Ser pobre no es un delito, pero aquí parece serlo
En las semanas posteriores a las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024, al menos 58 adolescentes fueron detenidos sin órdenes formales de arresto y acusados de terrorismo, según registros de Foro Penal. Sus familias, en su mayoría trabajadores de escasos recursos, denuncian torturas físicas y psicológicas en calabozos policiales de Caracas y otras ciudades del país. Lo que emerge de esta historia no es solo una crisis legal, sino una pregunta más antigua sobre el poder y sus límites: hasta dónde puede llegar un Estado en su afán de silenciar el disenso, y qué le queda a una familia cuando la ley ya no la protege.
- Adolescentes arrestados dentro de sus propias casas o en la puerta de sus hogares, sin orden judicial y sin haber participado en ninguna protesta callejera.
- Familiares reportan torturas sistemáticas: capuchas, descargas eléctricas y confesiones grabadas bajo coacción en calabozos de la Policía Nacional Bolivariana.
- Las acusaciones de terrorismo e incitación al odio pesan sobre menores de edad cuya única conexión con las protestas parece ser haber vivido en el país en ese momento.
- Madres y hermanas que trabajan como manicuristas u obreros no pueden sostener su economía porque deben estar disponibles para los escasos días de visita permitidos.
- Ante el silencio oficial y más de 48 días sin respuesta, las familias se organizan en plazas públicas para recolectar alimentos y artículos de higiene básica para sus hijos detenidos.
- Con pancartas y fotografías, exigen que ser pobre y trabajador no sea tratado como un crimen en un país donde la disidencia parece haberse vuelto sinónimo de terrorismo.
Bajo el calor de una mañana caraqueña, un grupo de padres y hermanos se reúne en una plaza con bolsas de alimentos enlatados y artículos de higiene. No vienen a recibir caridad: vienen a resistir. Según Foro Penal, organización que documenta casos de prisioneros políticos en Venezuela, 58 menores de edad permanecen detenidos en todo el país desde las semanas que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Lo que comenzó como protestas masivas contra la ratificación de Nicolás Maduro se convirtió, para decenas de adolescentes, en una pesadilla de confinamiento. Dionexis García describe cómo su hermano de 17 años fue aprehendido el 2 de agosto dentro de la casa de un amigo, sin orden formal. En los calabozos conocidos como Zona 7, en el este de Caracas, le colocaron una capucha, le aplicaron descargas eléctricas y lo obligaron a grabar una supuesta confesión. El joven nunca salió a protestar. Aun así, enfrenta cargos de terrorismo e incitación al odio.
Theany Urbina, manicurista de 32 años, vive una situación similar. Su hijo de 16 años fue levantado por dos policías mientras comía en la puerta de su casa, cinco días después de las elecciones. Urbina no puede trabajar con regularidad porque necesita estar disponible para los días de visita. El dinero no alcanza ni para jabón ni pasta de dientes.
Por eso están en la plaza, recolectando lo que ciudadanos anónimos pueden donar. García resume el agravio con una frase que se vuelve consigna: "Somos obreros, personas trabajadoras que no cuentan con recursos. Queremos hacer un llamado porque ser pobre no es un delito". Después de 48 días sin respuesta oficial, con denuncias de tortura sin investigar y acusaciones que parecen fabricadas, las familias siguen aquí. Siguen esperando que alguien escuche.
En una plaza de Caracas, bajo el calor de la mañana, un grupo de padres y hermanos se reúne alrededor de bolsas de alimentos enlatados y artículos de higiene personal. No es una distribución de caridad. Es un acto de resistencia silenciosa. Según los registros de Foro Penal, la organización que documenta casos de prisioneros políticos en Venezuela, hay 58 menores de edad en detención en todo el país, arrestados en las semanas que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Lo que comenzó como protestas masivas contra la ratificación de Nicolás Maduro como presidente electo se convirtió, para decenas de adolescentes, en una pesadilla de confinamiento y, según sus familias, de tortura sistemática. Dionexis García, hermana de un chico de 17 años, describe lo que le ocurrió a su hermano después de su detención el 2 de agosto. Fue aprehendido dentro de la casa de un amigo, sin orden de detención formal. En un lugar conocido como Zona 7, calabozos de la Policía Nacional Bolivariana ubicados en el este de Caracas, fue sometido a lo que su hermana caracteriza como tortura: le colocaron una capucha, le aplicaron descargas eléctricas, y lo obligaron a grabar un video en el que supuestamente confesaba haber recibido 50 dólares para participar en las manifestaciones. El joven nunca salió a la calle. Nunca protestó. Aun así, fue acusado de terrorismo e incitación al odio.
Esta es la realidad que enfrentan las familias. Theany Urbina, de 32 años, trabaja como manicurista. Su hijo de 16 años también fue detenido el 2 de agosto, también permanece en prisión. Según ella, dos policías simplemente lo levantaron cuando estaba comiendo algo en la puerta de la casa, cinco días después de las elecciones. Urbina no puede trabajar regularmente porque necesita estar disponible para los dos días de visita permitidos a los detenidos. La desesperación, dice, es grande. No hay dinero para comprar jabón, pasta de dientes, desodorante, las cosas básicas que sus hijos necesitan en los calabozos.
Por eso están aquí, en la plaza, recolectando. Ciudadanos anónimos donan lo que pueden: alimentos enlatados, afeitadoras, galletas. García, mientras espera más donaciones, hace un llamado que resume la injusticia que perciben: "Somos obreros, personas trabajadoras que no cuentan con recursos. Queremos hacer un llamado porque ser pobre no es un delito". Los familiares muestran fotografías de sus hijos e hijas, agitan una pancarta que dice "Basta de criminalizar a quienes luchan". Después de 48 días sin respuesta oficial a sus peticiones de liberación, después de denuncias de torturas que nadie ha investigado formalmente, después de acusaciones que parecen fabricadas, siguen aquí. Siguen recolectando. Siguen esperando que alguien escuche.
Citas Notables
Mi hermano fue víctima de tortura en Zona 7, le colocaron una capucha, electricidad, con la intención de obligarlo a grabar un vídeo donde dice que le pagaron 50 dólares por salir a manifestar— Dionexis García, hermana de un adolescente detenido
Somos obreros, personas trabajadoras que no cuentan con recursos. Queremos hacer un llamado porque ser pobre no es un delito— Dionexis García
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué crees que las familias decidieron hacer esto públicamente, en una plaza, en lugar de simplemente llevar los alimentos en las visitas?
Porque después de 48 días, nadie les ha respondido nada. No hay investigación sobre las torturas, no hay explicación de por qué sus hijos fueron detenidos sin órdenes formales. La recolecta pública es también un grito.
¿Cómo es posible que un adolescente sea acusado de terrorismo si nunca salió a protestar?
Eso es lo que pregunta la familia. El sistema de acusaciones parece funcionar al revés: primero detienen, luego buscan delitos que encajen. Las acusaciones de terrorismo e incitación al odio son amplias, difíciles de refutar.
¿Qué significa que lo obligaran a grabar un video confesando que le pagaron?
Significa que necesitaban una narrativa. Si pueden probar que fue pagado para protestar, entonces no fue una protesta genuina, fue un acto criminal coordinado. Es una forma de deslegitimar todo lo que pasó en las calles.
¿Las familias tienen acceso a abogados?
Foro Penal documenta estos casos, pero eso no significa que haya defensa legal real. Las familias son pobres, trabajadoras. No pueden pagar abogados privados. El sistema está diseñado para que no tengan opciones.
¿Qué pasa después con estos menores si permanecen detenidos?
Eso es lo que aterroriza a las familias. Cuanto más tiempo pasan en los calabozos, más profundo es el daño. Algunos ya han estado más de 48 días. No saben cuándo saldrán.