Estamos abriendo una autopista innecesaria y con menos controles
En Colombia, el Gobierno Petro impulsa un decreto que permitiría a empresas postales como Efecty y Supergiros ofrecer servicios financieros sin la supervisión de la Superintendencia Financiera, invocando la necesidad histórica de incluir a millones de ciudadanos rurales en el sistema económico. La iniciativa revela una tensión profunda entre el deseo legítimo de ampliar el acceso y la responsabilidad de proteger a los más vulnerables de riesgos financieros que no pueden ver ni anticipar. En el fondo, la pregunta no es solo técnica sino moral: ¿puede la inclusión construirse sobre cimientos sin garantías?
- El MinTIC publicó un borrador de decreto que abriría la puerta a que operadores postales capten ahorros ciudadanos sin pasar por la supervisión financiera tradicional, encendiendo alarmas en todo el sector.
- El Banco de la República y expertos en regulación advierten que la medida elevaría significativamente el riesgo de lavado de activos y dejaría a los usuarios sin el seguro de depósito de hasta 50 millones de pesos que hoy protege sus ahorros.
- Voces del sector señalan que ya existen mecanismos legales como las SEDPES —con más de 1,2 billones de pesos en depósitos— que permiten lograr el mismo objetivo de inclusión sin crear un esquema paralelo y desregulado.
- La consulta pública vence el 22 de junio, mientras el MinTIC avanza en mesas técnicas con reguladores y gremios, aunque la línea entre servicios postales y actividad financiera sigue sin definirse con precisión.
- Colombia, reconocida regionalmente por su solidez en prevención de lavado de activos, arriesga abrir una vía poco supervisada en un momento político sensible, justo antes de una segunda vuelta presidencial.
El Gobierno Petro está promoviendo un decreto que permitiría a empresas de giros postales como Efecty, Supergiros y 4-72 abrir cuentas de ahorro y prestar servicios financieros sin la supervisión de la Superintendencia Financiera. La propuesta, cuya consulta pública vence el 22 de junio, busca aprovechar la red postal —más de 52.000 puntos con cobertura casi total en municipios rurales— como puente hacia la inclusión financiera en zonas donde la pobreza digital afecta a siete de cada diez personas.
Sin embargo, la iniciativa ha generado una reacción contundente. El Banco de la República advirtió sobre riesgos graves de lavado de activos y financiación del terrorismo. Gabriel Santos, de Colombia Fintech, cuestionó la lógica del proyecto: desde 2014 existen las SEDPES, entidades que ya permiten captar recursos de forma regulada y que hoy agrupan a más de 770.000 clientes con más de 1,2 billones de pesos en depósitos. Para Santos, crear un esquema paralelo y menos exigente representa una asimetría regulatoria sin precedentes.
El costo humano es concreto: los usuarios de estas cuentas postales perderían el seguro de depósito de hasta 50 millones de pesos y quedarían fuera del radar de la Superintendencia Financiera. En caso de quiebra, perderían sus ahorros sin ningún respaldo. La viceministra de Conectividad, Gloria Perdomo, defendió el borrador y aseguró que el proceso sigue abierto, mientras el MinTIC avanza en mesas técnicas con reguladores y gremios.
El debate de fondo persiste: dónde trazar la línea entre un servicio postal de pago y una actividad financiera propiamente dicha. En un país que ha construido una reputación sólida en prevención del lavado de activos, abrir una vía poco supervisada sin definiciones claras es un riesgo que expertos y reguladores no están dispuestos a aceptar sin garantías firmes.
El Gobierno Petro está impulsando un decreto que permitiría a empresas de giros postales como Efecty, Supergiros y 4-72 ofrecer servicios financieros sin la supervisión de la Superintendencia Financiera. La propuesta, que reabrió la polémica apenas días antes de la segunda vuelta presidencial, busca que estas compañías abran cuentas de ahorro y presten otros servicios que hoy son exclusivos del sistema financiero regulado. El plazo para que ciudadanos y gremios presenten observaciones vence el 22 de junio.
La iniciativa del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) responde a un objetivo legítimo: ampliar el acceso a servicios financieros en zonas rurales donde la conectividad digital sigue siendo limitada. La red postal cuenta con más de 52.000 puntos de atención que alcanzan entre el 98% y el 100% de cobertura en municipios, veredas y corregimientos del país. En departamentos donde el costo del internet fijo supera hasta 3,6 veces el promedio nacional, y donde siete de cada diez personas enfrentan pobreza digital, el Gobierno ve en la red postal un puente estratégico hacia la inclusión financiera.
Pero el proyecto ha generado una reacción contundente del sector financiero y de expertos en regulación. El Banco de la República advirtió que aprobar este decreto aumentaría significativamente el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el país. Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, cuestionó por qué el Gobierno busca crear un esquema paralelo y poco regulado cuando ya existen herramientas legales para lograr el mismo objetivo. Recordó que desde 2014 funcionan las Sociedades Especializadas en Pagos y Depósitos Electrónicos (SEDPES), un mecanismo que permite a empresas captar recursos de forma legal y regulada. A marzo de este año, nueve SEDPES operaban en Colombia con más de 1,2 billones de pesos en depósitos de más de 770.000 clientes.
El punto crítico es que los usuarios de estas cuentas postales perderían protecciones fundamentales. Bajo la regulación actual, los depósitos en entidades financieras cuentan con un seguro que responde hasta por 50 millones de pesos si la entidad quiebra. Las cuentas postales no tendrían este respaldo. Además, la Superintendencia Financiera no ejercería supervisión sobre estas operaciones como lo hace con bancos, cooperativas y fintechs autorizadas. Carlos Alberto Ruiz Martínez, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, señaló que en caso de una potencial quiebra, el ciudadano perdería sus ahorros sin protección alguna.
La viceministra de Conectividad, Gloria Perdomo, salió a defender el borrador en entrevista con BRAVA NEWS, insistiendo en que es una coincidencia que el documento se haya publicado antes de la segunda vuelta presidencial y que el proceso sigue abierto a comentarios ciudadanos. El MinTIC cerró la fase de consulta pública el 30 de enero, cuando recibió 144 comentarios de distintos actores de la industria. Desde entonces, la cartera ha señalado que avanza en mesas técnicas interinstitucionales con la Superintendencia Financiera, Asopostales y otros gremios para ajustar la normativa.
Los expertos coinciden en que el principal punto de discusión sigue siendo dónde trazar la línea entre los servicios postales de pago y las actividades propias del sistema financiero. Cualquier cambio en este frente requiere definiciones precisas para evitar vacíos regulatorios sin precedentes. Santos advirtió que la propuesta crearía una asimetría regulatoria inédita: operadores postales funcionarían como entidades financieras sin cumplir los requisitos que se exigen a los demás actores del sector. En un momento en que Colombia mantiene una tradición de ser uno de los países con mejor vigilancia en prevención de lavado de activos en la región, abrir una vía paralela poco supervisada representa un riesgo que expertos y reguladores no están dispuestos a asumir sin garantías claras.
Citas Notables
Los operadores postales podrían operar, en la práctica, como entidades financieras sin cumplir los requisitos que sí se exigen a los demás actores del sector— Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech
En el caso de que se habilite el decreto, esa supervisión no va a operar de igual forma sobre esas cuentas— Carlos Alberto Ruiz Martínez, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué el Gobierno insiste en este decreto si ya existen las SEDPES desde hace casi doce años?
Porque las SEDPES requieren cumplir requisitos regulatorios que las empresas postales no quieren asumir. El Gobierno ve en la red postal algo que las SEDPES no tienen: 52.000 puntos de atención en lugares donde ni siquiera llega internet. Es tentador.
Pero entonces, ¿por qué no simplemente autorizar a las SEDPES a operar a través de la red postal?
Esa es exactamente la pregunta que Gabriel Santos está haciendo. El Gobierno podría haber elegido ese camino. En cambio, eligió crear un esquema paralelo sin supervisión.
¿Qué pierden los ciudadanos si esto se aprueba?
Pierden el seguro de depósito de 50 millones de pesos. Pierden supervisión contra fraude. Pierden la protección que Colombia ha construido durante años contra lavado de activos. Si la empresa quiebra, el dinero desaparece.
¿Entonces es solo un riesgo de seguridad, o hay algo más?
Es también una pregunta sobre por qué el Gobierno elige la vía más riesgosa cuando existen alternativas reguladas. Eso genera desconfianza sobre las verdaderas intenciones.
¿Qué debería pasar ahora?
La consulta pública vence el 22 de junio. El MinTIC dice que está escuchando. Pero los expertos advierten que cualquier cambio requiere definiciones precisas. Si no las hay, Colombia abre una puerta que será muy difícil cerrar.