Que no me he inventado nada
Durante casi tres décadas, una mujer en Mallorca soportó en silencio lo que las instituciones tardaron años en reconocer: el abuso sistemático de sacerdotes que mezclaban lo sagrado con la violencia. El obispado de Mallorca emitió su sentencia contra el párroco Julià Cifre Vanrell apenas una semana después de que la prensa publicara el caso, casi tres años después de la denuncia original, revelando cómo la presión mediática puede mover lo que los procesos canónicos dejan inmóvil. El fallo —que prohíbe al cura celebrar misa pública durante tres años pero no lo expulsa del sacerdocio— plantea preguntas antiguas sobre la distancia entre el reconocimiento institucional y la justicia verdadera.
- Una mujer denunció en 2020 abusos sexuales que comenzaron en 1994 y se extendieron 26 años, pero el obispado no actuó hasta que la prensa publicó el caso en julio de 2023.
- La víctima también acusa a dos jesuitas por abusos simultáneos durante tres décadas; dos años después de su denuncia, uno de esos casos sigue sin resolverse.
- El Papa estableció en 2019 que las investigaciones canónicas no deben superar 90 días, pero el proceso en Mallorca se prolongó casi tres años, contradiciendo directamente esa norma.
- La sentencia prohíbe al sacerdote oficiar misa pública durante tres años y le ordena escribir una carta de disculpas, pero no lo expulsa del clero, lo que la víctima y observadores consideran una respuesta insuficiente.
- Tras la cobertura mediática del caso de uno de los jesuitas denunciados, la orden recibió dos nuevos testimonios de posibles abusos del mismo sacerdote, sugiriendo un patrón más amplio.
El obispado de Mallorca tardó casi tres años en responder a la denuncia que una mujer presentó en septiembre de 2020 contra el sacerdote Julià Cifre Vanrell, quien la había abusado sexualmente durante 26 años. La sentencia llegó el martes pasado, apenas una semana después de que el caso apareciera en prensa, incluido en un informe de abusos entregado a la Iglesia y al Defensor del Pueblo. El tribunal canónico le prohibió celebrar la eucaristía en público durante tres años, le ordenó escribir una carta de disculpas y le exhortó a una vida de retiro y penitencia, además de imponerle una compensación económica.
La cronología contradice la norma papal de 2019 que establece un máximo de 90 días para estas investigaciones. El obispado reconoció el retraso pero atribuyó la demora a factores externos, negando que la publicación en prensa hubiera influido. Sin embargo, nada se movió hasta que el caso se hizo público.
La historia de esta mujer es aún más grave porque Cifre no fue el único agresor. Denunció también a dos jesuitas —Fernando Meseguer Ruiz y Luis Añorbe Sádaba— por abusos que comenzaron cuando ella tenía 15 y 18 años respectivamente, y que se prolongaron durante tres décadas. Dos años después de esas denuncias, el caso de Meseguer permanece en investigación, aunque la Compañía de Jesús confirmó que mantiene medidas cautelares contra él. Tras la cobertura mediática, la orden recibió dos nuevos testimonios de posibles abusos del mismo sacerdote.
Los abusos de Cifre comenzaron en 1994, cuando la víctima tenía 24 años y él era un amigo de la familia de toda la vida. Durante más de dos décadas, el daño fue documentado en tratamientos psiquiátricos, psicológicos y terapéuticos que ella costeó de su bolsillo, con gastos de entre 1.500 y 2.460 euros mensuales. El tribunal no expulsó a Cifre del sacerdocio, argumentando que los hechos no eran equiparables al abuso de menores. Para la víctima, lo más importante fue el reconocimiento: que le creyeron, que no se había inventado nada. Pero la justicia, fragmentaria e incompleta, sigue siendo una promesa a medias.
El obispado de Mallorca tardó casi tres años en reconocer lo que una mujer llevaba denunciando desde septiembre de 2020: que un sacerdote diocesano llamado Julià Cifre Vanrell la había abusado sexualmente durante 26 años. La sentencia llegó el martes pasado, apenas una semana después de que el caso saliera a la luz en la prensa, incluido en el cuarto informe de abusos de El País que fue entregado a la Iglesia y al Defensor del Pueblo en junio. El tribunal canónico de la diócesis impuso al cura la prohibición de celebrar la eucaristía en público durante tres años, le ordenó escribir una carta de disculpas a la víctima y le exhortó a llevar una vida de retiro, oración y penitencia. También se le condenó al pago de una compensación económica.
La demora en la sentencia contradice directamente una orden papal de 2019. El Papa estableció en el documento Vos est lux mundi que las investigaciones de abusos no debían exceder 90 días. El obispado de Mallorca reconoció que el proceso se alargó más de lo debido, aunque argumentó que factores ajenos a la institución fueron responsables y que la publicación en prensa no influyó en la resolución. Sin embargo, la cronología sugiere lo contrario: nada se movió hasta que el caso se hizo público.
La historia de esta mujer es particularmente grave porque no sufrió abusos de un solo sacerdote. Denunció simultáneamente a otros dos jesuitas: Fernando Meseguer Ruiz y Luis Añorbe Sádaba. Según su relato, fue abusada por estos tres hombres durante tres décadas. En el caso de Meseguer, los abusos comenzaron cuando ella tenía 15 años, en la Congregación Mariana del colegio Montesión de Palma de Mallorca, y se prolongaron hasta los 51. Con Añorbe, comenzaron a los 18 años y duraron hasta la misma edad. Dos años después de denunciar a los jesuitas en abril de 2021, la mujer aún no ha recibido respuesta de la orden sobre estas acusaciones. La Compañía de Jesús confirmó que el proceso canónico contra Añorbe se cerró en 2022 con medidas cautelares que incluyen restricción de movilidad y prohibición de actividades con menores y adultos, pero el caso de Meseguer permanece en investigación.
Cifre fue párroco en varios municipios de Mallorca: Bunyola, Palma, Palmanova, Santa Ponsa y Paguera. La víctima describe los abusos con precisión devastadora. Comenzaron en 1994, cuando ella tenía 24 años y acababa de independizarse de sus padres. Conocía a Cifre desde la infancia porque era amigo de la familia. Durante 26 años, según su testimonio, él la tocaba, la obligaba a tocarlo, la besaba de manera obsesiva y abusaba de ella incluso cuando estaba hospitalizada, momento en el que acudía a visitarla, rezaba con ella, le daba la comunión y luego levantaba su camisón para abusar sexualmente. El daño físico y psíquico fue documentado: medicación psiquiátrica, sesiones con psicólogos, terapias manuales y musicoterapia que ella pagó de su bolsillo durante 26 años, con un costo promedio de entre 1.500 y 2.460 euros mensuales.
El tribunal canónico no expulsó a Cifre del sacerdocio. La diócesis argumentó que, como los hechos no eran equiparables al abuso de menores o personas con capacidades limitadas, la pena máxima de privación del estado clerical no era procedente. La sentencia se limitó a prohibirle celebrar misa públicamente durante tres años. Cuando se reunió con el tribunal eclesiástico después de conocer la sentencia, la víctima describió el encuentro como positivo. El vicario episcopal, padre Nadal Bernat, le creyó desde el principio y actuó como fiscal de manera excelente, según su relato. Lo más importante para ella fue el reconocimiento: que lo que había dicho era verdad, que no se había inventado nada.
El caso de Meseguer reveló un patrón inquietante. Después de que su denuncia saliera a la luz en prensa, los jesuitas recibieron dos correos electrónicos más de personas que reportaban conducta impropia y posibles abusos del mismo sacerdote. Meseguer trabajó en el colegio jesuita de El Salvador en Zaragoza en dos períodos distintos (1977-1981 y 1990-2007), en el noviciado de la capital aragonesa (1984-1985) y en el colegio jesuita de Oviedo (2016-2021). Los jesuitas confirmaron que mantienen en vigor las medidas cautelares contra él y que vive en una comunidad jesuita bajo supervisión mientras esperan la resolución del dicasterio para la Doctrina de la Fe.
El caso ilustra cómo la publicidad de los abusos en medios de comunicación genera un efecto acelerador en las instituciones eclesiásticas. Tres años de inacción se resolvieron en una semana después de que la prensa cubriera la historia. También expone las limitaciones de la justicia canónica: un sacerdote puede ser condenado por abusos sexuales prolongados y seguir siendo sacerdote, simplemente prohibido de ejercer públicamente. Para una víctima que sufrió abusos de tres sacerdotes durante tres décadas, la justicia institucional sigue siendo fragmentaria e incompleta.
Citas Notables
La reunión fue genial. El padre Nadal Bernat creyó en mí desde el principio y como fiscal ha sido excelente.— La víctima, sobre su encuentro con el tribunal eclesiástico
Siempre lo he pagado todo yo, pensando que se lo quitaba a mi familia, pero también intentando evitar mi suicidio— La víctima, sobre los gastos en tratamiento psiquiátrico y terapias durante 26 años
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué tardó casi tres años en llegar una sentencia que el Papa ordenó que durara máximo 90 días?
La diócesis dice que factores ajenos a ella causaron el retraso, pero la realidad es que nada se movió hasta que el caso salió en prensa. Entonces, de repente, en una semana tuvieron sentencia.
¿Qué significa que el cura no fue expulsado del sacerdocio?
Que sigue siendo sacerdote. Solo le prohibieron celebrar misa en público durante tres años. La diócesis argumentó que como la víctima era adulta, no aplicaba la pena máxima. Pero ella sufrió abusos durante 26 años.
¿Y los otros dos jesuitas que también la abusaron?
Lleva dos años sin respuesta sobre ellos. Uno tiene medidas cautelares desde 2022, pero el otro sigue en investigación. Cuando su caso salió en prensa, aparecieron dos denuncias más contra ese mismo jesuita en otra ciudad.
¿Qué fue lo más importante para ella de esta sentencia?
Que le creyeran. Que reconocieran que lo que decía era verdad, que no se lo había inventado. Después de 26 años de abusos y dos años esperando respuesta, el reconocimiento fue lo que más le importó.
¿Cuánto dinero le dieron como compensación?
Aún no está claro. Ella presentó sus gastos en tratamiento psiquiátrico, psicología y terapias que pagó de su bolsillo durante 26 años, unos 1.500 a 2.460 euros mensuales en promedio. Pero insiste en que nunca actuó por dinero.
¿Qué pasa ahora con los jesuitas?
Siguen investigando. Pero el patrón es claro: mientras no hay publicidad, no hay movimiento. Cuando salió en prensa el caso de Mallorca, aparecieron dos denuncias más contra uno de ellos en Zaragoza.