El único denominador común es que Villarejo está acusado en ambos procedimientos
En los pasillos de la Audiencia Nacional, el juicio Kitchen abrió su primera sesión no con pruebas, sino con una pregunta más profunda: ¿quién debe responder y ante qué tribunal? El PSOE, actuando como acusación popular, pidió detener el proceso para reabrir una investigación ya archivada contra María Dolores de Cospedal, apoyándose en audios que, según sostiene, revelan una conexión política en la trama de espionaje contra el extesorero del PP Luis Bárcenas. La justicia, una vez más, se enfrenta a la tensión entre lo que ya fue resuelto y lo que algunos consideran pendiente de verdad.
- El PSOE irrumpió en la primera sesión del juicio Kitchen con una petición disruptiva: suspender el proceso y reinvestigar a Cospedal, desafiando un archivo judicial ya confirmado por la propia Audiencia Nacional.
- Tres audios de 2013, hallados por la Policía Judicial, son el corazón de la ofensiva socialista: en ellos, Cospedal supuestamente ordenó a Villarejo frenar la publicación de los papeles de Bárcenas sobre la contabilidad secreta del PP.
- La acusación popular fue más lejos al afirmar que Mariano Rajoy informó personalmente a Cospedal del 'éxito' en la destrucción de pruebas, y pidió al tribunal que implicara al PP como beneficiario o responsable civil.
- El exministro Fernández Díaz, sentado en el banquillo, también cuestionó el juicio, pero desde el ángulo opuesto: su defensa niega la conexión entre Kitchen y el caso Tándem, y denuncia vulneración de derechos fundamentales por el prolongado secreto de sumario.
- El tribunal presidido por Teresa Palacios debe resolver estas cuestiones previas antes de la fase testifical, aunque una Sala anterior ya cerró la puerta a juzgar a Cospedal por falta de indicios, incluso con los nuevos audios sobre la mesa.
La primera sesión del juicio Kitchen no comenzó con declaraciones ni pruebas, sino con una petición que lo paralizaba todo antes de empezar. Gloria de Pascual, abogada del PSOE como acusación popular, solicitó anular el auto de apertura del juicio oral y reabrir la investigación contra María Dolores de Cospedal y su exmarido, a pesar de que el juez instructor Manuel García Castellón ya había archivado esa línea y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo había avalado.
El argumento central descansaba en tres audios de 2013 hallados por la Policía Judicial, en los que Cospedal habría ordenado al comisario jubilado José Manuel Villarejo —principal acusado del juicio— que impidiera la publicación de las «libretitas» de Bárcenas, los documentos sobre la contabilidad secreta del PP. Pascual sostuvo además que Mariano Rajoy habría informado directamente a Cospedal del «éxito» en la destrucción de pruebas, y pidió que el PP fuera llamado al proceso como partícipe a título lucrativo o como responsable civil subsidiario.
Sin embargo, la petición choca con un muro jurídico: otra Sala de la Audiencia Nacional ya confirmó que Cospedal no sería juzgada por falta de indicios, incluso después de que esos mismos audios se incorporaran a la causa.
Desde el otro extremo del banquillo, Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, también pidió la nulidad parcial del auto de apertura, pero por razones opuestas. Su defensa argumentó que el asalto al domicilio de Bárcenas en 2013 no estaba directamente vinculado a la operación Kitchen, cuestionó la competencia de la Audiencia Nacional y denunció que su cliente sufrió una vulneración de derechos fundamentales por el secreto de sumario mantenido durante más de dos años.
El tribunal debe resolver estas cuestiones previas antes de que arranque la fase testifical prevista para la próxima semana. Lo que decida no solo afectará a quién se sienta en el banquillo, sino al alcance mismo de lo que la justicia española está dispuesta a juzgar.
En la primera sesión del juicio de Kitchen, la defensa del PSOE pidió algo inusual: detener todo y volver atrás. Gloria de Pascual, abogada de los socialistas que actúan como acusación popular, argumentó que hay suficientes indicios para imputar a María Dolores de Cospedal y a su exmarido, a pesar de que un juez ya había archivado la investigación contra ellos años atrás.
La petición se produjo durante las cuestiones previas, antes de que comenzara la fase de pruebas. Pascual solicitó la anulación del auto que abrió el juicio oral, pidiendo que se reabriera la línea de investigación que había sido sobreseída. Cospedal y su expareja fueron imputados brevemente en 2021, pero el juez instructor Manuel García Castellón archivó la causa, decisión que fue avalada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ahora, la defensa socialista insistía en que debía profundizarse en la «conexión política» de la supuesta trama y que debería haber «otras personas» implicadas.
La base de esta petición eran tres archivos de audio que la Policía Judicial había encontrado, entre los que figuraban llamadas telefónicas entre Cospedal y José Manuel Villarejo, el comisario jubilado que es el principal acusado en el juicio por dirigir la operación parapolicial de espionaje contra Luis Bárcenas, extesorero del PP. En esos audios de 2013, según la defensa socialista, Cospedal le habría ordenado a Villarejo que parara la publicación de las «libretitas» de Bárcenas, refiriéndose a sus papeles sobre la contabilidad secreta del partido.
Pascual fue más allá en sus argumentos. Sostuvo que Cospedal «fue informada directamente por el entonces presidente del Gobierno», Mariano Rajoy, del «éxito de la operación de destrucción de pruebas». También pidió al tribunal, presidido por Teresa Palacios, que llamara al PP como partícipe a título lucrativo, argumentando que era beneficiario de la actividad que se juzgaba, o que lo trajera como responsable civil subsidiario.
Sin embargo, la posición de la defensa socialista enfrenta un obstáculo importante: otra Sala de la Audiencia Nacional ya había confirmado que Cospedal y su marido no serían juzgados por falta de indicios, incluso después de que estos nuevos audios se incorporaran a la causa. Esa decisión anterior parece cerrar la puerta a lo que ahora pide el PSOE.
Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior y acusado en el banquillo, también pidió la nulidad parcial del auto de apertura del juicio, pero por razones completamente distintas. Su abogado argumentó que no hay indicios de que el asalto al domicilio de Bárcenas en 2013 estuviera «directamente relacionado con la operación Kitchen» y pidió que se investigara por separado. Además, cuestionó la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos, alegando que no hay conexión real entre el caso Tándem, que investiga una presunta red de corrupción en torno a Villarejo, y Kitchen, que sería un operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior para obtener información comprometedora sobre dirigentes del PP.
El abogado de Fernández Díaz fue explícito: «El único denominador común que hay es que el señor Villarejo ha estado y está investigado y acusado en ambos procedimientos judicales. Absolutamente nada más». También denunció que su cliente había sufrido una «vulneración de los derechos fundamentales» por el mantenimiento del secreto en la causa durante dos años y seis meses.
El tribunal debe resolver estas peticiones antes de que comience la fase testifical, prevista para la próxima semana. Las decisiones que tome sobre estas cuestiones previas determinarán no solo quién se sienta en el banquillo, sino también el alcance mismo de lo que se juzgará.
Citas Notables
Considero que tiene que haber aquí otras personas— Gloria de Pascual, abogada del PSOE
El único denominador común que hay es que el señor Villarejo ha estado y está investigado y acusado en ambos procedimientos judicales. Absolutamente nada más— Abogado de Jorge Fernández Díaz
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué el PSOE pide ahora suspender el juicio si ya hay una decisión anterior que archivó la investigación contra Cospedal?
Porque encontraron audios nuevos. Llamadas de 2013 donde Cospedal aparentemente ordena a Villarejo que detenga la publicación de los papeles de Bárcenas. Para el PSOE, eso es prueba de que ella estaba dentro de la trama.
Pero si otra Sala ya dijo que no hay indicios suficientes, ¿qué cambia ahora?
Formalmente, casi nada. Esa decisión anterior es un obstáculo importante. Pero la defensa socialista argumenta que estos audios son nuevos, que no estaban antes, que demuestran una conexión política que el juez instructor no vio.
¿Y Fernández Díaz qué quiere?
Lo opuesto. Dice que Kitchen y el caso Tándem no tienen nada que ver, que Villarejo es el único hilo que los une. Quiere que se juzguen por separado, que la Audiencia Nacional no tiene competencia.
¿Eso significa que podría quedar libre?
No necesariamente. Significa que busca debilitar la acusación cuestionando si el tribunal tiene derecho a juzgarlo por esto. Es una estrategia de defensa común: si logra que se anule el juicio, gana tiempo, crea dudas.
¿Quién decide todo esto?
El tribunal de Teresa Palacios. Tiene que resolver estas cuestiones previas antes de que empiecen a declarar los testigos la próxima semana. Sus decisiones van a definir qué caso se juzga realmente.