La pandilla no redujo homicidios, sino que desapareció los cadáveres
La acusación formal de 42 páginas, presentada en agosto 2022 pero divulgada recientemente, detalla reuniones secretas entre funcionarios salvadoreños y cabecillas de la MS-13 en penales y hospitales civiles. El Gobierno habría logrado reducción de homicidios para fortalecer popularidad, mientras la pandilla prometió ocultar cadáveres y ejercer influencia electoral a cambio de condiciones carcelarias menos restrictivas.
- Acusación de 42 páginas presentada en agosto 2022 contra 13 líderes de la MS-13
- 64.512 personas detenidas por presunta vinculación con pandillas desde marzo 2022
- Reuniones secretas en penales de Zacatecoluca e Izalco entre funcionarios de Bukele y cabecillas de la MS-13
- 12 solicitudes de extradición de líderes de la MS-13 rechazadas por el gobierno de Bukele entre 2021 y 2022
El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa al gabinete de seguridad de Nayib Bukele de negociar secretamente con líderes de la MS-13 para reducir homicidios a cambio de beneficios carcelarios y garantías contra extradición.
En agosto de 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó formalmente una acusación de 42 páginas contra 13 líderes de la Mara Salvatrucha en un tribunal de Nueva York. La acusación permaneció bajo el radar público durante meses, hasta que la captura de tres de los pandilleros acusados —quienes operaban desde México— llevó a que la noticia saliera a la luz hace poco. Lo que reveló ese documento fue explosivo: según la justicia estadounidense, el gabinete de seguridad del presidente Nayib Bukele había negociado en secreto con los cabecillas de la MS-13 para reducir los homicidios en El Salvador a cambio de beneficios carcelarios, modificaciones legales y garantías contra la extradición.
El contexto es crucial. Bukele ha construido su gobierno alrededor de una política de mano dura contra las pandillas. Desde que declaró el estado de excepción el 27 de marzo de 2022, El Salvador ha detenido a 64.512 personas acusadas de ser pandilleros. El viernes pasado, mientras la acusación estadounidense se hacía pública, Bukele ordenó el traslado de 2.000 reclusos a una megaprisión de nueva construcción llamada Centro de Confinamiento de Terroristas, diseñada para albergar a 40.000 prisioneros. Las imágenes de ese traslado —hombres esposados de pies y manos ingresando a sus celdas— circularon por el mundo. Bukele tuiteó que esta sería su "nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población". El país que años atrás tenía ciudades entre las más violentas del mundo ahora presumía de cifras de homicidios drásticamente reducidas.
Pero según el documento estadounidense, esa reducción de criminalidad no fue producto únicamente de la represión. Desde 2019, cuando Bukele asumió la presidencia, su gabinete de seguridad había estado negociando con los jefes de la MS-13. Los líderes de la pandilla —entre ellos Borromeo Enrique Henríquez, alias "Diablito de Hollywood"; Elmer Canales Rivera, alias "Ladrón de Hollywood"; y Carlos Tiberino Ramírez Valladares, alias "Snyder de Pasadena"— se reunieron en secreto con funcionarios del gobierno en los penales de Zacatecoluca e Izalco, así como en otros lugares. Entre los funcionarios mencionados estaban Osiris Luna, director de Centros Penales, y Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social.
Las reuniones fueron organizadas de manera sofisticada. Pandilleros en libertad entraban a las cárceles con el rostro y brazos cubiertos para ocultar sus identidades y tatuajes. Se les entregaban credenciales falsas que los identificaban como oficiales de inteligencia, y eran escoltados por custodios de la Dirección de Centros Penales. Los líderes encarcelados fueron incluso trasladados a hospitales civiles bajo pretexto de tratamientos médicos falsos, lo que les permitía comunicarse con la "Ranfla de las Calles", el liderazgo de la MS-13 fuera de las prisiones.
El acuerdo, según la acusación, fue transaccional. El gobierno de Bukele logró una drástica reducción de homicidios que fortaleció su popularidad política. La pandilla, a cambio, negoció beneficios financieros, control de territorios, condiciones carcelarias menos restrictivas y mejor comunicación entre sus líderes. Pero aquí está el detalle que la acusación subraya: la MS-13 no redujo realmente los homicidios. Lo que hizo fue desaparecer los cadáveres de sus víctimas. Además, la pandilla se comprometió a ejercer su influencia entre sus miembros, familiares y habitantes de las comunidades que controlaba para garantizar el triunfo del partido de Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones de alcaldes y diputados de febrero de 2021.
Otro aspecto del pacto fue la garantía de que los líderes de la MS-13 no serían extraditados a Estados Unidos. Entre 2021 y 2022, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó la extradición de 12 miembros de la cúpula de la pandilla. Bukele no accedió a ninguna de esas peticiones. Un caso particularmente revelador es el de Elmer Canales Rivera, alias "El Crook". Fue capturado en El Salvador en febrero de 2021. Cuatro meses después, Estados Unidos pidió su extradición. Sin embargo, el gobierno de Bukele lo liberó de la custodia, a pesar de la Notificación Roja de INTERPOL y la solicitud pendiente. En mayo de 2022, el medio salvadoreño El Faro publicó audios en los que Carlos Marroquín, el director de Reconstrucción del Tejido Social, admitía haber sacado a Crook de la cárcel y haberlo dejado en Guatemala para demostrar "lealtad y confianza" a la pandilla.
La revelación estadounidense no es nueva en El Salvador. El Faro había reportado sobre el pacto desde 2020, y la Fiscalía salvadoreña estaba investigando la relación entre Bukele y las pandillas, una conexión que se remontaba a 2015 cuando él era alcalde de San Salvador. Sin embargo, cuando el partido de Bukele, Nuevas Ideas, tomó control de la Asamblea Legislativa, destituyeron al fiscal que llevaba la investigación. Ahora, con el gobierno controlando la Fiscalía, no hay nuevas investigaciones sobre lo revelado por Estados Unidos.
Bukele no ha comentado públicamente sobre la acusación estadounidense. En el pasado, cuando El Faro publicó sus investigaciones, Bukele las descartó como "una de las notas más ridículas que he visto" e insistió que se trataba de "información falsa". Lo que viene ahora es incierto: si habrá acciones judiciales contra los funcionarios nombrados, si enfrentarán solicitudes de extradición, y cómo reaccionará un gobierno que ha construido su legitimidad sobre la promesa de acabar con las pandillas.
Citações Notáveis
Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población— Nayib Bukele, en Twitter, sobre el traslado de pandilleros a la megaprisión
La acusación estadounidense confirma la información que ya se tenía en El Salvador generada por el periodismo de investigación: la baja de homicidios era consecuencia de algún entendimiento entre el Gobierno de Nayib Bukele y las pandillas— Eduardo Escobar, abogado y director de Acción Ciudadana
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué tardó tanto en hacerse pública una acusación presentada en agosto de 2022?
La acusación se mantuvo bajo el radar hasta que capturaron a tres de los pandilleros acusados que operaban desde México. Eso fue lo que obligó a que saliera a la luz. Es como si el documento hubiera estado esperando el momento en que la realidad lo alcanzara.
¿Qué tan específicos son los detalles sobre cómo funcionaba el pacto?
Muy específicos. El documento describe reuniones en penales, pandilleros entrando con el rostro cubierto, credenciales falsas de inteligencia, traslados a hospitales civiles. No es vago. Es un sistema organizado.
Pero si la MS-13 no redujo realmente los homicidios, ¿cómo Bukele logró mostrar esos números bajos?
Eso es lo crucial. La acusación dice que la pandilla no redujo homicidios, sino que desapareció los cadáveres. Es decir, los crímenes seguían ocurriendo, pero no se contabilizaban. El gobierno obtenía las cifras que necesitaba para su popularidad.
¿Qué pasa ahora con los funcionarios nombrados en la acusación?
Eso es lo que nadie sabe todavía. Podrían ser imputados, cómplices, testigos. La pregunta real es si el gobierno de Bukele va a permitir extradiciones o si va a proteger a sus propios funcionarios.
¿Por qué el gobierno de Bukele rechazó todas las solicitudes de extradición de líderes de la MS-13?
Porque eran parte del acuerdo. La garantía de no extradición era el precio que la pandilla pedía a cambio de cooperar. Liberaron incluso a pandilleros que ya estaban capturados, como El Crook, para demostrar que cumplían su palabra.
¿Cómo reacciona la población salvadoreña a esto?
Es complicado. Algunos creen en las denuncias desde hace años. Otros las descartaban como invención de la oposición. Ahora que viene de Estados Unidos, es más difícil ignorarlo. Pero hay gente que podría pensar: "Está mal que hayan pactado, pero al menos resolvieron el problema de la criminalidad".