Treinta años de posesión pacífica ya constituyen los elementos para invocar prescripción positiva
En la Huasteca potosina, más de cien familias indígenas Tének que durante treinta años labraron y habitaron el predio La Peña fueron expulsadas por la fuerza en junio de 2026, como si tres décadas de vida y trabajo pudieran borrarse en un solo operativo policial. Los tribunales federales respondieron con un amparo restitutorio provisional que obliga a devolver la posesión de esas 200 hectáreas al estado previo al desalojo, recordando que la ley reconoce lo que los gobiernos han preferido ignorar. Este caso no es una anomalía: es el retrato de lo que ocurre cuando el abandono institucional se prolonga tanto que termina pareciéndose a una política.
- El 9 de junio, un operativo policial violento expulsó a más de cien familias Tének de tierras que habitaban pacíficamente desde hace tres décadas, deteniendo a seis personas incluida una mujer.
- Treinta años de trámites agrarios, mesas de diálogo y compromisos escritos por gobiernos de tres niveles fueron desechados en un solo día, sin indemnización ni liquidación para las familias afectadas.
- Detrás del desalojo asoma la ambición comercial: La Peña está a 200 metros del centro de Tampamolón Corona y ha despertado interés en desarrollos urbanos privados con dinero de por medio.
- En julio, los tribunales federales otorgaron el amparo restitutorio provisional en el Recurso de Queja 195/2026, obligando a restituir la posesión del predio mientras se analiza el fondo del litigio.
- El caso exige ahora que los tres niveles de gobierno cumplan compromisos documentados hace más de veinte años, pues la omisión prolongada, advierten los representantes campesinos, equivale a complicidad.
A principios de junio de 2026, más de cien familias indígenas Tének fueron desalojadas por la fuerza de La Peña, un predio de 200 hectáreas a escasos metros del centro de Tampamolón Corona, en la Huasteca potosina. El operativo fue violento: seis personas detenidas, entre ellas una mujer, liberadas dos días después sin cargos pero con treinta años de vida borrados en un solo día.
La historia de La Peña comenzó décadas antes. A principios de los años ochenta, trabajadores indígenas labraron esas tierras para rancheros locales. Cuando los propietarios no pudieron pagar un préstamo bancario, Bancomer se quedó con el terreno mediante juicio mercantil. Los trabajadores nunca se fueron, nunca fueron indemnizados, y simplemente continuaron viviendo y trabajando allí. En los noventa intentaron que el predio fuera reconocido como ejido, pero la reforma salinista al artículo 27 cerró esa puerta. Desde el año 2000, organizaciones campesinas los asesoraron en nuevas vías de regularización. Hubo promesas escritas, viajes a la capital, expedientes canalizados hasta la Presidencia de la República. Hace diez años, funcionarios valuaron el terreno y ofrecieron una cifra que los ancianos consideraron insuficiente. No hubo acuerdo. El proceso se prolongó sin resolución.
El 9 de junio clausuró todas esas vías de golpe. Pero en julio, los tribunales federales respondieron con el amparo restitutorio provisional en el Recurso de Queja 195/2026, que obliga a devolver la posesión del predio en el estado exacto previo al desalojo mientras se resuelve el fondo del litigio.
Pedro González Gómez, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, señaló lo que está en juego: la ubicación estratégica de La Peña ha despertado interés en desarrollos urbanos privados. Pero también recordó que treinta años de posesión pacífica, continua y pública son suficientes para invocar la prescripción positiva. La ley lo reconoce. Lo que falta es que los gobiernos cumplan su palabra, documentada hace más de veinte años. La omisión, advirtió, no es neutralidad: es complicidad.
A principios de junio, más de cien familias indígenas Tének fueron sacadas a la fuerza de La Peña, un predio de 200 hectáreas ubicado a apenas 200 metros del centro de Tampamolón Corona, en la Huasteca potosina. El operativo policial fue violento. Seis personas fueron detenidas, entre ellas una mujer. Dos días después, sin cargos que sostuvieran las detenciones y bajo presión de organizaciones campesinas, fueron liberadas. Pero el daño ya estaba hecho: treinta años de vida, trabajo y presencia continua en esa tierra fueron borrados en un solo día.
Lo que sucedió el 9 de junio no fue un acto aislado. Fue el punto final de tres décadas de abandono institucional. A principios de los años ochenta, trabajadores indígenas comenzaron a labrar esas tierras para rancheros locales. A finales de esa década, los propietarios pidieron 300 mil pesos prestados a un banco. No pudieron pagar. Bancomer inició un juicio mercantil, ganó, y se quedó con el terreno. Los trabajadores nunca se fueron. Los dueños nunca los indemnizaron. Simplemente continuaron viviendo y trabajando en La Peña, como si nada hubiera cambiado, porque para ellos nada había cambiado.
Durante treinta años, ni el gobierno federal, ni el estatal, ni el municipal lograron resolver esto de manera pacífica, legal y respetuosa con los derechos humanos de estas familias. En los noventa, los pobladores iniciaron trámites para que el terreno fuera reconocido como ejido a su nombre. Pero en 1992, la reforma al artículo 27 constitucional del gobierno de Salinas cerró esa puerta. Ocho años después, en 2000, organizaciones campesinas comenzaron a asesorarlos. Buscaban regularización a través de acuerdos nacionales para el campo. Los ocupantes llevaban más de una década en posesión pacífica. Debería haber sido suficiente. No lo fue. Los funcionarios de reforma agraria pidieron que fuera un ejido quien solicitara la regularización, pero los indígenas Tének no lograron constituir uno. Hubo promesas escritas. Hubo viajes de ida y vuelta a la capital. Hubo tiempo perdido.
Hace diez años, funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria visitaron La Peña, valoraron el terreno, y ofrecieron una cantidad que los ancianos que habían trabajado esas tierras durante más de treinta años consideraron insuficiente. No hubo acuerdo. El expediente fue canalizado a nivel federal: a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, a la Procuraduría Agraria, incluso a la Presidencia de la República. Había mesas de diálogo. Había compromisos políticos documentados. Había, aparentemente, un proceso.
Pero el 9 de junio, todo eso fue desechado. El operativo violento cerró las vías del diálogo. Violó los compromisos pactados. Y entonces, en julio, los tribunales federales intervinieron. Otorgaron un amparo restitutorio provisional en el Recurso de Queja 195/2026 que obliga a que las cien familias recuperen la posesión del predio en el estado exacto en que se encontraba antes del desalojo, mientras se analiza el fondo del litigio.
Pedro González Gómez, secretario del comité estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, fue claro sobre lo que está en juego. La ubicación de La Peña ha despertado, en los últimos años, una fuerte ambición comercial. Hay interés en desarrollos urbanos privados. Hay dinero de por medio. Y hay, también, una pregunta fundamental que las autoridades parecen no entender: los pueblos originarios tienen derechos específicos porque esas tierras son suyas, porque nacieron ahí, crecieron ahí, murieron ahí sus abuelos y abuelas. Treinta años de posesión pacífica, continua y pública ya constituyen los elementos necesarios para invocar la prescripción positiva. La ley lo dice. Los tribunales lo reconocen. Lo que falta es que los gobiernos de los tres niveles cumplan su palabra, documentada hace más de veinte años, sin importar quién esté en el cargo. La omisión, en este caso, es complicidad. Y la complicidad no debe tener impunidad.
Citas Notables
Las autoridades no entienden que los pueblos originarios tienen derechos específicos por ser dueños de las tierras, ahí nacieron, ahí crecieron, ahí murieron sus abuelas y sus abuelos— Pedro González Gómez, secretario del comité estatal de la CIOAC
La omisión en este caso, desde no cumplir, también es complicidad y eso es un delito que no debe tener impunidad— Pedro González Gómez
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué tardó treinta años en llegar a los tribunales algo que parece tan claro?
Porque las instituciones agrarias estaban diseñadas para otro tipo de conflicto. Cuando los indígenas intentaron regularizar en los noventa, la reforma de Salinas cerró la creación de nuevos ejidos. Después, en 2000, los funcionarios les pidieron que fueran un ejido, pero no podían serlo. Era un círculo.
¿Y los compromisos políticos que menciona? ¿Quién los hizo?
Secretarías federales, gobiernos estatales. Hay documentos. Hace diez años vinieron a valorar el terreno. Pero valorar no es resolver. Y mientras tanto, la tierra se volvía más valiosa para otros intereses.
¿Qué cambió en junio para que de repente usaran la fuerza?
Eso es lo que nadie explica claramente. Había mesas de diálogo. El caso estaba en la Secretaría de Gobernación. Y luego, un operativo violento. Seis detenciones. Como si alguien hubiera decidido que el diálogo ya no servía.
¿El amparo resuelve el problema?
Resuelve lo inmediato: las familias vuelven. Pero el fondo del litigio sigue en análisis. Quién es el verdadero dueño, qué derechos tienen después de treinta años, si la prescripción positiva aplica. Eso todavía está por decidirse.
¿Qué pasa con los que murieron en estos treinta años sin liquidación ni jubilación?
Nada. Eso es lo que duele. Algunos de los que comenzaron en los ochenta ya no están. Trabajaron la tierra toda la vida sin protección legal, sin seguridad social. Sus familias quedaron sin nada.