Inversores llegan a Caracas mientras madres buscan a sus hijos desaparecidos en cárceles

José Perozo tenía 24 años cuando lo detuvieron la primera vez, en 2024, durante la represión de las protestas electorales. Hace poco volvió a desaparecer. Salió de su casa en Mariara, un pueblo del estado Carabobo, a llenar unos botellones en un depósito de agua cercano. Una patrulla lo interceptó. Le pusieron una capucha y se lo llevaron. Su madre, Yuraima Piñero, ha recorrido todas las sedes policiales del pueblo buscándolo sin encontrar rastro. "¿Hasta cuándo esto, que uno no puede ni salir a la calle?", pregunta ella, con la voz rota por la impotencia.

Mientras tanto, en Caracas, ejecutivos de empresas petroleras y mineras descienden de aviones privados. Inversores de todo el mundo llegan buscando oportunidades. La intervención estadounidense en Venezuela forzó reformas rápidas para abrir el país al capital extranjero y facilitar la explotación de sus recursos naturales. Los negocios avanzan. Las libertades fundamentales, no tanto. El temor a la detención arbitraria sigue siendo tan real en las calles venezolanas como lo era hace meses. La ley de amnistía que la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció hace poco ya llegó a su fin. Las liberaciones de presos políticos se estancaron. El sistema judicial se reforma con lentitud. Los cargos clave del gobierno siguen en manos de figuras afines al régimen.

Faustino Hermoso es estudiante universitario. Lo detuvieron en un puesto de control en los Valles de Tuy, a las afueras de Caracas, días después de recibir un mensaje amenazante de un policía por un conflicto relacionado con una expareja en común. Su tío es profesor universitario y dirigente del partido opositor Bandera Roja. Los abogados de Hermoso intentaron presentar un recurso de habeas corpus ante el Palacio de Justicia y el Tribunal Supremo. Ninguno lo recibió. Organizaciones de derechos humanos han documentado esta práctica como sistemática. "Un problema doméstico, en dictadura, se convierte en una vulneración grave a los derechos humanos. Por eso hay miles de inocentes en las cárceles de Venezuela", explicó Eduardo Torres, abogado de Hermoso y ex preso político liberado en febrero.

Carmen Navas tiene 82 años. Lleva un cartel con la foto de su hijo, Víctor Quero Navas. Funcionarios de inteligencia militar lo interceptaron en Caracas a inicios de 2025. Su detención estaría relacionada con su paso por el servicio militar, según Foro Penal, la ONG que asiste a la familia. Lo encerraron en la cárcel del Rodeo, donde se concentra el mayor número de presos políticos. Luego desapareció. Navas ha recorrido calabozos, prisiones y tribunales sin respuesta. Se reunió con la nueva defensora del pueblo, Eglée González Lobato, sin resultado. Los únicos que le han dado información son compañeros de celda que aseguran haberlo visto por última vez en agosto, cuando estaba delicado de salud por problemas de colon. El lunes pasado, la madre protestó en la Plaza Altamira de Caracas. "¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué no lo dejan ver?", se repite cada día.

Las organizaciones de derechos humanos contabilizan entre 454 y 665 presos políticos todavía encarcelados en distintas cárceles de Venezuela. Las excarcelaciones comenzaron en diciembre, cuando Nicolás Maduro aún estaba en el poder, pero se aceleraron en enero cuando Estados Unidos ya había atacado el país. En los primeros meses de 2026 se produjeron más de 700 excarcelaciones de detenidos por motivos políticos, pero la mayoría salió con medidas cautelares. Con la ley de amnistía, apenas se liberó a poco más de un centenar. Sin embargo, el contador de nuevas detenciones no se ha frenado. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha registrado siete nuevos casos de personas arrestadas en 2026. Uno de ellos es Juan Luis Guédez, trabajador de una institución pública en Guárico. Las fuerzas policiales se lo llevaron porque en su escritorio había un papel con el mensaje "fuera la mona", un insulto de connotación racista dirigido a Delcy Rodríguez que se coreó en un acto de la oposición en Madrid en abril. Guédez fue imputado por delitos de odio y liberado posteriormente con medidas cautelares.

Martha Tineo, activista y directora de Justicia, Encuentro y Perdón, explica que el aparato represivo del chavismo es lo suficientemente sofisticado como para activarse y desactivarse según la coyuntura. "Está operando una lógica del doble mensaje: aunque puedes ceder en algo, siempre se envían señales sobre los límites", dice. Así, se permite a un grupo protestar por un salario digno hasta cierta zona de la ciudad y a otro no. Las liberaciones por amnistía también terminaron siendo discrecionales. Algunos defensores y miembros del Comité de Familiares de Presos Políticos piden que se concedan indultos procesales a quienes todavía siguen detenidos. Tineo recuerda el antecedente de Hugo Chávez, quien en la década de 1990 recibió un indulto que le devolvió la libertad y los derechos políticos. "Si hay una verdadera voluntad de cambio, que la ley de amnistía no logró, esta medida podría ser una vía para restituir las libertades de estas personas, y solo depende de la presidenta en funciones", concluye.