Paren de matar ya o ellos la van a pagar también
En El Salvador, la acumulación de 87 muertes en un solo fin de semana llevó al presidente Nayib Bukele a solicitar —y obtener— un estado de excepción que suspende garantías civiles y amplía los poderes del ejército y la policía. La medida refleja una tensión antigua y universal: la búsqueda de seguridad inmediata frente al riesgo de erosionar las libertades que definen a una sociedad libre. Bukele, respaldado por un 85% de aprobación popular, encarna la paradoja del líder que conquista la confianza del pueblo precisamente en el momento en que concentra más poder sobre él.
- Ochenta y siete asesinatos en un fin de semana sacudieron al país y forzaron una respuesta de emergencia que suspende derechos fundamentales por treinta días.
- El gobierno endureció las condiciones en las cárceles donde están recluidos más de 16.000 pandilleros, mientras Bukele amenazaba públicamente a las pandillas a través de Twitter con consecuencias aún más severas.
- Organismos internacionales como la CIDH y la ONU, junto a defensores de derechos humanos salvadoreños, alertan que las medidas consolidan un ejercicio autoritario del poder que puede volverse irreversible.
- Ciudadanos comunes expresan alivio y apoyo a las políticas de mano dura, mientras analistas advierten que ningún gobierno anterior logró resolver la inseguridad estructural con estrategias similares.
- El debate se asienta en una fractura profunda: entre quienes exigen orden a cualquier costo y quienes insisten en que sin rehabilitación y sin instituciones independientes, la violencia solo cambia de forma.
El domingo, el Congreso salvadoreño aprobó un régimen de excepción de un mes que suspende libertades civiles y amplía los poderes de la policía y el ejército. La solicitud llegó del presidente Nayib Bukele tras un fin de semana en que 87 personas fueron asesinadas, crímenes atribuidos por el gobierno a las pandillas MS-13 y Barrio 18. En los días siguientes, las autoridades detuvieron a más de 2.000 presuntos pandilleros.
Bukele, de 40 años, ha construido su gobierno sobre la represión de las pandillas desde que asumió en 2019. Bajo su administración, los homicidios cayeron de 3.962 en 2017 a 1.147 en 2021, lo que le valió una aprobación del 85% en diciembre pasado. Salvadoreños como un vendedor ambulante y un vigilante privado entrevistados por el diario expresan sentirse más seguros con el despliegue militar en las calles.
Sin embargo, el régimen de excepción encendió alarmas. Bukele decretó también una emergencia máxima en las cárceles, anunciando por Twitter condiciones cada vez más duras para los más de 16.000 pandilleros recluidos: sin colchonetas, con comida racionada y sin acceso al sol. El ministro de Justicia fue aún más directo, sugiriendo que a los pandilleros solo les esperaban el cementerio, la cárcel o el hospital.
Organizaciones de derechos humanos y juristas universitarios calificaron las medidas como la expresión más clara de un gobierno que avanza hacia el autoritarismo. La CIDH, la ONU y varias ONG se sumaron a las críticas. Bukele respondió con sarcasmo, invitando a la comunidad internacional a llevarse a los pandilleros si tanto les preocupaba su situación.
Analistas como Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, señalaron que el uso del ejército en seguridad pública no es nuevo en El Salvador y que ningún gobierno anterior logró resolver el problema de fondo. Investigaciones periodísticas han apuntado a posibles negociaciones secretas entre el gobierno y líderes pandilleros, acusación que Bukele niega, aunque Estados Unidos ya sancionó a dos funcionarios salvadoreños por ese motivo.
Mientras el estado de excepción permanece vigente, la pregunta que divide al país sigue sin respuesta: si es posible construir seguridad duradera sin sacrificar las libertades que la hacen valer la pena.
El domingo pasado, el Congreso de El Salvador aprobó un régimen de excepción que suspende libertades civiles y expande los poderes de la policía y el ejército. La medida, solicitada por el presidente Nayib Bukele, responde a una ola de violencia que dejó 87 muertos durante el fin de semana, asesinatos que el gobierno atribuyó a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. El régimen estará vigente durante un mes.
Bukele, un político de 40 años que ha ganado una popularidad extraordinaria entre los salvadoreños, ha hecho de la represión contra las pandillas el eje central de su gobierno desde que asumió en junio de 2019. Su estrategia incluye lo que denomina un "plan de control territorial" que moviliza al ejército como apoyo a la policía en operaciones de seguridad pública. En junio de 2021 inició un proceso para duplicar el tamaño de las fuerzas armadas, de 20.000 a 40.000 efectivos. Las autoridades informaron que en los últimos días detuvieron a 2.163 presuntos pandilleros.
Los números de homicidios en el país han caído significativamente bajo su administración. En 2017 se registraron 3.962 muertes violentas; en 2021, esa cifra bajó a 1.147. Este descenso ha generado un apoyo masivo: en diciembre, un 85 por ciento de los salvadoreños aprobaba su gestión. Ciudadanos como Ángel Mendoza, vendedor de 48 años, y Ramón Hernández, vigilante privado de 54, expresan sentirse más seguros con el despliegue de fuerzas de seguridad en las calles y apoyan las medidas de mano dura contra los pandilleros.
Pero el régimen de excepción ha encendido alarmas entre organismos internacionales y defensores de derechos humanos. Bukele decretó también una emergencia máxima en las cárceles, donde están encarcelados más de 16.000 pandilleros. En mensajes por Twitter, el mandatario advirtió a las pandillas: "Paren de matar ya o ellos la van a pagar también". Describió condiciones de encierro cada vez más duras: confiscación de colchonetas, racionamiento de comida, prohibición de ver el sol. El ministro de Justicia escribió que a los pandilleros "les toca el cementerio, cárcel o la cama de un hospital".
Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, una organización de derechos humanos, caracterizó el régimen de excepción como "la tendencia más evidente al ejercicio del autoritarismo como forma de gobierno". José María Tojeira, director del Instituto Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, afirmó que las políticas de mano dura "son siempre el resultado de modos de pensar autoritarios, racistas y aporofóbicos". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y varias organizaciones no gubernamentales han expresado inquietud sobre las medidas.
Bukele respondió con sarcasmo a las críticas internacionales. En Twitter se dirigió a la comunidad internacional que lo acusa de violar derechos humanos: "Tenemos 70.000 pandilleros aún en las calles. Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta 'persecución dictatorial y autoritaria'. Ustedes pueden ayudar a estos angelitos, no permitan que les sigamos violando sus derechos".
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una asociación dedicada a la lucha contra la corrupción, señaló que el uso de militares en operaciones de seguridad no es novedad en El Salvador. Gobiernos anteriores lo han intentado sin resolver el problema estructural de inseguridad. "En realidad quien tiene el control cuando así lo deciden son estos grupos criminales. Son los que pueden establecer reglas, pueden dominar territorio, pueden matar a su antojo ante la inoperancia del gobierno", dijo Escobar. Investigaciones periodísticas han señalado al gobierno de negociar con pandilleros para reducir homicidios, acusación que Bukele niega. En diciembre, Estados Unidos sancionó a dos altos funcionarios salvadoreños por negociar con líderes de pandillas encarcelados.
Miguel Montenegro, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos, planteó una perspectiva diferente: el gobierno "no solo debe ofrecer mano dura" contra las pandillas, sino también "oportunidades de rehabilitación para los que están en prisión". Mientras el régimen de excepción permanece vigente durante treinta días, la tensión entre la demanda popular de seguridad y las preocupaciones sobre autoritarismo y derechos humanos seguirá definiendo el debate político en El Salvador.
Citações Notáveis
El régimen de excepción es la tendencia más evidente al ejercicio del autoritarismo como forma de gobierno— Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal
En realidad quien tiene el control cuando así lo deciden son estos grupos criminales. Son los que pueden establecer reglas, pueden dominar territorio, pueden matar a su antojo ante la inoperancia del gobierno— Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué un régimen de excepción ahora, después de que los homicidios ya han bajado tanto?
Porque 87 muertes en un fin de semana fue suficiente para que Bukele actuara. Los números generales mejoraron, pero la violencia sigue siendo impredecible, explosiva. Para él, eso justifica medidas extremas.
¿Y la gente realmente lo apoya?
El 85 por ciento de aprobación es real. Cuando tienes miedo todos los días, cuando ves soldados en las calles y los homicidios bajan, eso se siente como victoria. No es irracional.
Pero ¿funciona de verdad o es solo teatro?
Eso es lo que nadie puede responder. Los números bajaron, sí. Pero analistas dicen que gobiernos anteriores también usaron militares y no resolvieron nada. Y hay sospechas de que negoció con pandilleros para bajar cifras.
¿Negoció con criminales?
Estados Unidos sancionó a dos funcionarios por eso en diciembre. Bukele lo niega. Si es verdad, entonces la seguridad que la gente siente podría estar construida sobre pactos secretos, no sobre represión real.
¿Qué dicen los defensores de derechos humanos?
Que esto es autoritarismo puro. Que confiscar colchonetas y racionar comida en cárceles, suspender libertades civiles, expandir poderes militares sin límites: eso no es seguridad, es control. Y que nunca resuelve el problema de fondo.
¿Cuál es el problema de fondo?
Que las pandillas controlan territorio y pueden hacer lo que quieran. La represión no cambia eso. Necesitarías rehabilitación, oportunidades, cambio estructural. Pero eso es lento y no gana elecciones.