Cuando el Estado es accionista y cliente, los conflictos están servidos
Hay Derecho compró una acción de Indra para acreditar legitimidad en su denuncia sobre conflictos de interés en la fusión con Escribano, empresa del presidente Ángel Escribano. La fundación de abogados solicita investigación de la CNMV sobre posible actuación concertada entre accionistas significativos, incluyendo SEPI con casi 30% de participación estatal.
- Hay Derecho compró una acción de Indra para acreditar legitimidad en su denuncia ante la CNMV
- Ángel Escribano, presidente de Indra, es propietario de Escribano Mechanical & Engineering, la empresa que Indra pretende adquirir
- SEPI controla casi el 30% de Indra a través del Estado
- La denuncia solicita investigación sobre posible actuación concertada entre SEPI, EM&E, Amber Capital y SAPA Placencia
- Hay Derecho fue reconocida por el Tribunal Supremo como entidad con legitimación activa para litigar en defensa del interés público
La Fundación Hay Derecho ha presentado denuncia ante la CNMV sobre posibles infracciones de gobierno corporativo en la operación de Indra para comprar Escribano, empresa del presidente de Indra, alertando de conflictos de interés multiplicados.
Hay Derecho ha adquirido una acción de Indra. No es un gesto simbólico. Es el requisito legal que necesitaba para presentar una denuncia formal ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre lo que considera una trama de conflictos de interés en torno a la fusión proyectada entre la empresa cotizada y Escribano Mechanical & Engineering, una compañía que pertenece al actual presidente de Indra, Ángel Escribano, y a su hermano.
La fundación, integrada por abogados en ejercicio, jueces, notarios y académicos de Derecho, ha estado analizando esta operación durante meses. Segismundo Álvarez, su presidente, explica que la decisión de actuar no fue ligera, pero que resultaba necesaria. Han conversado con otras empresas del sector que albergan dudas similares sobre la transacción, aunque no han coordinado sus esfuerzos con grupos políticos. Lo que les preocupa es que los conflictos de interés, en sus palabras, "se multiplican" en este caso.
Hay Derecho no es una organización nueva en la defensa de lo que considera el interés público. Nació como blog en 2010 y se constituyó como fundación en 2014. Su logo, un faro, remite al del Foro de Ermua, creado tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997 por un colectivo de intelectuales vascos que se opusieron a ETA. La fundación se ha distinguido por campañas contra la amnistía y el cupo catalán, y ha ganado legitimidad institucional: cuando impugnó el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, el Tribunal Supremo anuló la designación y reconoció que Hay Derecho no era "una pantalla instrumental creada para litigar, sino una entidad que se ha hecho un lugar propio" en la sociedad civil española.
En su denuncia a la CNMV, la fundación solicita que se examine una posible actuación concertada entre accionistas significativos: SEPI, que controla casi el 30% de Indra a través del Estado; EM&E, la empresa del presidente Escribano; Amber Capital, y SAPA Placencia. Si se confirmara tal coordinación, argumentan, podría obligar al lanzamiento de una oferta pública de adquisición conforme a la ley del mercado de valores, además de la suspensión de derechos políticos de los implicados.
Álvarez subraya que la CNMV ha permanecido inactiva en este asunto más allá de un informe de 2022. Señala que esta pasividad ya ocurrió cuando STC y el Gobierno entraron en Telefónica. Lo que le inquieta es la estructura misma del conflicto: cuando el Estado es simultáneamente el principal accionista y el principal cliente de una empresa, los intereses divergentes quedan al descubierto. Si las decisiones se toman priorizando beneficios políticos o personales sobre el interés general, advierte, se erosiona el buen gobierno corporativo y se crea un riesgo directo para el Estado de Derecho.
La denuncia pone el foco en cuestiones de transparencia y gobierno corporativo que trascienden los muros de una empresa privada. Álvarez insiste: "Nos afecta a todos". La integridad del mercado y la confianza en las instituciones están en juego. Ahora la CNMV debe decidir si abre investigación.
Notable Quotes
Los conflictos de interés se multiplican en esta operación— Segismundo Álvarez, presidente de Hay Derecho
Cuando el Estado es al mismo tiempo el principal accionista y el principal cliente de una empresa, los conflictos de interés están servidos— Segismundo Álvarez
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué Hay Derecho decidió comprar una acción? ¿No podían denunciar sin ella?
No. La ley exige legitimación activa. Necesitaban demostrar que tenían un interés directo como accionistas. Una acción es el mínimo, pero es suficiente.
¿Cuál es exactamente el conflicto que ven en esta fusión?
Que el presidente de Indra es dueño de la empresa que Indra quiere comprar. Eso es conflicto de interés en su forma más pura. Pero además, el Estado controla casi el 30% de Indra y es cliente de la empresa. Los incentivos están todos torcidos.
¿Han encontrado pruebas de que hubo coordinación entre accionistas?
No. Por eso piden que la CNMV investigue. Sospechan que pudo haber actuación concertada, pero eso es precisamente lo que debe examinar el regulador.
¿Por qué la CNMV no ha actuado ya?
Esa es la pregunta que Hay Derecho se hace. Publicaron un informe en 2022, pero desde entonces, silencio. La fundación cree que el organismo ha sido demasiado pasivo, como lo fue con Telefónica.
¿Qué pasaría si se confirman los conflictos?
Podrían obligar a una oferta pública de adquisición y suspender derechos políticos de los implicados. Pero lo más importante sería restaurar la confianza en que el mercado funciona con reglas claras.
¿Hay Derecho tiene poder real para cambiar algo?
No tienen poder ejecutivo, pero tienen legitimidad. El Supremo ya les reconoció que representan un interés público genuino. Eso les da voz ante reguladores como la CNMV.