La sociedad, como siempre, va por delante de sus representantes
En Argentina, la sociedad ha avanzado mucho más rápido que sus instituciones: entre el 71 y el 80 por ciento de la ciudadanía apoya la legalización de la eutanasia, mientras el Congreso acumula proyectos sin debatirlos. La exdiputada Griselda Baldata señala que esta omisión no detiene la práctica —que ocurre en la clandestinidad, como antes ocurrió con el aborto— sino que simplemente la deja sin protección legal, sin dignidad institucional, y expone a médicos compasivos a consecuencias jurídicas por actuar conforme a su conciencia. Uruguay acaba de legislar sobre el tema en 2025; Argentina, una vez más, posterga lo que la historia ya parece haber resuelto.
- Pacientes con enfermedades terminales e incurables enfrentan sufrimientos extremos sin que la ley les ofrezca una salida digna ni a ellos ni a los médicos que los asisten.
- La eutanasia se practica de forma clandestina en Argentina: médicos arriesgan su libertad y su carrera por acompañar a pacientes en situaciones desesperadas, sin ningún amparo legal.
- El Congreso tiene más de diez proyectos archivados sobre el tema, pero la presión de sectores religiosos y conservadores mantiene el debate paralizado en una agenda reactiva.
- Mientras Uruguay legalizó la eutanasia en 2025 y países como España, Canadá y Colombia ya cuentan con marcos regulatorios, Argentina sigue siendo la excepción en una región que avanza.
- Tres encuestas independientes confirman que entre el 71 y el 80 por ciento de los argentinos apoya la legalización, dejando en evidencia una brecha profunda entre la voluntad ciudadana y la acción parlamentaria.
Más de una docena de países han legalizado la eutanasia —Uruguay lo hizo en 2025, Nueva Zelanda por referéndum con el 65 por ciento del voto, y Colombia, Holanda, Bélgica, Canadá, Australia y España ya cuentan con marcos legales— mientras Argentina sigue postergando un debate que la ciudadanía, según tres encuestas recientes, ya tiene resuelto: el apoyo oscila entre el 71 y el 80 por ciento según distintas mediciones del Observatorio Pulsar de la UBA, el Conicet y Zuban Córdoba.
La exdiputada Griselda Baldata plantea una pregunta incómoda: si el Congreso tiene más de diez proyectos sobre eutanasia en sus archivos, ¿por qué no se debate? Argentina ya cuenta con leyes parciales —la 26.529 de 2009 y su ampliación de 2012— que permiten rechazar procedimientos de reanimación o retirar soporte vital. Pero eso dista de autorizar la eutanasia activa: el acto deliberado de poner fin a la vida a solicitud de quien padece una enfermedad grave e incurable con sufrimiento imposible de aliviar.
Baldata traza un patrón histórico: el divorcio vincular y el derecho al aborto llegaron tarde a Argentina; el Matrimonio Igualitario, en cambio, fue vanguardista. En los tres casos fue el Ejecutivo quien empujó las iniciativas al Parlamento, a pesar de que existían proyectos previos en ambas cámaras. El Congreso, sugiere, ha quedado atrapado en una agenda reactiva, vulnerable a presiones conservadoras, cuando su deber sería garantizar que la agenda parlamentaria responda a los derechos de la ciudadanía.
Lo más grave, sin embargo, no es la postergación política sino sus consecuencias concretas: como ocurrió con el aborto, la eutanasia se practica en la clandestinidad. Médicos compasivos asisten a pacientes en situaciones desesperadas mediante sedación permanente o coma inducido, sabiendo que terminará en muerte, pero sin cobertura legal alguna. La pregunta que Baldata deja flotando es perturbadora: ¿por qué el Congreso no les da protección si ya sabe que esto sucede? El silencio parlamentario no detiene la práctica; solo la deja sin reglas, sin protecciones y sin dignidad institucional.
Mientras más de una docena de países han avanzado en la legalización de la eutanasia —Uruguay acaba de hacerlo en 2025, Nueva Zelanda lo aprobó por referéndum con el 65 por ciento del voto ciudadano, y naciones como Colombia, Holanda, Bélgica, Canadá, Australia y España ya cuentan con marcos legales—, Argentina sigue postergando un debate que la sociedad ha resuelto hace tiempo. Tres encuestas recientes lo confirman: el Observatorio Pulsar de la UBA registra 72 por ciento de apoyo, el Conicet entre 2022 y 2023 midió 80 por ciento, y Zuban Córdoba arrojó 71 por ciento. La ciudadanía está adelante de sus representantes.
La exdiputada Griselda Baldata plantea una pregunta incómoda: si el Congreso Nacional tiene más de diez proyectos sobre eutanasia en sus archivos, ¿por qué no se debate realmente? Argentina ya cuenta con leyes parciales que reconocen ciertos derechos a pacientes terminales. La ley 26.529 de 2009, ampliada por la ley 26.742 de 2012, permite que una persona con enfermedad irreversible, incurable o en estado terminal rechace procedimientos de reanimación artificial o retire medidas de soporte vital. Pero eso no es lo mismo que permitir la eutanasia activa: el acto deliberado de poner fin a la vida a solicitud expresa de quien sufre una enfermedad grave e incurable que produce sufrimiento físico o psíquico extremo e imposible de aliviar.
El debate científico y bioético sobre esto no es nuevo. A fines del siglo XIX, intelectuales como el abogado Robert G. Ingersoll y el pensador judío Felix Adler ya planteaban la necesidad de resolver la problemática de quienes padecían enfermedades crónicas con dolor insoportable sin posibilidad de alivio. En Argentina, académicos y profesionales de la medicina llevan años abordando el tema con rigor. El médico cordobés Carlos Soriano, especialista en Medicina de Emergencias y magíster en Bioética, ha publicado dos libros sobre el asunto y realizado más de 55 presentaciones en el país y la región. El conocimiento existe. La voluntad política, aparentemente, no.
Baldata señala un patrón histórico: Argentina ha sancionado leyes de ampliación de derechos de manera muy rezagada respecto de otros países. El divorcio vincular y la Interrupción Voluntaria del Embarazo llegaron tarde; en cambio, fue vanguardista con el Matrimonio Igualitario. En los tres casos, fue el Poder Ejecutivo quien envió las iniciativas al Parlamento, a pesar de que existían innumerables proyectos previos en ambas cámaras. El Congreso, sugiere, se ha quedado pegado a una agenda reactiva, vulnerable a presiones de sectores religiosos y conservadores, cuando debería ser el desvelo de los legisladores garantizar que la agenda parlamentaria responda a las necesidades y derechos de la ciudadanía.
Pero hay algo más grave que la postergación política. En Argentina, como ocurría con el aborto, la eutanasia se practica de manera clandestina. Médicos compasivos, con sentido común y compromiso profesional, asisten a pacientes en situaciones desesperadas mediante sedación permanente o coma inducido, sabiendo que terminará en muerte. Estos profesionales actúan con vocación piadosa pero sin cobertura legal, exponiéndose a riesgos legales por hacer lo que muchos consideran éticamente correcto. La pregunta que Baldata deja flotando es perturbadora: ¿por qué el Congreso no les da protección legal si ya sabe que esto sucede?
La regulación de la vida en sociedad es tarea exclusiva del Congreso. No puede delegarse al Poder Ejecutivo, no puede quedar en la clandestinidad. Argentina necesita que sus legisladores se animen a debatir en profundidad lo que la ciencia, la bioética y la ciudadanía ya han resuelto. El silencio parlamentario no detiene la práctica; solo la deja sin reglas, sin protecciones, sin dignidad institucional. Mientras tanto, pacientes con enfermedades terminales e incurables siguen sufriendo sin alivio posible, y médicos siguen tomando decisiones en la sombra.
Citações Notáveis
¿Quién no ha tenido familiares, amigos, conocidos o vecinos que fueron asistidos por un médico compasivo que recurrió a sedación permanente o coma inducido?— Griselda Baldata, exdiputada nacional
El Congreso no puede estar solo pegado a la agenda de control y mucho menos a las presiones de sectores religiosos y conservadores— Griselda Baldata, exdiputada nacional
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué cree que el Congreso ha tardado tanto en debatir esto si las encuestas muestran que la mayoría de los argentinos está de acuerdo?
Porque la eutanasia toca nervios que la política prefiere no tocar. Religión, conservadurismo, miedo a la responsabilidad de legislar sobre la muerte. Es más fácil mirar para otro lado.
Pero dice que ya se practica de manera clandestina. ¿Eso no debería urgir al Congreso a actuar?
Exactamente. La clandestinidad no protege a nadie. Deja a los médicos vulnerables legalmente y a los pacientes sin garantías. El silencio legislativo no evita la práctica; solo la deja sin reglas.
¿Qué diferencia hay entre lo que Argentina ya permite —rechazar medidas de soporte vital— y lo que propone la eutanasia activa?
Una es dejar morir; la otra es ayudar a morir. Una es pasiva; la otra es activa. Pero para alguien en sufrimiento extremo sin alivio posible, esa diferencia puede ser apenas semántica.
¿Por qué otros países lo lograron y Argentina no?
Algunos tuvieron ejecutivos que se atrevieron a enviar proyectos. Uruguay acaba de hacerlo. Pero aquí el Congreso espera que el Ejecutivo actúe primero, como si no tuviera responsabilidad propia.
¿Qué pasa con los médicos que hoy practican eutanasia en la sombra?
Corren riesgos legales por hacer lo que consideran éticamente correcto. Eso es lo que debería avergonzar al Congreso: que profesionales compasivos tengan que esconderse.