La crisis de mamografías en Andalucía provoca la dimisión de la consejera y alcanza al Ministerio de Sanidad

A finales de septiembre, cuando la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama Amama comenzó a recopilar testimonios, emergió una historia que transformaría el panorama sanitario andaluz. Mujeres de toda la región descubrieron que habían estado esperando meses, incluso un año completo, sin recibir notificación de que sus mamografías requerían repetición o complementación con ecografía. Algunos casos eran aún más perturbadores: pacientes que nunca fueron contactadas porque sus informes no se clasificaron como urgentes, y solo se enteraron del problema cuando acudieron a su cita de revisión rutinaria dos años después. Lo que comenzó como un problema técnico silencioso se convirtió, en cuestión de días, en una crisis política que sacudiría a Andalucía y alcanzaría el Ministerio de Sanidad en Madrid.

La Cadena SER fue la primera en dar voz a estas mujeres el 28 de septiembre. Cuando la consejera de Salud, Rocío Hernández, fue entrevistada días después, describió lo ocurrido como un error de comunicación, no informático. El sistema notificaba correctamente los resultados positivos y negativos, explicó, pero los resultados dudosos o inconclusos no estaban automatizados en el circuito de aviso. Esto creó un vacío donde las pacientes quedaban en suspenso, sin saber que necesitaban pruebas adicionales. Hernández pidió que cesara la manipulación del sistema sanitario público andaluz, aunque sin precisar sus palabras. En ese momento, se estimaba que cerca de dos mil mujeres requerirían revisión clínica de sus estudios.

La Junta de Andalucía respondió con medidas inmediatas: habilitó un buzón de contacto, activó un circuito preferente para las afectadas y Juanma Moreno anunció una auditoría del sistema. El presidente fue claro en sus intenciones: primero corregir la situación, después determinar responsabilidades. Señaló que había un director general, un jefe de servicio, una consejera y un viceconsejero a quienes se les pediría cuentas. Hernández, por su parte, declaró públicamente que no dimitiría, que lo fácil sería abandonar su cargo, pero que su responsabilidad era mejorar el sistema. Cinco días después, cambió de opinión.

La dimisión de Rocío Hernández llegó el miércoles, una semana después de que el escándalo explotara en los medios. Con ella vino el anuncio de una renovación profunda del sistema sanitario andaluz. La Junta se fijó un plazo límite: el 30 de noviembre. Para entonces, todas las pruebas fallidas debían estar rehecha. El plan incluía la contratación de 119 profesionales sanitarios distribuidos en las distintas unidades especializadas hospitalarias, incluyendo cobertura de fines de semana y festivos. La inversión presupuestaria alcanzaría alrededor de doce millones de euros. De los nuevos sanitarios, sesenta y cinco serían facultativos especialistas en radiodiagnóstico, veinte enfermeras, dieciocho técnicos especialistas en radiodiagnósticos y dieciséis técnicos de cuidados auxiliares. El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se concentraba la mayoría de los casos, había contactado ya con mil ochocientas mujeres para informarles de que en siete u ocho semanas tendrían su revisión.

Mientras la administración trabajaba en soluciones, la tormenta política se desataba. El PSOE-A acusó al Gobierno de Moreno de saber desde hace años lo que estaba ocurriendo con el cribado de cáncer de mama. Vox exigió la dimisión del presidente desde el primer momento, considerándolo el principal responsable del desastre. La ministra de Sanidad, Mónica García, y otras fuerzas progresistas se sumaron a los reproches, calificando lo sucedido como un escándalo que ponía en peligro a miles de mujeres. Pero el mayor ruido no llegó de los parlamentos, sino de las calles. Bajo los llamamientos de Amama, miles de personas se movilizaron en Sevilla y otras plazas andaluzas. Sus consignas eran contundentes: Moreno Bonilla fuera de Sevilla, menos cofradías más mamografías, no son casos son vidas. Ángela Claverol, presidenta de Amama, exigió actuar ya, porque dos meses era tarde para muchas pacientes de cáncer. Calificó lo ocurrido como uno de los mayores escándalos y catástrofes de la sanidad pública andaluza.

El alcance de la crisis trascendió rápidamente las fronteras andaluzas. El mismo miércoles de la dimisión, el Ministerio de Sanidad solicitó datos a todas las comunidades autónomas sobre sus cribados de cáncer de mama, colon y cérvix en los últimos cinco años. García consideraba lo de Andalucía como la punta de un iceberg más profundo, una manifestación de problemas sistémicos en el modelo sanitario. En un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pidió a los consejeros un seguimiento exhaustivo no solo del cáncer de mama, sino también del colon y cérvix, por ser los únicos con evidencia científica suficiente para diagnóstico precoz. Las diferencias de cumplimiento entre autonomías, advirtió, debían ser corregidas. Lo que comenzó como un fallo administrativo en Andalucía se había convertido en una investigación nacional sobre la salud pública española.