Fiscalía de Brasil acusa a cuatro por muerte de joven en salto de bungee sin cuerda de seguridad

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, murió por politraumatismo tras caer sin equipo de seguridad desde una altura de 30-35 metros durante un salto de bungee.
Sabían de los riesgos mortales. Continuaron sin cambiar nada.
La Fiscalía documentó que los organizadores tenían conocimiento de peligros previos pero no modificaron los protocolos de seguridad.

El 13 de junio, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, cayó desde más de treinta metros en un viaducto de São Paulo sin la cuerda que debía salvarla. Lo que la humanidad llama aventura exige un pacto de cuidado entre quienes guían y quienes confían; ese pacto fue roto con conocimiento y sin remordimiento previo. Ahora la justicia brasileña intenta nombrar esa ruptura con palabras legales: homicidio con dolo eventual, negligencia sistemática, obstrucción de pruebas.

  • Una joven de 21 años fue lanzada al vacío sin cuerda de seguridad durante una maniobra de bungee llamada 'avioncito', cayendo 30-35 metros ante decenas de testigos que grabaron su caída.
  • La investigación expuso que el grupo operaba sin protocolos formales, sin división de funciones y con pleno conocimiento de fallos previos que jamás fueron corregidos.
  • La organizadora intentó hacer desaparecer la cámara corporal que portaba la víctima, un acto que agravó los cargos en su contra y añadió la acusación de fraude procesal.
  • La Fiscalía acusó formalmente a tres instructores y a la organizadora por homicidio con dolo eventual, agravado por motivo torpe y por haber imposibilitado la defensa de la víctima.
  • El Ministerio Público solicita prisión preventiva para todos los acusados y una indemnización de 200.000 reales para la familia, mientras la cámara corporal clave permanece desaparecida.

El 13 de junio, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas se lanzó desde el viaducto Ponte do Esqueleto en Limeira, São Paulo, en lo que debía ser un salto de bungee controlado. Tenía 21 años. No llevaba cuerda de seguridad. La caída libre desde entre 30 y 35 metros le causó múltiples traumatismos que resultaron fatales antes de que los médicos pudieran intervenir.

Semanas después, la Fiscalía brasileña acusó formalmente a cuatro personas: los instructores Luis Felipe Feliciano Egoroff, Maicon Fernandes Cintra y Vitor de Freitas Gonçalves, y la organizadora del evento. Los cargos incluyen homicidio con dolo eventual, agravado por motivo torpe y por haber imposibilitado la defensa de la víctima. La organizadora enfrenta además una acusación de fraude procesal.

La maniobra en cuestión, conocida localmente como 'avioncito', consiste en levantar al participante y lanzarlo al vacío, y exige controles dobles del equipo. Ese día no hubo ninguno: la cuerda nunca fue fijada al arnés de Maria Eduarda. Decenas de personas presenciaron el accidente; algunos lo grabaron, y los videos que circularon en redes sociales recogen los gritos de quienes comprendieron en tiempo real lo que estaba ocurriendo.

La investigación reveló una negligencia estructural y no accidental. El grupo carecía de protocolos formales de seguridad, operaba eventos de entre 80 y 100 personas sin una división clara de funciones y tenía conocimiento de fallos operativos anteriores que nunca fueron corregidos. La organizadora, según la Fiscalía, ya conocía un incidente similar previo y aun así no suspendió las actividades.

Tras el accidente, la organizadora intentó localizar y borrar el contenido de la cámara corporal que portaba la víctima. El dispositivo sigue desaparecido, y ese intento de destruir pruebas agravó los cargos en su contra. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos los acusados y una indemnización de 200.000 reales —cerca de 39.000 dólares— para la familia de Maria Eduarda: una cifra que intenta traducir a términos legales lo que no tiene precio.

El 13 de junio, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas se lanzó desde el viaducto conocido como Ponte do Esqueleto en Limeira, São Paulo. La altura era de entre 30 y 35 metros. No llevaba cuerda de seguridad. Lo que debió ser un salto controlado se convirtió en una caída libre que le causó múltiples traumatismos. Cuando los médicos llegaron al lugar, ya no había nada que hacer.

La Fiscalía de Brasil acusó formalmente a cuatro personas por su responsabilidad en esa muerte. Tres de ellas eran instructores: Luis Felipe Feliciano Egoroff, Maicon Fernandes Cintra y Vitor de Freitas Gonçalves. La cuarta era la organizadora del evento. Los cargos son graves. El Ministerio Público imputó homicidio con dolo eventual, agravado por motivo torpe y por el uso de recursos que imposibilitaron la defensa de la víctima. Para la organizadora, además, fraude procesal.

Lo que sucedió aquel día fue una maniobra conocida localmente como "avioncito". En esta práctica, los operadores levantan al participante y lo lanzan al vacío. Requiere extrema precaución y controles dobles del equipo. En este caso, no hubo ninguno de esos controles. La cuerda nunca fue fijada al arnés de Maria Eduarda. Decenas de entusiastas de deportes extremos presenciaron el accidente. Algunos grabaron video. En las imágenes que circularon después en redes sociales se escuchan los gritos de quienes se dieron cuenta de lo que estaba pasando.

La investigación reveló un patrón de negligencia sistemática. El grupo operaba sin estructura formal de gestión de riesgos. Los protocolos básicos de seguridad no existían o no se respetaban. Los eventos solían congregar entre 80 y 100 personas, pero no había una división clara de funciones dentro del equipo. Más grave aún: los responsables tenían conocimiento de los riesgos mortales inherentes a la actividad. Sabían de fallos operativos anteriores. Continuaron realizando los saltos sin modificar nada. En el caso de la organizadora, la Fiscalía sostiene que ya conocía un incidente similar previo, pero nunca suspendió las actividades.

Después del accidente, la organizadora tomó medidas para obstruir la investigación. Ordenó localizar la cámara corporal que portaba Maria Eduarda y borrar su contenido. El dispositivo sigue desaparecido. Este intento de destruir pruebas clave agravó los cargos en su contra y reforzó la acusación de fraude procesal.

La Fiscalía solicitó que se mantenga la prisión preventiva de los tres instructores y que la detención temporal de la organizadora se convierta en prisión preventiva. También pidió una indemnización de 200.000 reales —aproximadamente 39.000 dólares— en concepto de reparación de daños para la familia de la víctima. Un número que intenta medir lo inconmensurable: el costo de una vida de 21 años perdida por negligencia deliberada.

Los responsables del evento tenían conocimiento de los riesgos mortales inherentes a la actividad y de antecedentes de fallos operativos anteriores, pero continuaron realizando los saltos sin modificar los protocolos.
— Ministerio Público de São Paulo
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
Inventor

¿Cómo es posible que cuatro adultos responsables de un evento con cien personas no aseguren una cuerda de seguridad?

Model

No fue un descuido aislado. La Fiscalía encontró que operaban sin protocolos formales. Sabían de los riesgos y de fallos anteriores, pero continuaron igual.

Inventor

¿Y la organizadora? ¿Por qué intentó destruir la cámara corporal?

Model

Eso es lo que sugiere que sabía exactamente lo que había hecho. Si hubiera sido un accidente genuino, ¿por qué borrar pruebas? La Fiscalía ve en eso conciencia de culpa.

Inventor

¿Había pasado algo similar antes?

Model

Sí. La organizadora conocía un incidente previo. Nunca suspendió las actividades. Eso es lo que convierte esto en homicidio con dolo eventual, no en un accidente.

Inventor

¿Qué significa "avioncito" exactamente?

Model

Es una maniobra donde los operadores levantan al participante y lo lanzan al vacío. Requiere controles dobles del equipo. En este caso, no hubo ni siquiera un control simple.

Inventor

¿Qué pasa ahora con los acusados?

Model

La Fiscalía pidió prisión preventiva para todos. Pero lo más importante es que Maria Eduarda tenía 21 años. Su familia recibió una indemnización de 39.000 dólares. Es lo único que el sistema puede ofrecer.

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