminales descentralizadas que controlan economías locales, minería, extorsión, gobiernos municipales. Funcionan como franquicias. Golpear campamentos produce caídas temporales, pero sin gobernanza local, se reacomodan.
Entonces, ¿por qué los expertos dicen que los combates no detienen el crecimiento?
Porque los grupos armados no solo son militares. Regulan disputas, cobran protección, llenan vacíos donde el Estado no llega. Si bombardeas sin ofrecer esas funciones, la gente sigue necesitándolos. Es gobernanza, no solo seguridad.
¿Qué pasa con las negociaciones que dejó Petro?
De la Espriella las cierra. Su ultimátum es: justicia o guerra. Los expertos predicen que los grupos se rearmaran y que combatientes que estaban desarmándose volverán a las armas. Es un escenario de escalada.
¿Y la coca? ¿Fumigación resuelve eso?
No. Décadas de fumigación masiva muestran que sin alternativas económicas para los campesinos, es un logro temporal. Además, la coca es economía campesina, no solo crimen. Necesitas desarrollo rural, no solo herbicidas.
¿Cuál es el verdadero problema que De la Espriella no está viendo?
Que la población civil es la víctima principal, no un actor del conflicto. En 2025 se desplazaron 107.000 personas y 128.000 quedaron confinadas. Colombia tiene 7,2 millones de desplazados acumulados. Ningún plan militar cambia eso sin gobernanza y protección real.