El Estado no tenía forma de saber dónde estaban
Sesenta y cuatro menores extranjeros sin ubicación determinada en los registros del Estado chileno representan algo más que una falla burocrática: son el reflejo de un sistema de control migratorio que no logró seguir el rastro de los más vulnerables. Mega Investiga rastreó dos de esos nombres hasta domicilios concretos en Santiago, encontrando adolescentes integrados a sus familias y asistiendo al colegio, lo que sugiere que la ausencia en los registros no siempre equivale a peligro real, pero tampoco lo descarta para los casos restantes. Mientras la Fiscalía investiga penalmente y el Gobierno despliega una fuerza de tarea, la pregunta que persiste no es solo dónde están los niños, sino qué vacíos institucionales permitieron que su paradero se volviera invisible.
- Un preinforme de la Contraloría reveló que 64 menores extranjeros ingresaron a Chile sin que el Estado pudiera determinar su paradero, encendiendo alarmas sobre protección infantil y control migratorio.
- Al menos 12 adultos cruzaron la frontera en múltiples ocasiones acompañando grupos numerosos de menores, un patrón que los documentos oficiales registran pero que uno de los involucrados niega en parte.
- Mega Investiga localizó a dos adolescentes de la lista en Estación Central: vivían con familiares, iban al colegio y mantenían contacto con sus padres, demostrando que algunos casos tienen explicaciones de reunificación familiar.
- Decenas de casos permanecen sin resolver, con la Fiscalía conduciendo una investigación penal, la Contraloría preparando su informe definitivo y el Gobierno operando una fuerza de tarea para verificar el resto.
Un preinforme de la Contraloría General encendió una alarma difícil de ignorar: sesenta y cuatro menores extranjeros habían ingresado a Chile y el Estado no sabía dónde estaban. No era un dato abstracto, sino niños y adolescentes cuyo rastro se había evaporado en los registros oficiales, dejando preguntas incómodas sobre quién los trajo y bajo qué controles.
Mega Investiga siguió los nombres de esa lista y encontró un patrón que la propia Contraloría había detectado: al menos doce adultos habían cruzado la frontera en múltiples ocasiones acompañando grupos numerosos de menores. Uno de ellos, un ciudadano chileno nacionalizado, accedió a hablar. Los documentos lo vinculaban a cuarenta y ocho menores en ocho ingresos entre mayo de 2024 y mayo de 2025. Él lo negó: dijo que viajaba con dos o tres niños por vez, siempre en vuelos comerciales, y que los contactos con las familias se gestionaban a través de redes comunitarias, principalmente iglesias.
La búsqueda llevó al equipo hasta Estación Central, donde residen numerosas familias haitianas. Con los números de pasaporte de los registros, localizaron un domicilio. Una mujer abrió la puerta y confirmó la identidad de uno de los adolescentes: estaba en el colegio. Era su tío. El muchacho llevaba unos diez meses en Chile, mantenía contacto con su madre en Haití y había viajado acompañado por un amigo de la familia bajo mecanismos de reunificación familiar. Un segundo adolescente de la lista fue hallado en circunstancias similares: vivía con parientes y estaba integrado a su núcleo familiar.
Pero dos hallazgos no cierran la investigación. Decenas de casos siguen bajo revisión. La Fiscalía conduce una investigación penal, la Contraloría prepara su informe definitivo y el Gobierno opera una fuerza de tarea para verificar los casos restantes. Lo que comenzó como una lista de números sin rostro se ha convertido en un trabajo de campo lento que intenta transformar la ausencia de información en presencia de respuestas.
Un preinforme de la Contraloría General de la República levantó una alarma que nadie podía ignorar: sesenta y cuatro menores de edad extranjeros habían ingresado a Chile, pero el Estado no tenía forma de saber dónde estaban. No era un número abstracto. Eran niños y adolescentes cuyo paradero se había evaporado en los registros oficiales, dejando un vacío que generaba preguntas incómodas sobre quién los había traído, cómo habían entrado al país, y qué controles —si es que los había— se habían aplicado en su llegada.
Mega Investiga decidió seguir los nombres de esa lista. Lo que encontró fue un patrón que la Contraloría también había detectado: al menos doce adultos, chilenos y extranjeros, habían cruzado las fronteras del país en múltiples ocasiones acompañando grupos numerosos de menores. Uno de ellos accedió a hablar. Se trata de un ciudadano chileno nacionalizado que aparecía mencionado en el preinforme por haber ingresado al país en distintas oportunidades con menores de edad. Según los documentos que revisó el medio, entre mayo de 2024 y mayo de 2025 registraba ocho ingresos a Chile acompañado de cuarenta y ocho menores. El hombre rechazó esa cifra. Dijo que solo acompañaba a dos o tres niños por vez, que siempre viajaban en vuelos comerciales, que desconocía nada de vuelos chárter. Explicó que los contactos con las familias de los menores se hacían a través de redes comunitarias: la iglesia, principalmente, o de boca en boca.
La búsqueda llevó al equipo de investigación hasta Estación Central, una comuna donde residen numerosas familias haitianas. Con los números de pasaporte incluidos en los registros de la Contraloría, fue posible ubicar un domicilio que coincidía con la información que las autoridades habían recopilado. Allí, una mujer abrió la puerta. Confirmó la identidad de uno de los adolescentes de la lista. El menor no estaba en casa; había ido al colegio. La mujer mostró la documentación y explicó que era la tía del adolescente. Según su relato, el muchacho vivía en Chile desde hacía aproximadamente diez meses y mantenía contacto permanente con su madre, quien permanecía en Haití. Su padre estaba en Chile. El viaje se había realizado bajo mecanismos asociados a reunificación familiar, acompañado por un adulto que era amigo de la familia.
No fue el único hallazgo. Mega Investiga logró ubicar a un segundo adolescente que también figuraba dentro de los sesenta y cuatro casos observados por la Contraloría. Como el primero, residía en el domicilio informado a las autoridades y se encontraba integrado a su núcleo familiar. Ambos adolescentes vivían con parientes en Chile. Ambos estaban localizables. Ambos tenían raíces que parecían echar en tierra chilena.
Pero esos dos hallazgos no cierran la investigación. La situación de decenas de otros niños, niñas y adolescentes continúa siendo materia de revisión por parte de los organismos del Estado. La Fiscalía dirige una investigación penal en curso. La Contraloría prepara su informe definitivo. El Gobierno desplegó una fuerza de tarea destinada a verificar la situación de los casos restantes. Lo que comenzó como una lista de números sin rostro se ha convertido en un trabajo de campo lento, meticuloso, que intenta transformar la ausencia de información en presencia de respuestas.
Citas Notables
Siempre acompaño a los niños que vienen de República Dominicana, bajo la responsabilidad notarial de autorización de los padres— Ciudadano chileno nacionalizado mencionado en preinforme de Contraloría
Todo está perfecto y el proceso de ingreso al país no presentó inconvenientes— Tía de uno de los adolescentes ubicados
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué la Contraloría no tenía ubicación de estos menores desde el principio?
Los registros estatales sobre menores extranjeros que ingresan al país tenían deficiencias graves. No había un sistema que permitiera hacer seguimiento de dónde terminaban estos niños una vez que cruzaban la frontera.
¿Y esos doce adultos que viajaban con grupos de menores? ¿Qué estaban haciendo?
Eso es lo que la investigación intenta esclarecer. Algunos dicen que facilitaban reunificación familiar. Otros simplemente acompañaban a niños que sus familias les pedían que llevaran. Pero el patrón de múltiples ingresos con grupos numerosos levantó sospechas.
¿Cómo encontraron a los dos adolescentes?
Con números de pasaporte y direcciones de los registros de la Contraloría. Fueron a Estación Central, donde hay comunidades haitianas, y tocaron puertas. Uno estaba en el colegio cuando llegaron. Su tía confirmó que vivía allí desde hacía diez meses.
¿Eso significa que los otros sesenta y dos están desaparecidos?
No necesariamente desaparecidos. Significa que el Estado aún no los ha ubicado. Algunos pueden estar en situaciones similares a los dos que encontraron: viviendo con familiares, integrados a sus comunidades. Otros casos pueden ser más complicados.
¿Qué viene ahora?
La Fiscalía continúa su investigación penal. La Contraloría publicará su informe final. El Gobierno tiene una fuerza de tarea verificando cada caso. Es un proceso lento, pero necesario.