Asumiendo individualmente el riesgo de un producto aún no evaluado
En el cruce entre la urgencia pandémica y la ética institucional, el exviceministro de Salud Luis Suárez Ognio admitió que él y otros funcionarios del Minsa recibieron dosis experimentales de la vacuna de Sinopharm antes de que el Estado peruano firmara su contrato de adquisición. La justificación fue pragmática: proteger a quienes supervisaban los ensayos clínicos y tenían contacto directo con voluntarios. Pero la confesión, lejos de cerrar el debate, abre preguntas más hondas sobre los límites entre la protección legítima y la experimentación no regulada con servidores públicos.
- Funcionarios del Minsa recibieron una vacuna aún en fase experimental sin protocolo formal, asumiendo riesgos desconocidos sobre su seguridad y eficacia.
- La revelación enciende sospechas sobre si esa vacunación privada influyó en la millonaria decisión estatal de comprar dosis chinas en lugar de priorizar otras opciones como Pfizer.
- Suárez insiste en que la compra fue decidida por una comisión multisectorial presidida por Relaciones Exteriores, buscando desvincularse de cualquier conflicto de interés.
- La historia exige validación externa: el exviceministro apela a los investigadores de la Cayetano Heredia para respaldar su versión, señal de que su palabra sola no basta.
- El episodio expone una zona gris crítica en la política sanitaria peruana: la línea difusa entre proteger a los investigadores y convertirlos en sujetos no declarados de experimentación.
El domingo 14 de febrero, el exviceministro de Salud Luis Suárez Ognio emitió un comunicado que confirmó lo que hasta entonces había permanecido sin reconocimiento oficial: él y otros funcionarios del Ministerio de Salud recibieron inyecciones de la vacuna experimental de Sinopharm meses antes de que el Estado peruano firmara el contrato para adquirirla masivamente.
Según Suárez, los investigadores de Sinopharm informaron al viceministerio que contaban con dosis adicionales fuera del protocolo oficial del estudio y las ofrecieron al equipo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad de San Marcos. La lógica era de protección: estos investigadores tendrían contacto intenso con los voluntarios de los ensayos clínicos, lo que elevaba su riesgo de contagio. La empresa china señaló que aplicaba la misma estrategia en otros países. Suárez y su equipo aceptaron voluntariamente, asumiendo los riesgos de un producto que aún no había completado su evaluación clínica completa.
Pero el comunicado tenía un propósito más urgente que la confesión: despejar la sospecha de conflicto de interés. Suárez subrayó que la decisión de comprar vacunas de Sinopharm no fue suya, sino de una comisión multisectorial presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El contrato se firmó el 7 de enero de 2021; semanas después, Perú también suscribió un acuerdo con Pfizer. Rechazó categóricamente cualquier favoritismo hacia la empresa china.
Sin embargo, la declaración generó más interrogantes de los que resolvió. ¿Cómo se justifica que funcionarios del Estado reciban un tratamiento experimental sin protocolo formal? ¿Qué significa que quienes supervisaban los ensayos fueran también beneficiarios de la vacuna evaluada? Al apelar a los investigadores de la Cayetano Heredia para respaldar su versión, Suárez reconoció implícitamente que su relato necesitaba validación externa. Lo que comenzó como una medida de protección ocupacional se convirtió en un episodio que toca los nervios más sensibles de la política sanitaria peruana.
El exviceministro de Salud Luis Suárez Ognio rompió el silencio el domingo 14 de febrero para confirmar lo que había permanecido en la sombra: él y otros funcionarios del Ministerio de Salud recibieron inyecciones de la vacuna experimental de Sinopharm meses antes de que el Estado peruano firmara un contrato para adquirirla masivamente.
La revelación llegó en forma de comunicado a la prensa. Suárez explicó que los investigadores de Sinopharm habían informado al viceministerio que disponían de dosis adicionales del candidato vacunal —fuera del protocolo oficial del estudio— y las ofrecieron al equipo de investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad de San Marcos. La justificación era práctica: estos investigadores tendrían contacto intenso y frecuente con los voluntarios que participaban en los ensayos clínicos, lo que los exponía a un riesgo elevado de contagio. Vacunarlos, argumentó la empresa china, protegería tanto al equipo responsable de conducir la respuesta frente a la pandemia como a su círculo cercano.
Suárez fue directo sobre lo que esto significaba. Él y los miembros de su equipo recibieron la vacuna de manera voluntaria, asumiendo personalmente el riesgo de un producto que aún no había completado la fase 3 de evaluación clínica. En otras palabras: sabían que desconocían su verdadera eficacia y seguridad. La empresa china, agregó, había informado que esta misma estrategia se estaba aplicando en otros países.
Pero la declaración tenía un propósito más amplio que la mera confesión. Suárez se apresuró a aclarar que esta vacunación no había influido en la decisión del Estado peruano de comprar vacunas de Sinopharm. El proceso de adquisición, insistió, estuvo bajo control de una comisión multisectorial presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con participación del Minsa pero sin que él tuviera poder de decisión unilateral. El contrato con Sinopharm se firmó el 7 de enero de 2021, y poco después, a principios de febrero, Perú también suscribió un contrato con Pfizer. Suárez rechazó categóricamente la idea de que hubiera habido favoritismo hacia la empresa china en perjuicio de competidores como Pfizer.
La declaración levantaba más preguntas de las que respondía. ¿Cómo se justificaba que funcionarios del Estado recibieran un tratamiento experimental sin que mediara un protocolo formal? ¿Qué tan transparente había sido el proceso? ¿Y qué significaba que el equipo responsable de supervisar ensayos clínicos fuera también beneficiario de la vacuna que estaban evaluando? Suárez señaló que el equipo de investigación de la Cayetano Heredia podía respaldar su versión de los hechos, pero la sola mención de esa posibilidad sugería que la historia requería validación externa. Lo que había comenzado como un acto de protección ocupacional se había convertido en un episodio que tocaba los nervios más sensibles de la política sanitaria peruana: conflictos de interés, transparencia en la adquisición de medicamentos, y la línea borrosa entre investigación clínica responsable y experimentación con funcionarios públicos.
Citas Notables
Esta vacuna candidata me fue aplicada a mí y a miembros del equipo de manera voluntaria, asumiendo individualmente cada uno el riesgo que implica un producto aun no evaluado en fase 3— Luis Suárez Ognio, exviceministro de Salud
Es totalmente falso que se haya tomado una decisión a favor de Sinopharm por perjudicar a otra empresa farmacéutica como Pfizer— Luis Suárez Ognio
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué un exviceministro siente la necesidad de hacer una declaración pública sobre algo que dice fue voluntario y protector?
Porque la sombra de la sospecha ya estaba ahí. Cuando funcionarios del Estado que supervisan ensayos clínicos reciben la vacuna que están evaluando, la gente pregunta si hubo favoritismo, si la decisión de comprar Sinopharm fue influida por intereses personales.
Pero él dice que la comisión de compras fue multisectorial, que no tuvo poder de decisión.
Cierto. Pero eso es precisamente lo que necesitaba aclarar públicamente. El hecho de que tenga que hacerlo sugiere que la confianza ya se había roto.
¿Qué tan riesgoso era recibir una vacuna en fase experimental?
Muy riesgoso. Suárez lo admitió: no sabían la eficacia real ni la seguridad. Asumieron el riesgo conscientemente. Pero eso no significa que fuera prudente que lo hicieran.
¿Entonces por qué lo hicieron?
Porque la lógica de proteger al equipo de investigación tenía sentido en el contexto de una pandemia. Pero la ejecución—sin protocolo formal, sin transparencia inicial—fue lo que generó el problema.
¿Cambió algo después de esta declaración?
Abrió la puerta a más preguntas sobre cómo se manejaron los ensayos clínicos en Perú y si hubo otros funcionarios que recibieron tratamientos sin que se supiera.