De la crisis renovable a rival de las grandes eléctricas en una década
En una década, Forestalia pasó de ser desconocida a acumular gigavatios y negociar con gigantes industriales como Stellantis y CATL para abastecer megafactorías. El grupo ha fichado a ex altos cargos del Gobierno aragonés y enfrenta acusaciones de fraccionamiento de proyectos para eludir supervisión ministerial, aunque una comisión de investigación no encontró indicios de delito.
- Forestalia fundada en 2011 por Fernando Samper, heredero del Grupo Jorge
- Más de 1.500 MW de energía eólica construidos y en operación, cerca de 500 MW de fotovoltaica
- Proyecto de centros de datos de 12.000 millones de euros, segunda mayor inversión en la historia de Aragón
- Fichajes de ex altos cargos: Julio Tejedor, Alfredo Boné, Luis Marruedo
- Acusaciones de fraccionamiento de proyectos en expedientes de menos de 50 MW
Forestalia, empresa aragonesa fundada por Fernando Samper, ha escalado desde la crisis renovable de 2011 hasta convertirse en líder energético español, pero su expansión está rodeada de denuncias por fraccionamiento de proyectos y fichajes de ex cargos políticos.
Hace diez años, Forestalia era un nombre desconocido fuera de los despachos de Zaragoza. Hoy controla gigavatios de energía renovable, negocia con gigantes industriales y planea invertir 12.000 millones de euros en centros de datos. El ascenso ha sido meteórico. También ha sido ruidoso, envuelto en acusaciones de fraccionamiento de proyectos, fichajes de ex políticos de alto nivel y preguntas incómodas sobre cómo una empresa consiguió tanto, tan rápido, en un territorio donde el acceso a permisos ambientales es la moneda más valiosa.
Fernando Samper fundó Forestalia en 2011, en plena crisis económica, cuando el mercado de las renovables estaba congelado. Samper venía de una familia aragonesa con raíces profundas en el negocio agroalimentario, heredero del Grupo Jorge, uno de los gigantes cárnicos de la región. Las diferencias con sus hermanos lo empujaron hacia una nueva aventura. Mientras otros inversores esperaban, Samper apostó por la energía limpia. El punto de quiebre llegó en 2016, cuando Forestalia se adjudicó más de 400 megavatios en la primera subasta ministerial después de años de bloqueo. De repente, la empresa no era solo un jugador regional. Era un rival para las grandes eléctricas tradicionales.
Lo que vino después fue una cadena de victorias. Forestalia ganó puja tras puja, acumulando varios gigavatios de capacidad adjudicada. Hoy opera más de 1.500 megavatios de energía eólica y cerca de 500 de fotovoltaica, principalmente en comarcas de Zaragoza. El crecimiento renovable de Aragón se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para el siguiente movimiento: convertirse en socio energético de proyectos industriales masivos. Forestalia cerró un acuerdo estratégico con la empresa china CGE para desarrollar alrededor de 1.000 megavatios renovables destinados a abastecer la gigafactoría de baterías que Stellantis y CATL planean construir en la provincia. Hace apenas un mes, Samper presentó con gran despliegue un proyecto de centros de datos en tres municipios de Zaragoza, con una inversión proyectada de 12.000 millones de euros, la segunda mayor en la historia de Aragón.
Pero el éxito tiene una sombra. El ascenso de Forestalia ha despertado recelos en el sector y en parte del territorio, que ven en la empresa el emblema de una burbuja renovable que Aragón aprovecha para presumir de liderazgo energético. El asunto más polémico ha sido el fichaje de ex altos cargos del Gobierno aragonés. Julio Tejedor, mano derecha del presidente Javier Lambán entre 2015 y 2021, se unió a Forestalia. También lo hizo Alfredo Boné, histórico dirigente del PAR y consejero de Medio Ambiente durante el Gobierno de Marcelino Iglesias de 2002 a 2011. Luis Marruedo, que ocupó distintos cargos bajo Iglesias y bajo la popular Luisa Fernanda Rudi, también fichó por la empresa. Estos movimientos alimentaron la percepción de puertas giratorias en un contexto especialmente sensible: el de la planificación energética y la concesión de permisos para macroparques renovables en zonas rurales.
Otra acusación que ha generado sombras es el supuesto fraccionamiento de proyectos. Forestalia habría dividido instalaciones en varios expedientes de menos de 50 megavatios cada uno. Esto es importante porque proyectos por debajo de ese umbral quedan bajo supervisión del Gobierno de Aragón, a través del Instituto de Gestión Ambiental, y no suben a los despachos del Ministerio. El entonces director del Inaga, Jesús Lobera, sostuvo que todos los proyectos de 49,9 megavatios cercanos unos a otros se evaluaban de forma conjunta. Pero la acusación persistió.
En 2021, el Gobierno de Aragón contrató a tres consultoras —Satel, Vea Qualitas y Calidad y Estudios— para desatascar el ingente volumen de proyectos de renovables que tenían sobre la mesa. El problema: estas consultoras habían trabajado previamente con Forestalia. La presión social y política desembocó en una comisión de investigación en las Cortes de Aragón, que trató de esclarecer si durante el Gobierno de Lambán se produjeron irregularidades en la adjudicación de licencias para instalaciones renovables. Forestalia estuvo en el centro del foco. Los responsables de las consultoras rechazaron cualquier acusación y negaron de forma contundente que informaran sobre expedientes para los que hubieran trabajado previamente. La comisión finalizó sin detectar ningún indicio de delito, tampoco en el posible fraccionamiento de proyectos.
Pero las acusaciones no se han detenido. En agosto de 2024, el movimiento ciudadano Teruel Existe denunció que el Ministerio negó la autorización ambiental a proyectos eólicos de Green Capital en los mismos puntos del Matarraña donde, dos años antes, sí había dado el visto bueno a parques de Forestalia. La pregunta que quedó flotando en el aire fue incómoda: ¿se beneficia Forestalia de un trato diferenciado en un territorio donde la burbuja renovable ha convertido los permisos ambientales en el activo más disputado?
Notable Quotes
Todos los proyectos de 49,9 MW cercanos unos a otros se evaluaban de forma conjunta— Jesús Lobera, entonces director del Instituto de Gestión Ambiental
El Ministerio negó la autorización ambiental a proyectos eólicos de Green Capital en los mismos puntos del Matarraña donde dos años antes sí dio el visto bueno a parques de Forestalia— Teruel Existe, movimiento ciudadano
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué un empresario de la industria cárnica decide meterse en energías renovables en plena crisis?
Porque vio lo que otros no veían. En 2011, el mercado renovable estaba congelado, pero Samper apostó. Cuando llegó 2016 y el Ministerio abrió las primeras subastas, él ya estaba posicionado. Fue timing, pero también visión.
¿Qué hace que el fichaje de ex políticos sea tan problemático aquí?
No es solo que contrate ex cargos. Es que los contrata en un sector donde esos ex cargos tenían poder de decisión sobre permisos. Tejedor estaba al lado de Lambán cuando se aprobaban licencias. Eso crea la percepción de que las puertas giran.
¿Y el fraccionamiento de proyectos? ¿Es una acusación real o una teoría de la conspiración?
Es una acusación real, pero nunca probada. Dividir un proyecto de 100 megavatios en dos de 49,9 te permite esquivar supervisión ministerial. La comisión de investigación no encontró delito, pero la sospecha persiste porque tiene lógica.
¿Cómo es posible que una empresa aragonesa compita con las grandes eléctricas?
Forestalia llegó cuando el mercado estaba abierto y las grandes eléctricas estaban dormidas. Ganó subastas, acumuló capacidad, se hizo grande. Ahora es tan grande que puede negociar con Stellantis y CATL. Es una historia de éxito, pero también de oportunidad.
¿Qué significa que Teruel Existe denuncie trato diferenciado?
Significa que hay gente que cree que Forestalia tiene acceso a permisos que otros no tienen. Que el Ministerio dice no a Green Capital en el mismo lugar donde dijo sí a Forestalia. Es la pregunta que nadie ha respondido bien.