Fiscalía llama a imputación a Miguel Quintero y pide aseguramiento en cárcel

Miguel Quintero Calle se enfrenta ahora a la justicia. La Fiscalía General de la Nación radicó esta tarde una llamada a audiencia de imputación en su contra, junto con tres personas más, por lo que los investigadores describen como un esquema sistemático de desviación de recursos públicos y cobro de comisiones durante los años en que su hermano Daniel Quintero fue alcalde de Medellín. La Fiscalía no solo pide que se lleve a cabo la audiencia: solicita que todos cuatro sean enviados a la cárcel mientras avanza el proceso.

Los otros tres imputados son Álvaro Alonso Villada García, quien fungía como subdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Sebastián Ortega Urán, hijo de un político influyente de Bello que aparece vinculado a varios escándalos de la administración Quintero; y Vanessa Álvarez Restrepo, que se desempeñaba como asesora jurídica del AMVA y posteriormente fue nombrada secretaria de Medio Ambiente. Los cargos específicos son interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La razón para solicitar prisión preventiva es contundente: Daniel Quintero ocupa hoy el cargo de Superintendente de Salud, desde el cual, según argumenta la Fiscalía, podría obstruir el ejercicio de la justicia.

La investigación se centra en irregularidades que habrían ocurrido entre 2020 y 2023, particularmente en dos grandes contratos: uno con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por aproximadamente dieciocho mil millones de pesos, y otro para el mantenimiento del Parque de las Aguas por una suma similar. Según los hallazgos, Miguel Quintero habría actuado como articulador central de un esquema donde se entregaban contratos a terceros a cambio de comisiones cercanas a tres mil doscientos millones de pesos. El patrón era claro: se cobraba una comisión del veinte por ciento sobre los contratos, de la cual Miguel Quintero se quedaba con el diez por ciento y el resto se repartía entre los demás participantes. Un testigo que cooperó con la investigación le explicó a los periodistas que en los círculos de construcción se volvió de conocimiento público que "el diez por ciento era para Miguel y el resto para repartirlo".

La Fiscalía construyó su caso sobre testimonios, conversaciones de WhatsApp, audios y fotografías entregados por cuatro personas que recibieron principio de oportunidad. Entre las evidencias más llamativas están las fotografías que muestran a Miguel Quintero posando con un Ferrari y un reloj Rólex, bienes que según los testigos fueron obtenidos como pago por favores contractuales. El vehículo tendría un valor superior a mil quinientos millones de pesos en el mercado, mientras que el reloj oscila entre setenta y doscientos millones. En un grupo de chat llamado "Amigos", activo entre enero de 2020 y marzo de 2021, Quintero escribió: "Positivo el día de hoy. Grandes ligas", mensaje que aparentemente celebraba alguna transacción. En ese mismo grupo, él, Villada y Ortega discutían asuntos administrativos, jurídicos y financieros del AMVA, incluyendo la gestión de hojas de vida para cargos públicos y la resolución de trámites contractuales.

Los chats revelan también un patrón de ostentación que ahora deberá explicar ante los investigadores. En conversaciones sobre una finca que estaba construyendo, Quintero menciona que el presupuesto para la piscina había pasado de ochenta millones a ciento sesenta millones de pesos, y que los trabajos de paisajismo le costaron treinta millones cuando estaban cotizados en veinte. Además, aparecen conversaciones sobre un penthouse incautado hace veinticinco años en una operación de extinción de dominio, que Quintero habría utilizado como punto de encuentro sin tener asignación formal del inmueble. En una grabación de voz de mayo de 2020, discute con Sebastián Ortega sobre arreglarlo y pagos de administración de ochocientos o novecientos mil pesos mensuales, sugiriendo que podría servir como reemplazo de otro sitio de reuniones conocido como "el inmueble".

El patrimonio de Miguel Quintero que ha sido documentado supera los cinco mil millones de pesos, una cifra que contrasta radicalmente con su historial laboral: fue concejal de Medellín entre 2012 y 2015, y tuvo un breve paso como funcionario de segundo nivel en la Gobernación de Antioquia durante la administración de Luis Pérez. No hay ingresos que expliquen semejante riqueza. Lo que sí existe es un registro de cómo tejió una red de lealtades que se activó completamente cuando su hermano llegó a la Alcaldía en 2020. Según decenas de testimonios, Miguel Quintero operaba como el poder en la sombra del AMVA, manejando los hilos de la contratación. Desde el Concejo, impulsó a Juan David Palacio hasta ponerlo al frente de la entidad, y desde ahí le daba instrucciones que eran acatadas sin cuestionamientos.

Mientras la Fiscalía avanza con la imputación de Miguel Quintero, su hermano Daniel ocupa la Superintendencia de Salud, un cargo asignado por el presidente Gustavo Petro. Daniel Quintero está al frente de un presupuesto de funcionamiento de más de quinientos sesenta y dos mil millones de pesos para 2026. Pero la magnitud real de su influencia es mayor: su despacho tiene bajo su órbita a las EPS intervenidas, que concentran veintitrés millones ciento mil afiliados —el cuarenta y seis por ciento de todo el sistema— y manejan cifras de hasta veintiséis billones de pesos anuales. La audiencia de imputación para Miguel Quintero se espera que sea convocada para la próxima semana, según los tiempos de los juzgados.