La incertidumbre no solo afecta a los criminales, sino a empresas legítimas
En Bolivia, donde el silencio gubernamental se ha vuelto una respuesta habitual ante los escándalos del narcotráfico, el sector forestal exige que la justicia hable antes de que el daño económico se vuelva irreversible. Más de 150 toneladas de madera impregnada de cocaína y ketamina, decomisadas en Chile y Brasil, han arrastrado consigo la reputación de exportadores que cumplen la ley. La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz pide lo que toda economía legítima necesita para sobrevivir: claridad, velocidad y la distinción pública entre el crimen y el comercio honesto.
- Más de 108 toneladas de madera boliviana llegaron a puertos chilenos con droga incrustada químicamente, y otras 50 toneladas fueron decomisadas en la frontera con Brasil, sacudiendo al sector forestal del país.
- La demora en las investigaciones ha creado un clima de sospecha que golpea directamente a exportadores legales: los mercados internacionales dudan, los clientes se alejan y toda una cadena productiva sangra.
- La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz emitió un comunicado urgente exigiendo transparencia, objetividad y celeridad a las autoridades, advirtiendo que el silencio oficial es tan dañino como el delito mismo.
- El caso narcomadera se suma a un patrón preocupante: las narcomaletas de Viru Viru y los bienes desaparecidos del narcotraficante Sebastián Marset también quedaron envueltos en opacidad institucional.
- Mientras los investigadores trabajan en silencio, la incertidumbre corroe la confianza internacional en la madera boliviana, cerrando puertas comerciales que tardaron años en abrirse.
Esta semana, empresarios forestales bolivianos alzaron la voz desde La Paz para exigir que las autoridades aceleren las investigaciones sobre el caso narcomadera: 108 toneladas de madera llegadas a puertos chilenos con droga incrustada en su interior, más otras 50 toneladas decomisadas en la frontera con Brasil. Desde que estos cargamentos fueron interceptados, la incertidumbre ha paralizado operaciones internacionales y generado un daño económico real sobre productores y exportadores que operan dentro de la ley.
La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz emitió un comunicado pidiendo objetividad, transparencia y velocidad. Su argumento es contundente: la demora no solo protege la impunidad de los criminales, sino que crea un clima de sospecha que perjudica a empresas legítimas. Cuando los mercados internacionales asocian la madera boliviana con el narcotráfico, aunque sea por la acción de terceros, el comercio se ralentiza y los clientes dudan.
El reclamo no surge en el vacío. En junio, autoridades chilenas anunciaron que una comisión de fiscales viajaría a Bolivia para coordinar investigaciones sobre la madera impregnada de clorhidrato de cocaína, cocaína base y ketamina. Desde entonces, el silencio ha sido total. El caso parece haber desaparecido de la agenda pública, repitiendo un patrón ya conocido: las narcomaletas halladas en el aeropuerto de Viru Viru nunca fueron explicadas, y los bienes del narcotraficante Sebastián Marset —relojes de lujo valorados en más de tres millones de dólares y sumas de dinero— solo salieron a la luz después de 40 días de denuncias televisivas, y aún hoy su destino final es un misterio.
Lo que los empresarios forestales exigen es simple: que las autoridades distingan públicamente entre criminales y comerciantes legítimos. Sin esa claridad, el daño al sector seguirá acumulándose mes a mes, mientras la incertidumbre erosiona una reputación internacional que tardó años en construirse.
En La Paz, empresarios forestales bolivianos levantaron la voz esta semana para exigir que las autoridades aceleren las investigaciones sobre un caso que ha paralizado sus operaciones internacionales. El problema tiene un nombre: narcomadera. Se trata de 108 toneladas de madera que llegaron a puertos chilenos con droga incrustada químicamente en su interior, además de otros 50 toneladas decomisadas en la frontera con Brasil. Desde que estos cargamentos fueron interceptados, la incertidumbre ha envuelto al sector forestal boliviano, generando lo que los empresarios describen como daño económico real a productores y exportadores que cumplen con todas las normas vigentes.
La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, que agrupa a los principales actores del comercio exterior forestal, emitió un comunicado dirigido a las autoridades competentes pidiendo objetividad, transparencia y velocidad en el esclarecimiento de los hechos. El mensaje es claro: la demora no solo afecta a los responsables del delito, sino que crea un clima de sospecha que perjudica a empresas legítimas. Cuando los puertos internacionales ven que la madera boliviana está asociada con narcotráfico, aunque sea por la acción de criminales, el comercio se ralentiza, los clientes dudan, y toda una cadena productiva sufre las consecuencias.
Este reclamo no surge en el vacío. Bolivia ha vivido durante 2026 una sucesión de escándalos relacionados con el narcotráfico que han dejado más preguntas que respuestas. En junio, autoridades chilenas informaron que una comisión de fiscales viajaría a Bolivia para coordinar investigaciones sobre la madera impregnada de clorhidrato de cocaína, cocaína base y ketamina. Desde entonces, sin embargo, el silencio ha sido ensordecedor. El Gobierno y los medios de comunicación han dejado de hablar del tema, como si el caso hubiera desaparecido de la agenda pública.
Este patrón de olvido no es nuevo en Bolivia. Meses atrás, 32 maletas llegaron al aeropuerto internacional de Viru Viru en Santa Cruz. Fueron trasladadas a un galpón donde la policía encontró narcóticos. Pero nadie ha explicado públicamente a dónde fueron a parar esas maletas ni qué contenían exactamente. El caso, bautizado como narcomaletas, simplemente se desvaneció de la conversación pública.
Otro ejemplo aún más reciente involucra a Sebastián Marset, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica. Fue capturado en Santa Cruz y rápidamente extraditado a Estados Unidos. En su poder había cajas fuertes con joyas y dinero. Solo después de que el programa televisivo Detrás de la Verdad denunció durante 40 días la desaparición de estos bienes, el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo admitió que siete relojes de lujo valorados en más de tres millones de dólares y sumas significativas de dinero estaban bajo custodia policial. Pero el destino final de esos bienes sigue siendo un misterio.
Lo que preocupa a los empresarios forestales es que mientras estos casos permanecen en la penumbra, sus negocios sufren. Un productor que cumple la ley, que obtiene sus permisos, que exporta madera legítima, se ve atrapado en un limbo regulatorio donde la sospecha pesa más que los hechos. Los mercados internacionales son sensibles a estos escándalos. Una asociación entre Bolivia y narcotráfico, aunque sea circunstancial, puede cerrar puertas que tardaron años en abrirse.
La exigencia de los empresarios es simple pero urgente: que las autoridades trabajen con rapidez, que comuniquen sus hallazgos, que distingan claramente entre los criminales y los empresarios legítimos. Sin esa claridad, el daño al sector forestal boliviano seguirá acumulándose, mes tras mes, mientras los investigadores trabajan en silencio y la incertidumbre corroe la confianza en los mercados internacionales.
Citações Notáveis
La incertidumbre generada por la demora en estas actuaciones está ocasionando serias dificultades al sector forestal— Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué los empresarios forestales se sienten amenazados por un caso de narcotráfico que no es responsabilidad suya?
Porque en el comercio internacional, la reputación es todo. Cuando 108 toneladas de madera boliviana llegan a un puerto chileno con droga adentro, aunque sea culpa de criminales, el país entero queda marcado. Los compradores se vuelven cautelosos. Los puertos aumentan los controles. Los seguros suben. Un productor legal termina pagando el precio del delito de otro.
Pero ¿no es responsabilidad de las autoridades investigar y aclarar quién fue responsable?
Claro que sí. Y eso es exactamente lo que los empresarios están pidiendo. Pero la investigación lleva meses y el silencio es total. Nadie sabe qué encontraron, a quién responsabilizan, cuándo habrá conclusiones. Ese vacío de información es lo que daña.
¿Hay un patrón aquí? Mencionas otros casos que también desaparecieron de la vista pública.
Sí. Las narcomaletas, los bienes de Marset, ahora la narcomadera. Todos son casos grandes, todos involucran cantidades significativas de droga o dinero, y todos parecen evaporarse de la conversación pública después de las primeras noticias. Es como si Bolivia tuviera amnesia institucional.
¿Qué significa eso para la confianza en las instituciones?
Significa que la gente empieza a preguntarse si realmente se está investigando o si algo más está pasando detrás de escenas. Cuando un ministro tarda 40 días en admitir que tiene relojes de tres millones de dólares en una caja fuerte, la credibilidad se erosiona.
¿Y los empresarios? ¿Qué pueden hacer mientras esperan?
Poco. Pueden presionar públicamente, como están haciendo. Pueden diversificar mercados. Pero fundamentalmente están atrapados en un sistema que no les da claridad ni velocidad. El daño económico sigue acumulándose mientras esperan.