La maquinaria debe tomar velocidad de crucero, pero nadie sabe si llegará a tiempo
Cuando las cifras reales superan con creces las proyecciones oficiales, el Estado se ve obligado a reconocer lo que siempre supo en silencio: que la vida humana no cabe en las hojas de cálculo de los ministerios. La Policía Nacional ha activado un plan de emergencia para procesar 1,2 millones de solicitudes de regularización de inmigrantes en España, casi el doble de lo que el Gobierno había previsto, desplegando turnos extraordinarios y remuneración adicional para sus agentes. El desafío no es solo logístico, sino moral: detrás de cada expediente hay una persona cuyo futuro legal depende de que la burocracia esté a la altura de sus propias promesas.
- El Gobierno calculó 750.000 solicitudes y llegaron 1,2 millones, una subestimación que los sindicatos policiales llevan meses denunciando públicamente.
- La Policía Nacional ha desplegado un plan de choque con turnos de tarde y sábados, pagando 25 euros por hora a los agentes para absorber el volumen desbordante de expedientes.
- Un obstáculo técnico crítico amenaza con paralizar el proceso: cerca de medio millón de personas aún no tienen sus datos registrados en la plataforma informática Mercurio.
- Los sindicatos advierten del riesgo de denegaciones masivas por silencio administrativo si los plazos legales se agotan antes de que los expedientes sean tramitados.
- El Gobierno descarta ese escenario y asegura que la maquinaria tomará velocidad de crucero, pero la brecha entre sus promesas y las advertencias sindicales sigue abierta.
La Policía Nacional activó un plan de emergencia después de que el cierre del plazo de solicitudes dejara al descubierto una realidad que el Gobierno no había querido ver: 1,2 millones de peticiones de regularización, frente a los 750.000 previstos. Los sindicatos policiales —Jupol, Sup y CEP— llevaban meses alertando de que la cifra de personas en situación irregular en España era muy superior a la que reconocían los ministerios, y los hechos les han dado la razón.
El trabajo que aguarda a los agentes es monumental. Tras semanas revisando antecedentes penales —un punto de fricción entre Interior y Migraciones—, comienza ahora la fase más exigente: tomar huellas y expedir las Tarjetas de Identidad de Extranjeros a quienes tengan expedientes favorables. La ministra Elma Saiz confirmó que ya se habían admitido a trámite medio millón de solicitudes.
Para ganar capacidad, la Policía ha ordenado ampliar las unidades de documentación con turnos de tarde y sábados, retribuyendo a los agentes con 25 euros por hora. Los sábados, en jornada de 09:00 a 14:00, se abonarán 125 euros fijos. El dispositivo se mantendrá hasta que la carga de trabajo descienda de forma significativa.
Sin embargo, persiste un riesgo técnico y legal de primer orden. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios advierte de que los datos de aproximadamente medio millón de personas aún no han sido volcados en la plataforma Mercurio, el sistema informático que gestiona los asuntos de extranjería. Esa laguna podría derivar en denegaciones por silencio administrativo si los plazos legales se agotan sin respuesta. El Gobierno lo descarta, pero la tensión entre sus garantías y las advertencias sindicales no está resuelta. Los próximos meses decidirán si la burocracia cumple o si miles de personas quedan atrapadas en sus engranajes.
La Policía Nacional activó ayer un plan de emergencia para hacer frente a una avalancha de solicitudes que ha dejado en evidencia los cálculos del Gobierno. Mientras los funcionarios trabajaban para procesar documentos, la realidad sobre el terreno mostraba cifras que triplicaban las previsiones: 1,2 millones de peticiones de regularización, no los 750.000 que la administración central había anticipado.
Los sindicatos policiales llevan meses advirtiendo que el Gobierno se equivocaba en sus estimaciones. Organizaciones como Jupol, Sup y CEP señalaban que la cifra de personas viviendo irregularmente en España era mucho mayor de lo que los ministerios reconocían. Incluso el centro de análisis Funcas, que estimaba 840.000 extranjeros en situación administrativa irregular, parecía quedarse corta ante lo que estaba sucediendo. Ahora, con el cierre de la fase de presentación de solicitudes el martes pasado a medianoche, la magnitud real del desafío se ha hecho imposible de ignorar.
El trabajo que espera a la Policía es monumental. Durante estas semanas, los agentes se han dedicado a revisar expedientes para verificar que los solicitantes no tenían antecedentes penales, un requisito obligatorio del decreto de regularización. Este fue un punto de fricción entre ministerios: Interior insistió en que la Policía realizara verificaciones exhaustivas, mientras que Migraciones habría preferido aceptar declaraciones personales. Ahora comienza la fase más exigente: tomar huellas y expedir las Tarjetas de Identidad de Extranjeros a quienes tengan expedientes favorables. La ministra Elma Saiz anunció que ya se habían admitido a trámite medio millón de solicitudes.
Para ampliar su capacidad operativa, la Policía ha ordenado abrir el mayor número posible de unidades de documentación y puestos de expedición. Los turnos se extenderán a las tardes y también a los sábados. El plan de choque, al que tuvo acceso La Vanguardia, establece que el personal que participe recibirá 25 euros por hora de trabajo. Los sábados, cuando el servicio funcionará de 09:00 a 14:00 horas, se pagará una cantidad fija de 125 euros por jornada. El dispositivo se desactivará cuando se constate una caída significativa en la carga de trabajo.
Pero incluso con estos esfuerzos, existen obstáculos técnicos que podrían ralentizar todo el proceso. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios advierten que no se ha logrado trasladar toda la documentación a la plataforma informática Mercurio, el sistema que la Administración utiliza para gestionar asuntos de extranjería. Según los datos que maneja el sindicato, quedarían por introducir datos de aproximadamente medio millón de personas. Esta brecha en los registros digitales podría retrasar significativamente la tramitación de regularizaciones.
El sindicato también alerta sobre un riesgo legal: que se denieguen solicitudes por silencio administrativo cuando se agote el plazo máximo para responder. Desde el Gobierno descartan completamente este escenario. "Hay órdenes para que la maquinaria tome velocidad de crucero", aseguran funcionarios de la administración. Sin embargo, la tensión entre lo que el Gobierno promete y lo que los sindicatos advierten que podría ocurrir permanece sin resolver. Los próximos meses dirán si la Policía logra procesar 1,2 millones de expedientes sin que miles de personas queden atrapadas en los engranajes de la burocracia.
Citações Notáveis
El mayor reto del proceso comienza ahora, con la expedición de las Tarjetas de Identidad de Extranjeros— Sindicatos policiales (Jupol, Sup, CEP)
Hay órdenes para que la maquinaria tome velocidad de crucero— Funcionarios del Gobierno
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué el Gobierno se equivocó tanto en sus cálculos iniciales?
Porque subestimó cuánta gente vive realmente en España sin papeles. Los sindicatos lo sabían desde hace tiempo, pero nadie los escuchó hasta que fue demasiado tarde.
¿Qué significa que la Policía ahora trabaje los sábados?
Que la presión es real. No es un ajuste menor. Es abrir puestos nuevos, pagar horas extras, cambiar turnos. La administración está reconociendo que esto es más grande de lo que pensaba.
¿Cuál es el verdadero problema ahora?
Que hay medio millón de personas cuyos datos no están en el sistema informático. Si eso no se arregla, la gente podría ser rechazada simplemente porque la máquina no tiene su información.
¿El Gobierno está preocupado?
Dice que no. Dice que todo irá bien. Pero los sindicatos ven un riesgo real de que las solicitudes se denieguen por silencio administrativo, por puro agotamiento de plazos.
¿Qué está en juego?
La vida de 1,2 millones de personas. Si esto falla, vuelven a estar en la calle, sin protección legal, sin permiso para trabajar.