Acatan la sentencia pero revisarán el fallo con su equipo de defensa
En un momento que condensa décadas de conflicto armado colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz confirmó sanciones contra siete excomandantes de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los exlíderes, figuras centrales del proceso de paz firmado en La Habana, aceptaron la decisión con un lenguaje de responsabilidad institucional, aunque anunciaron una revisión jurídica del fallo. Es el instante en que la justicia transicional exige que quienes condujeron la guerra se miren en el espejo de sus actos, sin que ello cierre del todo el debate sobre los alcances y límites de esa misma justicia.
- La JEP ratificó sanciones contra siete exjefes guerrilleros —entre ellos Timochenko y Pablo Catatumbo— por secuestros, asesinatos, torturas y desapariciones forzadas cometidas durante el conflicto.
- La sentencia genera una tensión latente: los excomandantes la acatan públicamente, pero de inmediato abren la puerta a un análisis legal que sugiere que la última palabra aún no se ha dicho.
- Las víctimas del conflicto quedan en el centro de una paradoja: la condena reconoce su sufrimiento, pero la promesa de revisión jurídica mantiene viva la incertidumbre sobre el alcance real de la reparación.
- Los exlíderes se comprometieron a seguir aportando verdad y reparación ante la JEP, intentando sostener su lugar dentro del acuerdo de paz mientras preparan una respuesta más detallada en los próximos días.
La Sección de Apelación de la JEP confirmó el miércoles una sanción contra siete excomandantes del último Secretariado de las Farc que permanecen vinculados al acuerdo de paz. Entre los sancionados figuran Rodrigo Londoño Echeverry —Timochenko—, rostro de las negociaciones en La Habana; Pablo Catatumbo Torres Victoria; Julián Gallo Cubillos, hoy senador; y Rodrigo Granda Escobar, entre otros. Todos fueron declarados responsables como autores mediatos por el dominio que ejercieron sobre el aparato organizado de poder en que operó la guerrilla.
Los crímenes establecidos incluyen toma de rehenes y homicidio como crímenes de guerra, así como privación grave de la libertad, asesinato y desaparición forzada tipificados como crímenes de lesa humanidad. Cinco de los siete fueron hallados además penalmente responsables por no haber impedido torturas, violencia sexual y desplazamiento forzado.
Horas después del fallo, los excomandantes emitieron un comunicado de tono institucional: aceptaban la decisión con responsabilidad ética, reiteraban su voluntad de cumplir las sanciones y se ponían a disposición de la JEP para seguir contribuyendo a la verdad y la reparación de las víctimas. Sin embargo, en el mismo texto advirtieron que revisarían el fallo junto a su equipo de defensa y emitirían un pronunciamiento más amplio en los próximos días. La sentencia está confirmada, pero la conversación política y jurídica que la rodea apenas comienza.
La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz confirmó el miércoles pasado una sanción contra siete excomandantes del último Secretariado de las Farc que permanecen vinculados al acuerdo de paz. Horas después del anuncio, los acusados emitieron un comunicado breve pero estratégico: aceptaban la decisión, decían, con responsabilidad ética y espíritu de cumplimiento.
Entre los siete figuran nombres centrales en la historia reciente de la guerrilla. Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko, quien fue el rostro público de las negociaciones en La Habana. Jaime Alberto Parra Rodríguez, quien comandó el Bloque Oriental. Milton de Jesús Toncel Redondo, al frente del Bloque Sur. Pablo Catatumbo Torres Victoria, jefe del Bloque Occidental. Pastor Lisandro Alape Lascarro, quien dirigió el Bloque Magdalena Medio. Julián Gallo Cubillos, ahora senador, que lideró el Frente Urbano Antonio Nariño. Y Rodrigo Granda Escobar, el que fuera canciller de la organización. Todos ellos permanecen en el proceso de paz, a diferencia de otros líderes que se han desvinculado.
La corte los declaró responsables como autores mediatos por dominio del aparato organizado de poder en que se convirtió la guerrilla. Los crímenes específicos: toma de rehenes y homicidio clasificados como crímenes de guerra. Además, privación grave de la libertad, asesinato y desaparición forzada, tipificados como crímenes de lesa humanidad. Cinco de los siete fueron hallados penalmente responsables también por no haber evitado torturas, tratos crueles, violencia sexual, atentados contra la dignidad personal y desplazamiento forzado.
En su comunicado, los excomandantes enfatizaron que la sentencia reconoce avances del acuerdo de paz. Reiteraron su voluntad de cumplir las sanciones y se pusieron a disposición de la JEP para continuar aportando a la verdad, la reparación de víctimas y la consolidación de la paz. El tono fue de aceptación institucional, de actores que se reconocen dentro del sistema de justicia transicional.
Pero en el párrafo siguiente vino la salvedad. Aunque la sentencia queda en firme conforme a los lineamientos de la jurisdicción, los exjefes advirtieron que iniciarían un proceso de revisión del fallo junto con su equipo de defensa. Se pronunciarían de manera más ampla en los próximos días, dijeron. Era una apertura clara: aceptación táctica mientras se prepara un análisis jurídico más profundo de la decisión. La sentencia, en otras palabras, está confirmada, pero no está cerrada en la conversación política y legal que seguirá.
Citações Notáveis
Recibimos con responsabilidad ética y espíritu de cumplimiento la sentencia proferida por la Sección de Apelación— Los siete excomandantes en comunicado conjunto
Reiteramos nuestra plena voluntad de cumplir las sanciones impuestas por la JEP y nos ponemos a su disposición para seguir aportando a la verdad, la reparación de las víctimas y la consolidación de la paz— Los siete excomandantes en comunicado conjunto
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué aceptan la sentencia si luego dicen que la van a revisar con sus abogados?
No es contradicción. En la justicia transicional, aceptar una decisión de la JEP es un acto político y ético dentro del acuerdo. Pero eso no significa que renuncien a sus derechos de defensa. Es decir: acatan la autoridad del tribunal, pero se reservan el derecho de cuestionar el razonamiento jurídico.
¿Qué tan grave es lo que les encontraron?
Muy grave. Responsabilidad por secuestros masivos, asesinatos, torturas y desapariciones forzadas. No son cargos menores. Pero la JEP no impone cárcel en el sentido tradicional; impone sanciones propias, que pueden incluir restricciones, trabajos comunitarios, reparación.
¿Por qué algunos de los siete fueron declarados responsables de más crímenes que otros?
Porque la corte evaluó el nivel de mando y control que cada uno ejercía sobre las estructuras donde ocurrieron esos crímenes específicos. No todos los comandantes tenían responsabilidad directa sobre todas las unidades donde se cometieron todos los delitos.
¿Qué pasa ahora?
Esperamos el pronunciamiento más amplio que prometieron. Pueden cuestionar la sentencia públicamente, pueden presentar recursos, pueden argumentar que la JEP se equivocó en algún punto. Pero la decisión ya es firme legalmente.